En las últimas semanas, en Córdoba, Argentina, las noticias policiales pusieron el foco en el aumento de agresiones a miembros de las fuerzas de seguridad. Pero esta realidad revela una crisis más profunda, que excede la tensión entre Policía y comunidad.
Malos tratos –desde insultos hasta agresiones físicas— también alcanzan a equipos de Salud, Educación y otras áreas del sector público. Estas agresiones crecen al ritmo de una legitimidad estatal en retirada, amplificadas por redes sociales y por discursos que deshumanizan a quienes representan al Estado.
Quizá sea un signo de época: discursos políticos surcados por provocaciones y giros violentos que buscan más polarizar que armonizar. Etiquetas como “casta” o “ñoquis” actúan como arenga facciosa, alimentan el desprecio y habilitan el escarnio contra cualquiera identificado con lo “público” o que lo defienda. Esa defensa se transforma en un pecado imperdonable, que alguna fuerza celestial ya se encargará de castigar.
Profesionales de la salud, docentes, investigadores: todos caricaturizados como dilapidadores de “la nuestra”, expuestos a un desprecio que ya no necesita explicación. El desprecio se convierte en sentido común. Y una vez instalado, se ejecuta como sentencia sin juicio previo. Basta el rótulo de “curro” para aplaudir despidos o justificar el desmantelamiento de programas vitales en salud, apoyo a la discapacidad o asistencia a víctimas.
Lo simbólico habilita lo material: primero se estigmatiza, luego se destruye.
En educación, las acusaciones de adoctrinamiento acompañaron el desprestigio público de la docencia y justificaron recortes presupuestarios significativos. Pero al hacerlo, se erosiona también la autoridad pedagógica, y con ella, la capacidad de sostener el pacto social más básico: la transmisión del conocimiento y la formación ciudadana.
El conflicto latente en el hospital Garrahan expone con claridad cómo se construye simbólicamente un enemigo. Médicos que reclaman mejoras laborales son estigmatizados desde el poder político. En ese clima, un menor con discapacidad –que sólo había expresado apoyo al reclamo desde sus redes sociales– es atacado públicamente por el propio Presidente. No se abren espacios de diálogo ni reconocimiento; se responde al disenso con descrédito y una agresión desproporcionada, brutal en su asimetría.
Entre exaltación simbólica y vaciamiento profesional: la Policía como síntoma
Córdoba ha registrado 610 agresiones a policías en los últimos 17 meses. Pero no es un fenómeno local. En España, sólo en 2024, se reportaron 16.762 infracciones penales contra policías y guardias civiles, lo que activó una investigación del Parlamento Europeo. En Nueva York, los ataques crecieron un 63% desde 2019, según el NYPD. A nivel global, la figura estatal va perdiendo legitimidad: muchas veces se la percibe más como amenaza que como garante.
En Argentina, los ataques a policías se acumulan: cadetes y policías agredidos, patrulleros apedreados, comisarías violentadas. Incluso enaltecida desde algunos discursos que glorifican el uniforme o las tradiciones castrenses, la Policía termina arrastrada en el mismo deterioro simbólico que afecta al resto del Estado. La exaltación ideológica no se traduce en respeto ni en fortalecimiento institucional: se convierte en vaciamiento.
A esta fragilidad simbólica se suma una debilidad estructural: nuestras policías no responden a una doctrina profesional democrática, sino a mandatos del poder de turno. El uso de la fuerza, la utilización de armas, la intervención en protestas sociales, dependen más del contexto político que de criterios técnicos. Se consolida así un modelo policial adocenado, volátil, sin autonomía. Más cercano a la lógica de Joseph Fouché y su policía napoleónica –instrumental, obediente, circunstancial– que al modelo profesional que exige una sociedad plural.
Sin profesionalización, no hay autonomía. Sin legitimidad social, no hay reconocimiento. Y sin respeto, el uniforme se convierte en blanco de la ira, el miedo o el desprecio. El caso Blas Correas –asesinado por la Policía en 2020– fue un punto de quiebre. Hubo condenas, pero no reformas. Ni revisión estructural, ni mensajes institucionales claros.
A esto se suma el traslado de espacios clave de articulación como los consejos barriales de Prevención y Convivencia, desde el Ministerio de Seguridad a Desarrollo Social, donde perdieron la centralidad clave para el encuentro entre los actores de la seguridad y los vecinos para el diálogo institucionalizado.
Hoy, esta realidad coincide con un aumento de hechos violentos contra la Policía. Todo esto pese a que la Ley de Seguridad Pública 10.954, sancionada por el mismo Gobierno actual, había consagrado su existencia como herramienta esencial de encuentro entre comunidad y los actores de la seguridad.
Frente a este panorama, se impone una reconstrucción integral: material, simbólica y profesional. La legitimidad no se construye con más chalecos ni con penas más duras, sino con códigos de ética, formación técnica, rendición de cuentas y respeto institucional desde las cúpulas del poder hacia quienes representan al Estado.
Hace falta restituir el valor del servidor público. Enseñar a disparar, sí, pero también a pensar, mediar, decidir con autonomía técnica y sentido de justicia. Recuperar la escucha entre el Estado y la sociedad. Y dejar atrás discursos que ridiculizan o deshumanizan a quienes el Estado pone en la primera línea.
Porque la agresión física al maestro, al médico o al policía empieza mucho antes: en el discurso que los convierte en enemigos, caricaturas o estorbos. Si no recuperamos el respeto como forma de reconocimiento mutuo, ni más penas ni más blindajes van a proteger lo que, como sociedad, hemos dejado de cuidar: la idea misma de lo público.
* Director de las diplomaturas de Seguridad Ciudadana y de Ciencias Forenses e Investigación Criminal, Universidad Blas Pascal
