Toda decisión económica tiene alguien que se beneficia y alguien que se perjudica. Esto es inmodificable. Al final de este nuevo proyecto económico todo se reduce a quién se beneficia y a quién se perjudica. O, dicho de otra manera, quién esta pagando el costo del ajuste.
El 4 de noviembre de 2023 lo advertí en una columna que titulé “El debate no es el ajuste, sino quién lo paga”. La realidad es que, si se pusiera el debate en su justo término, si se hablara de lo que es y no de lo que no es, quizás sería más factible ponernos de acuerdo.
En aquella oportunidad expresé que quien fuera elegido Presidente enfrentaba un enorme desafío, no sólo por la magnitud de los desequilibrios macroeconómicos, sino también porque el nuevo plan económico debía implementarse en una sociedad con el 45% de sus ciudadanos o más viviendo por debajo de la línea de pobreza.
La necesidad de ajustar las cuentas públicas era innegable. Sin embargo, como históricamente los ajustes que se realizaron a la economía en nuestro país recayeron siempre en los sectores asalariados y productivos, pensé que sería deseable que la carga esta vez fuera proporcional a la capacidad de cada sector para hacerle frente.
En este marco conceptual, consideraba necesario que el Gobierno entrante se sentara con cada sector de la economía y con cada provincia a negociar qué proporción del costo del ajuste ponía cada uno para sacar al país de la quiebra. Es decir, qué porcentaje de las ganancias iban a resignar los empresarios, qué porcentaje del capital iba a perder el sistema financiero, qué porcentaje ponía el sector exportador, qué pérdida real podían soportar los salarios y las jubilaciones, cuánto podían poner las pymes, cuánto ponía la política y cuánto ponían las provincias.
En su lugar, el Gobierno licuó brutalmente salarios, jubilaciones e ingresos de la sociedad, les arrebató unilateralmente los fondos a las provincias luego del fracaso en la negociación de la “ley bases”, a algunos sectores les dio vía libre para recomponer todos sus ingresos de la noche a la mañana, y a otros les garantiza la protección de su capital.
Al mismo tiempo, implementó una importante suba de impuestos que incluye el impuesto Pais en 10 puntos porcentuales, la restitución del Impuesto a las Ganancias, suba del impuesto a los combustibles y el fallido intento de subir el 15% las retenciones a las exportaciones.
Esto generó una enorme transferencia de ingresos de los sectores de la producción, del trabajo y de los jubilados al sector público, que prioriza mostrar la solvencia suficiente como para hacer frente a sus compromisos de deuda en un aparente interés por volver al mercado de capitales y con un efecto colateral que significa pingües ganancias para quienes compraron bonos del tesoro a valores de remate.
El sistema financiero
El “déficit cero no se negocia” y la recomposición de reservas en el Banco Central fruto de una gran recesión son la garantía de pago del Gobierno al sistema financiero, hoy actor central de la estabilidad cambiaria y financiera alcanzada.
Vale mencionar en este punto que es una estabilidad con pinzas, dado que el cepo a la demanda de divisas hoy no permite despejar dudas respecto de si los tipos de cambio están o no en niveles de equilibrio.
La contracara de esta estabilidad del sistema financiero es la economía real, que hoy no dispone ni del mercado (demanda) ni de los incentivos institucionales para apostar por Argentina.
Lo que alcanza para tranquilizar al sistema financiero no alcanza para dar seguridad jurídica e institucional a la inversión productiva, que es una inversión fija muy difícil de monetizar rápidamente, a diferencia de la inversión financiera que facilita la especulación por la agilidad para entrar y salir.
Acá también vale la pena aclarar que un crecimiento económico sostenido era inviable en el marco de una demanda inflada durante dos décadas con gasto público financiado con emisión monetaria o endeudamiento y en un contexto de enormes y permanentes desequilibrios macroeconómicos y discrecionalidad y arbitrariedad en las reglas del juego.
Más allá de las dudas o reparos que uno pudiera tener respecto de la política económica implementada por el Gobierno hasta acá, que significó en mi opinión un reparto no equitativo del costo del ajuste, y más allá de las contradicciones o inconsistencias que uno pudiera encontrar, el principal interrogante es cómo salir de esta profunda recesión de consecuencias impredecibles.
¿Alcanza el superávit fiscal y la acumulación de reservas para que el sistema agropecuario, industrial y productivo apueste por Argentina? ¿Será esto suficiente en un marco de fuerte recesión, precios altísimos en dólares, cepo cambiario, aumento de impuestos, leyes que no salen, frágiles equilibrios e inestabilidad política e institucional?
* Licenciada en Administración
