Con su victoria en las Paso, el candidato a presidente Javier Milei ratificó su bandera de eliminar la coparticipación federal de impuestos. Aunque la propuesta de reforma fue en términos genéricos y sin especificaciones, generó fuertes polémicas entre los gobernadores. ¿Tienen fundamento tanto la propuesta de eliminarla como las reacciones que generó?
La coparticipación se rige por la Ley 23.548 y consiste en un esquema de repartición de los impuestos recaudados por el Estado nacional. Los fondos coparticipables provienen, en su gran mayoría, de lo recaudado por el impuesto a las Ganancias y el IVA. Pero también se reparte la recaudación de impuestos internos (como tabaco, cerveza y bienes suntuarios), del impuesto a la transferencia de inmuebles, a las apuestas, entre otros.
De esta masa coparticipable, el 40,24% se destina al Tesoro Nacional, el 58,76% se distribuye entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con el 1% restante se constituye el fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), de donde provienen parte de las transferencias discrecionales a las provincias.
¿Ganadores? y perdedores de la distribución
Ahora bien, cuando se analiza lo que recibe cada jurisdicción según el tamaño de su población, se observa que CABA y Buenos Aires son las más perjudicadas porque están entre las jurisdicciones más productivas y, al mismo tiempo, entre las que menos se benefician de los recursos que generan.
Por otro lado, entre las más beneficiadas por la coparticipación se encuentran provincias como La Rioja, Catamarca, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa, San Luis, San Juan, Santa Cruz, Chaco y Tierra del Fuego. En algunas de estas provincias, sobre todo en las del norte, la coparticipación representa más del 90% de sus recursos totales.
Incluso en provincias con un nivel de desarrollo alto, como Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba, los recursos recibidos desde la Nación representan casi la mitad de los recursos totales de la provincia.
Claramente hay un profundo desorden en el régimen federal que atenta contra el desarrollo. Las provincias productivas se empobrecen y las improductivas no mejoran o incluso empeoran. Al final, toda la población sale perdiendo.
Por qué eliminar la coparticipación
La experiencia demuestra que la coparticipación no cumple con el objetivo por el cual fue creada de promover el desarrollo de las zonas más rezagadas. Las provincias que más reciben siguen teniendo indicadores sociales muy malos (tasas de mortalidad infantil más altas del país e indigencia por encima del 12%) y una infraestructura deplorable.
En Formosa, por ejemplo, solo el 42% de las viviendas ocupadas tiene inodoro con desagüe y el 3% tiene gas de red o electricidad para cocinar. Situaciones similares atraviesan las provincias de Chaco, Santiago del Estero o Misiones. Esto se da a pesar de que en 2022 Formosa aportó US$ 850 millones y recibió US$ 2.647 millones (García y Vera, 2023).
Esto demuestra que la baja correspondencia fiscal en estas provincias está promoviendo incentivos que atentan contra su desarrollo.Paradójicamente, ser beneficiadas en la distribución de recursos nacionales termina contribuyendo a mantener su subdesarrollo porque, sin importar dónde inviertan esos fondos, tienen asegurada una gran porción de la masa coparticipable.
Qué debe reemplazarla y cómo hacerlo
En un régimen federal debe prevalecer una clara distribución de responsabilidades entre la Nación y las provincias. No corresponde que la Nación recaude todo y lo reparta, sino que cada provincia debería financiarse con los impuestos que genera en su territorio. Este es el esquema que originalmente preveía la Constitución.
Para esto es necesario que la repartición de la recaudación se reemplace por un esquema acorde a sus potestades tributarias. De esta forma, IVA debería ser recaudado en su totalidad por las provincias (abarcando también el impuesto sobre los ingresos brutos) y lo recaudado por el impuesto a las Ganancias debería destinarse al financiamiento de la seguridad social nacional.
El punto clave es incentivar a los gobiernos provinciales a que generen los medios para desarrollarse, promoviendo inversiones en generación de infraestructura y capital humano. Mientras tanto, debe contemplarse un Fondo de Convergencia para las provincias más rezagadas que les permita financiar proyectos de desarrollo.
La viabilidad política de esta medida no es fácil pero tampoco imposible. Se requiere un nuevo acuerdo, el cual no es obligatorio que sea unánime, por el que un conjunto de provincias proponga un nuevo esquema de distribución de los recursos nacionales. La ley de coparticipación es una ley simple, por lo tanto, para derogarla se necesita mayoría simple. Para lo que sí se necesita mayoría absoluta es para salir de la decadencia actual, y por eso resulta impostergable la reorganización del régimen federal.
(*) Equipo Idesa
