Según datos de las Naciones Unidas, en el mundo hay más de mil millones de personas que viven con alguna forma de discapacidad. Y se prevé un aumento en los próximos años. En nuestro país, debido a que en el último censo no se tuvo en cuenta la perspectiva de discapacidad, esa cifra es calculada en aproximadamente seis millones, de los cuales sólo un millón y medio cuenta con certificado único de discapacidad, un documento que es de trascendental importancia, ya que da acceso a los derechos que les asiste.
Para lograr que todas las personas con discapacidad cuenten con este documento, es indispensable crear una mayor cantidad de juntas evaluadoras, para desburocratizar el trámite y que todos aquellos que tengan alguna discapacidad puedan acceder fácilmente a ejercer sus derechos.
En 2006, Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, primer tratado de DDHH de este siglo. Nuestro país adhirió a este mediante la ley 26.378, con jerarquía constitucional según la ley 27.044.
Desde que entró en vigencia la Convención, la atención fue puesta en combatir la discriminación y promover el respeto y la dignidad inherente de las personas con discapacidad.
En nuestro país, el órgano de gobierno que rige lo concerniente a la materia es la Agencia Nacional de Discapacidad, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
La legislación vigente en nuestro país es el Sistema de Protección Integral de los Discapacitados, decreto/ley 22.431, que fue sancionada por la dictadura militar en 1981 y que está cuestionada por Naciones Unidas, que solicita una armonización de la legislación vigente y que dicha armonización contemple los 50 artículos de la Convención y su protocolo facultativo, sancionado por las Naciones Unidas.
Es imprescindible la aprobación de una nueva ley que elimine barreras para una buena integración con toda la comunidad y que se universalicen todos sus derechos.
El comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dependiente de las Naciones Unidas, que está compuesto por expertos independientes, supervisa a los miembros firmantes (países), los que están obligados a presentar informes periódicos ante dicho comité que, como se señaló, promueve recomendaciones a los organismos gubernamentales.
Además, las organizaciones no gubernamentales elaboran el denominado “informe sombra”, que también es presentado ante dicho comité de las Naciones Unidas. En este se denuncia la falta de cumplimiento a lo establecido en la Convención.
Este año, sobre la base de datos del gobierno como los del referido informe sombra, el Comité que se reunió en Ginebra hizo varias recomendaciones en las que queda de manifiesto la vulnerabilidad de las personas con discapacidad en nuestro país.
En el informe elaborado por la comisión hay una recomendación que trae discrepancia. Se trata de la referida a la ley 26.816 del Régimen Federal de Empleo Protegido, ya que recomienda al Estado su derogación y promover las adecuaciones necesarias para que las personas con discapacidad se incorporen al trabajo abierto, público o privado, con igual remuneración por un trabajo de igual valor, en un entorno laboral inclusivo, medida que seguramente es muy buena pero que en Argentina puede generar el efecto contrario, si tenemos en cuenta nuestra idiosincrasia y situación económica,.
La Federación de Talleres Protegidos expresó su preocupación ante tal recomendación, en consideración a que se pierden derechos adquiridos luego de años de dura lucha, tales como el acceso a una jubilación y el seguro de riesgo de trabajo, entre otros.
La escasa inclusión laboral del cupo del 4% para las personas con discapacidad en el sector público y en empresas privadas concesionarias de servicios públicos (ley 22.431), la falta de accesibilidad física y comunicacional y de ajustes razonables y apoyos para las personas con discapacidad en ambientes laborales del sector público y privado, más la escasa o nula formación para el mundo laboral actual y los altos niveles de desempleo vigentes en nuestro país, representan un combo que va a perjudicar a las personas con discapacidad que se desempeñan en los talleres protegidos.
Por otra parte, hace unos días, se realizó en Ushuaia la 94ª Asamblea del Consejo Federal de Discapacidad (Cofedis), con eje central en la educación inclusiva.
Sobre este tema en particular, también el Comité realizó una larga serie de recomendaciones que fueron materia de discusión en el Cofedis.
Es de suma importancia que la UCR exprese una postura consistente respecto de una política de Estado que aborde con firmeza los derechos de las personas con discapacidad expresados en la Convención y en nuestra propia legislación.
* Exsecretario de Gobierno; concejal; con colaboración del equipo interdisciplinario de Movilización Partidaria
