Como vicegobernadora de Córdoba y, sobre todo, como ciudadana, no puedo mirar para otro lado frente a una decisión que pone en discusión algo tan sensible como la seguridad de los cordobeses.
En los últimos días, el Tribunal de Cuentas rechazó una operación vinculada a la compra de drones destinados a tareas de seguridad. Se trata de una polémica que excede lo técnico y que nos obliga a una reflexión más profunda: no todo está permitido cuando está en juego el interés público, y mucho menos cuando se trata de cuidar a nuestra gente.
El sistema institucional de Córdoba es claro.
El Poder Ejecutivo gobierna, gestiona y ejecuta políticas públicas. Tiene la responsabilidad de tomar decisiones, planificar inversiones y responder a las demandas sociales.
El Tribunal de Cuentas, en cambio, no gobierna ni ejecuta: controla, audita, revisa la legalidad y la razonabilidad del uso de los recursos públicos. Ese es su rol. Ni más ni menos.
Cuando esas funciones se desdibujan y el control se transforma en una herramienta de obstrucción política, el daño no es para un gobierno: es para la sociedad.
Hoy quedan menos de dos años de gestión. Dos años que deberían estar dedicados a profundizar políticas públicas, a mejorar servicios, a dar respuestas concretas a problemas reales como la inseguridad.
Sin embargo, vemos con preocupación que la mayoría opositora en el Tribunal de Cuentas parece haber iniciado una campaña electoral anticipada, utilizando un organismo de control como plataforma política.
Y esto no es una discusión partidaria.
Es una discusión institucional y ética.
La seguridad no puede ser rehén de especulaciones electorales. No puede convertirse en una bandera para sumar titulares o posicionarse políticamente.
Cada decisión que se demora, cada herramienta que se frena sin fundamentos sólidos, tiene impacto real en la vida cotidiana de los cordobeses.
Desde Hacemos Unidos por Córdoba siempre hemos defendido un Estado presente, eficiente y controlado. Creemos en el control, lo respetamos y lo fortalecemos. Pero también creemos que el control no puede transformarse en bloqueo, ni en una excusa para paralizar al Estado.
Gobernar es asumir responsabilidad. Controlar es garantizar transparencia.
Confundir esos roles es erosionar la confianza institucional.
Como vicegobernadora, me preocupa profundamente que se prioricen intereses políticos por sobre la seguridad de nuestra gente. Córdoba necesita madurez democrática, seriedad institucional y dirigentes que entiendan que el límite es el bienestar de los cordobeses.
La política tiene reglas, las instituciones tienen funciones y la seguridad de nuestra gente no admite especulación.
Ese es el compromiso que debemos honrar.
Vicegobernadora de Córdoba
