Cientos de tractores llegaron a las inmediaciones de la sede de la Comisión Europea en Bruselas el jueves 1 de febrero Su objetivo era manifestar su ira delante de los políticos reunidos en la cumbre de líderes europeos. Arrojaron huevos y estiércol, encendieron hogueras, y recibieron golpes y pelotazos de goma por parte de la Policía.
En la Place du Luxemburg, en el quartier de la Unión Europea (UE), la estatua del industrial franco-británico John Cockerill, pionero de la siderometalúrgica y el desarrollo del ferrocarril en Bélgica, fue arrojada al suelo y se le prendió fuego. Nada podría explicitar mejor la lucha de la tierra contra la industria, del agricultor contra el burócrata.
Algunas concesiones se hicieron desde la cumbre comunitaria por parte de la Comisión Von der Leyen, pero ningún comentario se emitió de lo que pasaba a escasos metros. Quizás pensaron que el problema que no se verbaliza, no existe.
Emmanuel Macron, no obstante, sí habló. Era necesario explicitar a los franceses que finalmente el presidente de Francia ayudará al sector agropecuario francés.
Con París todavía bloqueada por los tractores, hací
a falta dejar por sentado que él ya dio su visto bueno para un mecanismo conjunto dentro de la UE que garantice precios justos para los agricultores frente a los gigantes de la alimentación y la distribución.
Después de semanas de protestas, los agricultores franceses vuelven a su terruño, a su terroir, después de haber conseguido la retirada de algunas medidas medioambientales, la bajada de las tasas sobre el diésel y 150 millones de euros en ayudas inmediatas. Si Macron pudo sostener el pulso contra los chalecos amarillos, con la gente del campo ha sido imposible resistir.
Demasiadas cosas están en juego, entre ellas la imagen nefasta que da golpear sin cuartel a los agricultores, sector social que de manera inherente porta esencias nacionales de los diferentes estados-nación, y no sólo europeos, cabría destacar.
El fracaso de la Política Agrícola Común
Una de las reivindicaciones de los airados agricultores y ganaderos en estas semanas ha sido modificar la Política Agrícola Común (PAC) que se lleva a cabo implacablemente desde hace décadas en las oficinas de la UE.
La PAC se ha basado históricamente en el concepto de “seguridad alimentaria”, es decir: en una exhaustiva regulación de toda la cadena de producción y transformación de alimentos que favorece, a fin de cuentas, una economía de gran escala encargada de proporcionar “comida sana” y relativamente barata a toda la población europea.
Desde su fundación, la UE ha deseado coordinación y orden –y alejar paralelamente la posibilidad de cualquier hambruna, antesala de cualquier revolución.
En este sentido, que el precio del cereal y del azúcar tuviera mucha importancia para el desencadenamiento de la Primavera Árabe poco se dice.
El modelo de la UE apuesta, pues, por explotaciones agrícolas y ganaderas europeas grandes, regidas por normas comunes, que hagan su rol en el mercado globalizado. Eso, naturalmente, ha implicado una perdida sustancial de cuota de mercado para todas las pequeñas y medianas explotaciones.
Para subsanar los problemas ocasionados se contemplaron, ya de los años 1960, pagos directos a los agricultores para hacer su actividad mas “sostenible”.
En los últimos años, entre las medidas del PAC se incorporaron las propuestas elaboradas en la oficinas acondicionadas de los apóstoles del Green-Deal: dedicar al menos el 4% de la tierra cultivable a características no productivas, requisito de llevar a cabo rotaciones de cultivos y reducir un 20% el uso de fertilizantes.
No obstante, la perdida de competitividad se ha llevado por delante a muchos productores porque los pagos europeos no cubren los costes de la actividad. Parte del por qué tiene que ver con la guerra de Ucrania: energía, fertilizantes y transporte aumentaron en demasía desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.
En paralelo, y según datos de Eurostat, el precio base que reciben los agricultores europeos por sus productos cayó casi un 9% en promedio entre el tercer trimestre de 2022 y el mismo período del año pasado.
