El Gobierno nacional emitió una serie de mensajes confusos y contradictorios respecto de probables cortes de luz en el verano. La situación fue aprovechada por exfuncionarios para destacar que, si ello ocurriera, sería entera responsabilidad de la actual administración.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que la Secretaría de Energía estaba trabajando en un calendario de interrupciones del servicio para los meses con temperaturas máximas.
Pero luego el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, aseguró lo contrario. Sostuvo que el Gobierno no planifica cortes para los usuarios residenciales durante el verano. Lo que sí estaría por lanzar es un incentivo a la reducción voluntaria del consumo por parte de grandes empresas, a las que se les ofrecería una compensación económica si disminuyesen su demanda de energía en los meses más críticos.
En ese contexto, Francos se desdijo y aclaró que no habría cortes para los consumidores residenciales. A propósito, no es la primera vez que el jefe de Gabinete tiene que desdecirse porque algún funcionario de menor rango niega sus dichos. Ya le ocurrió tras afirmar en el Congreso de Nación que el Gobierno estaba abierto a revisar las restricciones al acceso a la información pública que se habían dispuesto por medio de un decreto. Entonces, el asesor presidencial Santiago Caputo lo contradijo.
A pesar de todo, hay una coincidencia tan básica como preocupante: habrá cortes de luz que afectarán la producción industrial. ¿Cómo será factible una reversión de la actual recesión económica si las empresas deberán producir por debajo de su capacidad instalada?
Tal vez encontremos la respuesta si invertimos los términos del interrogante: de manera implícita, el Gobierno admite que por la recesión hay mucho stock acumulado; como es imposible que se revierta de inmediato, cree que se puede frenar el ritmo productivo en los próximos meses para atravesar sin mayores complicaciones el déficit energético que viviremos cuando aumente la demanda domiciliaria.
Porque al país le va a faltar energía, una vez más. En esta ocasión, según exfuncionarios, porque el Gobierno nacional canceló en julio pasado una serie de obras de generación eléctrica. Obras, que en realidad, deberían haberse realizado mucho tiempo antes.
La exsecretaria de Energía y Minería, Flavia Royón, explicó que se dio de baja una licitación “porque la nueva administración entiende que tenía involucrados contratos a largo plazo y quieren modificar el sistema”, pero “no presentaron un plan alternativo”. El extitular de Enarsa, Agustín Gerez, detalló que el plan incluía la construcción de obras que permitirían dirigir un mayor flujo de energía a las zonas críticas.
Desde la mirada de la gestión anterior, algunas de esas obras podrían haber entrado en funcionamiento este mismo año si se hubiese actuado con eficiencia y celeridad. Valores que, según la actual gestión, brillaron por su ausencia en los últimos años y explican el descalabro que sigue reinando en el sector energético.
Más allá de la polémica, está claro que sin obras no aumentará la producción energética. Por lo tanto, la única solución posible cada vez que aumente el consumo seguirá siendo, contra toda lógica, que alguien se quede sin electricidad. El tema demuestra que hay cuestiones de las que el Estado no puede desentenderse. Y que están más allá de ideologías.
