Los informes oficiales que se difunden de manera periódica sobre donación de órganos no dejan de ser alentadores, y por ello se inscriben entre las módicas buenas noticias que nos acompañan en estos tiempos de ajustes y de pendencias políticas.
Semanas atrás dimos cuenta del incremento de donantes de órganos y tejidos a escala nacional y de las consecuentes intervenciones de los equipos médicos, que permitieron salvar muchas vidas.
Se trata de una progresión auspiciosa, que ahora cobra trascendencia en virtud de una información que bien vale poner en valor: durante los últimos cuatro años, la cifra de donantes de órganos y tejidos en el ámbito del hospital municipal de Urgencias de la ciudad de Córdoba creció un 66%.
Conforme a estadísticas elaboradas por la Secretaría de Salud de la Municipalidad capitalina, en 2023 se reportaron 20 voluntarios, en tanto que en 2020 hubo sólo 12.
Otro factor distintivo que alienta las esperanzas está asociado a que en el referido período se insinuó un crecimiento en la procuración de tejidos, como córneas y huesos, lo cual posibilitó que el año pasado se concretaran 22 de estas intervenciones.
Tal como detallamos en un informe días atrás, además del Hospital de Urgencias, se escalonan, en materia de procedimientos científicos de esta naturaleza el hospital de Río Cuarto; el San Roque, en la Capital, y varias instituciones médicas privadas de la provincia.
Sería injusto omitir la tarea y la entrega de los equipos de salud que operan en las distintas etapas de un procedimiento humanitario y, a la vez, de sensibilidad en casos de donantes que fallecieron.
Como razona Mariano Marino, director del Hospital de Urgencias, son intervenciones llevadas adelante por grandes profesionales, que debieron vencer cuestiones técnicas y de orden institucional y social, más aún en épocas en que la procuración de órganos era desconocida para la sociedad.
Siempre es de utilidad recordar que la ley N° 27.447 dispone que “toda persona capaz mayor de 18 años” es posible donante de órganos o tejidos, salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario. Es decir, antes de realizar una ablación, los médicos deberán corroborar si el donante, en vida, informó su negativa, algo que se puede hacer a través del Incucai, del Renafer y de los registros civiles, entre otros organismos habilitados.
También es pertinente poner en foco que la citada normativa nacional tomó el nombre de “ley Justina” por Justina Lo Cane, la nena de 12 años que en noviembre de 2017 murió en la ciudad de Buenos Aires mientras aguardaba un trasplante de corazón.
Ese episodio desgarrador, sin embargo, despertó la conciencia ciudadana sobre la necesidad de involucrarse en la acción personalísima y solidaria de donar órganos a pacientes que padecen patologías terminales. Hoy las listas de espera para una intervención suman centenares de personas.
El Hospital de Urgencias cordobés es un caso testigo de un progreso científico que se refleja en todo el país.
