Cada 17 de mayo se celebra el Día Mundial de Internet y de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Esta fecha renueva una preocupación regulatoria y reafirma una situación fáctica. Esto último es lo más obvio: internet cambió nuestras vidas. La pandemia solo profundizó nuestra dependencia de una conectividad de calidad.
La preocupación regulatoria, sin embargo, es mutable: todos los años advertimos nuevos desafíos que ocupan nuestra atención, y que merecen una respuesta de parte de las autoridades.
En la actualidad, los desafíos regulatorios más acuciantes deberían tener dos objetivos: la necesidad de asegurar inversiones y alcanzar un difícil equilibrio entre intervenciones estatales y libertad de expresión. El primero debería incentivar la penetración de redes de acceso a banda ancha para garantizar estándares de conectividad más altos. El segundo tiene dos ámbitos de impacto: la moderación de contenidos en las plataformas digitales y la reglamentación de algunos derechos especiales, como el llamado derecho al olvido.
Tensiones con la libertad de expresión
En este último caso, el desafío es evitar que las regulaciones vulneren la libertad de expresión. El caso del llamado derecho al olvido es paradigmático en este sentido. Este derecho consiste en la pretensión de que los motores de búsqueda (como puede ser Google) desindexen información ante una violación a los derechos de privacidad y protección de datos. Con esto lo que se hace es desvincular un determinado dato o contenido de las posibles búsquedas, aun cuando el dato o contenido permanezca en la red.
Este derecho no tiene un contenido autónomo y aceptado universalmente. En el ámbito europeo, se lo reconoció en un caso muy particular: el precedente “Costeja González”. Allí se discutía el bloqueo de información sobre una persona privada, por una subasta inmobiliaria por deudas a la seguridad social que ya habían sido pagadas.
En nuestro país, que no está legislado de manera específica, recientemente se celebró una audiencia pública ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para analizar su viabilidad. La importancia del caso, iniciado por Natalia Denegri, se refiere al impacto que podría tener la desindexación sobre la libertad de expresión.
Esta desindexación puede hacer más difícil visibilizar determinados contenidos que se encuentran alojados en la web. Esta circunstancia podría generar una limitación cierta sobre la libertad de expresión, en tanto restringe la búsqueda, recepción y difusión de informaciones e ideas consagrada en el artículo 13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Un problema adicional, aunque independiente, se refiere a la posibilidad de manipulación de algoritmos presuntamente neutrales.
Respecto del poder las plataformas y la moderación de los contendidos, la problemática es similar. Determinar cuál debe ser el alcance de la intervención estatal, aun cuando necesaria, es un asunto de extrema complejidad. Los reguladores deben evitar intervenciones basadas en la idea de “desintoxicar” el debate público en las redes, aun cuando pretendan limitar el poder de moderación de las grandes plataformas o que las fakes news se apoderen de una discusión.
En fin, tanto respecto de algunos nuevos derechos como de la moderación de contenidos, las intervenciones estatales deben ser muy cuidadosas. En cualquier caso, deben evitar acallar algunas voces con las que la ortodoxia estatal no coincide. Ni nuevos derechos ni la purificación del debate público pueden ser una excusa para la construcción de un censor que defina qué es valioso y qué puede superar un test de visibilidad pública. Tampoco ellos pueden ser las razones por las que el cúmulo de la información de una sociedad se vea reducido, pues con ello también reduciremos nuestro debate colectivo.
Las inversiones postergadas
Según da cuenta Andrea Catalano, Argentina está rezagada en el despliegue de fibra óptica. Mientras que en nuestro país la penetración de esta tecnología llega al 15 %, Uruguay alcanza un 78,46 %, seguido por Brasil con el 56,68 % y Chile con el 49,11%.
La deficiente conectividad, ya sea por falta de equipos o por insuficiente despliegue de redes, generaliza y profundiza las desigualdades. El Estado debe comprometerse con la reducción de la brecha digital, que también es económica. Para eso, no es suficiente declamar la existencia de derechos, sino garantizar las condiciones de su ejercicio.
En esta tarea, la implementación de políticas públicas, orientadas a incentivar las inversiones para asegurar altos estándares de calidad en materia de conectividad, resulta insoslayable. Una forma de hacerlo es garantizando certidumbre regulatoria, y no decisiones inconsultas y espasmódicas, como fue la declaración de servicio por decreto de necesidad y urgencia. Es decir, debe asegurar al sector privado la viabilidad de un negocio que, a veces, parece esquivo ante tanta incertidumbre.
Una política sectorial enfocada en cuestiones antiinflacionarias, con control de precios y autorizaciones por debajo de los índices inflacionarios aún más auspiciosos, no es el camino. Esto solo dificulta alcanzar los objetivos planteados, ralentiza el despliegue de las redes y profundiza las desigualdades.
Los problemas regulatorios que indiqué son demostrativos de algo muy básico: nuevos problemas, y nuevas necesidades, merecen nuevas respuestas. Aprovechemos este día para reflexionar sobre cuestiones que hoy -más que nunca- son urgentes.
*Abogado
