El Gobierno nacional anunció una compleja recomposición de los haberes por jubilaciones y pensiones, aunque no despejó todas las dudas sobre la aplicación de un mecanismo difícil de comprender para beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
El decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei establece una suba para abril de 12,5%, más una compensación de 13,2% por el impacto de la inflación de febrero último.
El haber mínimo será entonces de $ 171.216, al que se agrega un bono de $ 70 mil, con lo cual el monto por percibir será de 241.216 pesos.
El resto de las personas en situación pasiva que cobran por encima del haber mínimo tendrán los mismos aumentos y también gozarán de un bono complementario para llegar a $ 241.216 en caso de que no alcancen ese monto.
Quienes están por encima de ese valor tendrán un incremento de 27,35% en abril.
A partir de mayo, se aplicará una suba igual a la de la inflación registrada dos meses antes, es decir, en mayo equivalente al porcentaje de suba de precios de marzo y así sucesivamente.
Esto sucede por una cuestión estadística, ya que el dato de inflación de un período se difunde a mediados del mes siguiente, cuando ya está en marcha el pago de las jubilaciones y otros beneficios sociales.
En junio, cuando debe aplicarse una nueva actualización de la movilidad jubilatoria, se mantendrán los aumentos ya otorgados si estos resultan superiores a esa fórmula; en caso contrario, se otorgará un bono compensatorio.
Por último, desde julio se aplicará la inflación de mayo, sin otros adicionales; al menos, no fueron especificados en el DNU.
Esta ingeniería matemática anunciada por el Gobierno nacional obliga virtualmente a un cálculo complejo para poder proyectar cuáles serán los haberes que cobrarán en los meses futuros.
La clase pasiva, cuyo retraso en los haberes permitió lograr los superávits financieros de enero y de febrero, suma así un nuevo destrato, en lugar de recibir una información precisa sobre sus futuros ingresos.
El apuro político del Gobierno para evitar un nuevo traspié con los bloques opositores en el Congreso llevó a la creación de este complejo mecanismo, que genera confusión entre las personas mayores.
En especial quienes cumplieron con los 30 años de aportes deben recuperar el poder de compra recortado durante las gestiones de Mauricio Macri y de Alberto Fernández.
El decreto presidencial tampoco avanza en cuestiones clave, como un reconocimiento a quienes efectuaron los aportes correspondientes sin haber accedido a moratoria alguna, ni la modificación de los regímenes especiales, los más costosos del sistema.
Quienes ya se jubilaron necesitan un haber digno para transitar los años avanzados de adultez sin incomprensibles sumas matemáticas, a la vez que merecen una adecuada atención de la salud.
Esa es la obligación primera de un gobierno cuyas anteriores administraciones no cumplieron, más allá de los discursos oportunistas que hoy lanzan sus exintegrantes.
