La crisis económica ha puesto al mercado inmobiliario en estado de incertidumbre. La inestabilidad se suma al déficit habitacional que los gobiernos de orden nacional y de las provincias no lograron remediar al cabo de décadas. Y los efectos se sienten con mayor impacto en los alquileres de viviendas.
En ese universo de gestiones contractuales, de ajustes monetarios disparatados y de leyes cuya aprobación depende de las ganas de trabajar de los representantes del pueblo en el Congreso nacional, los inquilinos viven situaciones exasperantes.
Son, en muchos casos, parejas jóvenes con uno o dos hijos, como también familias numerosas a quienes la ola de la crisis los arrastró de la clase media para depositarlos en un entorno de vulnerabilidad que no les permite afrontar el pago de un alquiler.
No se trata de desmerecer los lógicos intereses comerciales de los propietarios. La ley actual desalienta que estos coloquen sus viviendas en el mercado, con ajustes de precios anuales, en un contexto de altísima inflación y con contratos con tres años de vigencia como mínimo. También es cierto que algunos valores que se fijan para superar estas restricciones asustan, lo que lleva a preguntarse si aun con la sanción de un marco regulatorio nacional se zanjará la cuestión.
Como dimos cuenta en un informe publicado días atrás, el alquiler de una vivienda básica en la ciudad de Córdoba pueda llegar a costar entre 140 mil y 300 mil pesos, mientras los últimos indicadores del Indec ubica en el decil “más rico” de la población a quienes ganan más de 280 mil pesos por mes.
Huelga señalar que muchos asalariados de la actividad privada o estatal no soportan semejante ajuste cuando llega la hora fatídica de la renovación del contrato.
Como en toda transacción en tiempos de vacas flacas y de un Estado que no reacciona frente a la crisis habitacional, lo más sensato y saludable sería arribar a consensos en el marco de las tratativas entre propietarios, inquilinos e inmobiliarias.
Como señala el informe periodístico, en un departamento de un dormitorio en el centro de la ciudad de Córdoba el incremento de la renta puede orillar hasta el 200 por ciento. No hay sentido común que nos diga que tamaña imposición pecuniaria puede encajar en el presupuesto de una familia de moderados ingresos, con un mercado distorsionado por una ley que parece hecha para un país sin inflación y que es necesario modificar lo antes posible.
El problema se agrava por la escasa oferta de unidades habitacionales para alquilar, lo cual genera mayor preocupación en esa franja de la población que no tiene otra alternativa que someterse al arrendamiento eterno y caer en manos deespeculadores.
La crisis habitacional es uno de los principales problemas que arrastra la Argentina. Proyecto edilicios destinados a las clase menos favorecidas quedaron enredados en promesas electorales o solapados en resonantes casos de corrupción administrativa de los que se ha dado suficiente cuenta.
La situación de los inquilinos, y también de muchos propietarios, amerita urgentes medidas de parte del Estado y de los operadores del rubro en bien de encaminar un servicio esencial.