La globalización permite ciertamente la “seguridad alimentaria” en Europa, pero a costa de precarizar a los productores locales. El resultado es catastrófico: los problemas acumulados han dejando a las grandes granjas con altos niveles de deuda y para los propietarios de fincas pequeñas ya no hay chance de que su actividad agropecuaria sea rentable.
El Comisario de agricultura de la UE, Janusz Wojciechowsky, señaló, antes de la protestas, que mil granjeros abandonaban su explotación diariamente debido a la poca rentabilidad. De hecho, 5,3 millones de granjas han desaparecido en los 15 años que van de 2005 a 2020.
Consecuencias de la revuelta
La magnitud de la tragedia del campo europeo –y las simpatías que despierta este sector entre el grueso de la población europea– hace probable que las medidas de Macron para atajar la crisis en Francia se repliquen muy pronto por toda la Europa comunitaria.
Todo parece indicar que, en pos de la paz social, se sacrifique parte del espíritu globalista. Por el camino, una parte de las legislaciones medioambientales programadas con tanto celo también se irán, al menos por un tiempo, al garete.
En el mundo globalizado el movimiento de una ficha no es inocuo. Probablemente la mayor perjudicada de estas manifestaciones sea Ucrania, el quinto productor de cereal mundial, que no podrá inundar de grano a Europa sin tasa y cuota alguna y se verá obligado a volver a su mercado tradicional, a Asia y a África.
Macron tuvo palabras de sosiego para sus agricultores respecto a este tema: afirmó que “las importaciones ucranianas desestabilizan el mercado y crean una competencia desleal para los agricultores”. También sentenció que “la UE debe volver a poner aranceles a Ucrania”.
Por otra parte, las importaciones baratas desde lugares lejanos son una fuente de creciente ira en los sectores europeos directamente implicados en este comercio globalista.
Los productos importados de países extracomunitarios generan un gran resentimiento entre el sector porque los productores acostumbran a no cumplir con las estrictas regulaciones que sí cumplen los agricultores europeos.
En este sentido, la revuelta de la gente del campo influirá en las renegociaciones agropecuarias entre la UE y el bloque de países sudamericanos. Macron, presidente de Francia, y Leo Varadkar, primer ministro de Irlanda –país también afectado por la revuelta agropecuaria– ya han dicho que el acuerdo comercial propuesto entre la UE y Mercosur “no debería firmarse en su forma actual”.
Implicaciones políticas
Dentro de cinco meses se celebraran la elecciones europeas y se detecta una fuerte suba en la intención de voto de la ultraderecha. Es demasiado burdo asociar el campo con la ultraderecha, pero es probable que si no se da respuesta a los agricultores y ganaderos los lideres de la formaciones de extrema derecha puedan acaparar este descontento antiglobalista y obtener unos resultados extraordinarios.
Para evitar la debacle de los partidos “tradicionales” parece plausible que se hagan más concesiones desde diferentes gobiernos europeos, contagiando a la misma Comisión Europea antes de los comicios.
Sin duda, la renovación de los escaños del Parlamento Europeo repercutirá en el futuro nombramiento de los comisarios, y es difícil no pensar que se produzca un replanteamiento absoluto de todas las políticas, no solo las de defensa o de inmigración.
Se viene un mayor nacionalismo económico en el campo que alterará la reglas de juego del comercio mundial. Esa parece ser la prognosis derivada del futuro resultado electoral.
El fantasma del descontento global pasa de país a país: de Sri Lanka a Canadá, de Canadá a Europa, y por lo visto, muy pronto, los agricultores ocuparan Delhi. Por lo pronto, el viernes de la próxima semana los agricultores polacos bloquearán su frontera con Ucrania.
Los tractores van lentos, pero parece que harán cambiar el mundo a velocidad de crucero. Sujétense los cinturones.
* Historiador y docente
