Las masivas protestas que protagonizaron las comunidades universitarias de todo el país constituyen la primera respuesta social contundente a la lógica política de descalificación y motosierra que viene aplicando el gobierno de Javier Milei en todos los ámbitos de la gestión.
Antes de aplicar recortes brutales, Milei insulta, degrada y muchas veces calumnia en masa a los sectores que luego serán desfinanciados. Para hacerlo, opera sobre problemas reales, los magnifica al extremo, los generaliza y los convierte en irresolubles: en lugar de corregir lo que funciona mal, su conclusión casi siempre es que deben cerrarse.
Lo hizo con la obra pública, con los envíos a las provincias, con los movimientos sociales, con el Incaa, con el Inadi, con el Conicet y comenzó a hacerlo con las universidades nacionales, a las que despreció reiteradamente: chorros, vagos, ineficientes, kirchneristas, retrógrados y comunistas, son algunas de las calificaciones del Presidente educado en universidades privadas para referirse al supuesto adoctrinamiento masivo y a la falta de transparencia que les asigna a rectores y decanos de las casas de estudio.
En el caso de las universidades, las descalificaciones fueron simultáneas a la decisión de congelar presupuestos a valores de enero de 2023, pese a que la inflación acumuló desde entonces hasta el inicio del ciclo lectivo 2024 un 275 por ciento.
Esa es la razón del conflicto. El Consejo Interuniversitario Nacional convocó a un reclamo por más financiamiento educativo, dado que los fondos para educación superior hoy se encuentran en un piso histórico.
De ese presupuesto inicial de 2023, el 90 por ciento es para sueldos de docentes y no docentes, que están un 30% abajo de abril pasado. Por la falta de actualización de la partida, los rectores advierten que hacia mediados de año ya no habrá recursos.
El 10 por ciento restante del presupuesto se destina a gastos de funcionamiento de las universidades. Sobre esos fondos, se aplicó un aumentos de partida del 70 por ciento, en marzo y se ofreció igual incremento para mayo, junto con una partida extraordinaria de 14.400 millones de pesos para que no cierren los hospitales universitarios (en Córdoba, el Clínicas y la Maternidad Nacional). Aún con esas subas, ambos ítems estarán muy por debajo de la inflación.
Se trata del primer conflicto que atraviesa a las clases medias de todo el país. Hay dos millones de estudiantes y 200 mil docentes y no docentes en todo el país: 2,2 millones de familias preocupadas por la posible pérdida del año lectivo y muchas más viendo desmoronarse la última esperanza de ascenso social.
Eso expresaron las marchas de este martes. Fueron masivas y heterogéneas en todo el país, al igual que en Córdoba. Muy posiblemente, miles de quienes marcharon consideren que hay mucho por mejorar en esas universidades nacionales. El problema es que todos ellos perciben que el único objetivo del Gobierno libertario es desfinanciarlas.
Entre las voces críticas del sistema universitario sobresalen aquellas que sostienen que el gasto es alto y es a la bartola, que son demasiados los docentes y muy escasos los egresados, que proliferan carreras de escasa significancia productiva y que en los últimos años se crearon “demasiadas” universidades. El problema es que el ajuste que aplica Milei no soluciona ninguno de esas deficiencias.
Tampoco diferencia entre universidades de trayectoria, prestigio y alto nivel académico de aquellas que no tienen ninguna de estas características, y además tienen muy pocos alumnos: las desfinancia a todas.
No hay una sola instrucción de política universitaria, no hay más proyecto nacional que el de la motosierra, no hay Ministerio de Educación ni se observa voluntad alguna de mejora. Aún cuando aparecieran los recursos, al Gobierno de Milei le faltarían las ideas, el rumbo y la gestión universitaria.
