Hace ya varios años los habitantes de las ciudades linderas al Delta del Paraná sufren cotidianamente el humo de las quemas. Quienes habitamos la ciudad de Buenos Aires y alrededores tenemos muestras gratis de esta penuria diaria. Es que, cada tanto, las condiciones meteorológicas, acompañadas por un intenso viento, hacen recorrer cientos de kilómetros a las partículas de humo hasta que se depositan en nuestros ojos, pulmones y casas.
Esos días que nos levantamos con los ojos irritados y en los que nos duele la garganta, sin saber por qué, estamos respirando material particulado que nos llega desde los incendios de los humedales del Paraná. Pero el problema, lamentablemente, no se acaba en esos síntomas agudos que se van a los pocos días. Existen dos clases de material particulado (MP): el MP 10 y el MP 2,5. Esos números indican el tamaño de las partículas; es decir, de la materia en suspensión. Cuando es menor a 2,5 micrómetros, el material tiene la capacidad de entrar hasta lo más profundo de los pulmones, pero mucha dificultad para salir. Este fenómeno biofísico aumenta las probabilidades de provocar enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc) y desarrollar cáncer.
Es decir que cada vez que vemos en el horizonte una nubecita negra o incluso cuando divisamos algunos atardeceres espectaculares, sobre todo cuando están acompañados de ese olor a ahumado tan característico, estamos aumentando nuestras posibilidades de desarrollar algunas de esas condiciones. Durante esos días, los medidores de calidad de aire explotan por los aires y se sobrepasan varias veces los valores recomendados internacionalmente.
Hay leyes que regulan la quema. Por ejemplo, la ley 26.562, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema en Todo el Territorio Nacional, que en su artículo 3 dice: “Queda prohibida en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente, la que será otorgada en forma específica”; algo que, por supuesto, no se cumple.
También se aprobó hace poco la modificación de la ley 26.815, de Manejo del Fuego, por la que se prevén multas y sanciones para los establecimientos que quemen sin cumplir los avisos y las precauciones necesarios, pero también prohíbe el cambio de uso de suelo de estas superficies. Es decir, si era un humedal y se quema, no puede ser ahora pastizal ganadero, sino que humedal deberá quedar, por al menos 30 años.
La Justicia, en este caso, no ayuda; y sobre las varias denuncias presentadas por el Ministerio de Ambiente, hasta ahora no se ha avanzado demasiado.
A ello se suma el siempre dormido proyecto de ley de humedales, que fue presentado por cuarta vez, tras perder estado parlamentario a fines del año pasado. Es decir, con lo que hay, se puede hacer poco, pero lo poco que se puede hacer no se hace.
¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo es que se queman los humedales del Delta, los bosques de la Patagonia o las sierras de Córdoba todos los años, y cada vez más? La respuesta es simple: poner vacas en un humedal, vender terrenos en las sierras o lotear un cerro en la Patagonia da beneficios económicos a quien lo haga.
Mantener el humedal y proveer servicios ecosistémicos clave para nuestra supervivencia –como la regulación hídrica, la regulación atmosférica o la calidad del aire– no tiene valor de mercado. Es algo que la naturaleza nos da sin pedir nada a cambio. El sistema económico que nos organiza olvidó tomar esto en cuenta en su diseño. Y sin un Estado eficiente que intervenga para asegurar que esto no suceda, será difícil que deje de pasar.
* Director de la Licenciatura en Gestión Ambiental de Uade
