SAN SALVADOR (AP) — El gobierno estadounidense utilizó una ley de guerra del siglo XVIII para deportar a más de 200 inmigrantes venezolanos a principios de este mes a El Salvador, donde fueron transferidos inmediatamente a la prisión de máxima seguridad para pandillas del país.
Mientras un juez federal en Washington intenta determinar si el gobierno de Estados Unidos desafió su orden de devolver a los migrantes mientras estaban en el aire e insiste en que deben tener la oportunidad de impugnar sus designaciones como presuntos miembros de una notoria pandilla, no ha habido noticias del presidente o del poder judicial de El Salvador sobre cuál es el estatus legal de los prisioneros en ese país.
Eso podría cambiar pronto. El lunes, abogados contratados por el gobierno venezolano tomaron acciones legales en nombre de los prisioneros venezolanos buscando su liberación de la prisión, que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, tiene programado visitar el miércoles.
Estados Unidos dice que los venezolanos deportados el 15 de marzo eran miembros de la pandilla Tren de Aragua, una organización criminal que el presidente Donald Trump declaró una fuerza invasora, pero no ha proporcionado evidencia de ello. La Ley de Enemigos Extranjeros permite que los no ciudadanos sean deportados sin la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración o federal.
El Salvador no ha tenido relaciones diplomáticas con Venezuela desde 2019, por lo que los venezolanos encarcelados allí tampoco tienen apoyo consular de su gobierno.
Incluso los ciudadanos salvadoreños han estado viviendo bajo un estado de emergencia que ha suspendido derechos fundamentales desde 2022 y el poder judicial del país no se considera independiente. Todo lo cual plantea preguntas sobre el futuro legal de los prisioneros en El Salvador.
Muy poco.
El presidente Nayib Bukele anunció al día siguiente de la llegada de los presos que Estados Unidos había enviado lo que él llamó 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua a El Salvador y fueron enviados inmediatamente a su prisión de máxima seguridad para pandillas. El gobierno de Estados Unidos pagaría una tarifa anual por su encarcelamiento, escribió Bukele en una publicación en X.
La Fiscalía General de El Salvador y el Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre el estatus legal de los prisioneros venezolanos.
El abogado David Morales, director legal de la organización no gubernamental Cristosal, expresó que no había base legal para el encarcelamiento de los venezolanos en El Salvador. Añadió que no conocía ninguna ley salvadoreña o tratado internacional que respaldara su encarcelamiento.
“Son detenciones ilegales porque no están sometidos a la jurisdicción de un juez salvadoreño, ni han sido procesados, ni condenados en El Salvador. Por lo tanto, están en una situación de una detención ilegal o una restricción arbitraria de su libertad”, indicó.
Abogados contratados por el gobierno venezolano presentaron una acción legal el lunes en El Salvador con el objetivo de liberar a los 238 venezolanos.
Jaime Ortega, quien dice representar a 30 de los venezolanos encarcelados, señaló que su firma presentó la petición de hábeas corpus ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Explicó que, por extensión, solicitaron que se aplicara a todos los venezolanos detenidos en El Salvador.
Antes de que se presentara, el abogado constitucional Enrique Anaya había sugerido que las organizaciones de derechos humanos y las familias de los presos debían presentar peticiones de hábeas corpus, esencialmente obligando al gobierno a demostrar que la detención de alguien estaba justificada, “como un mecanismo tanto de denuncia como de presión”.
Aun así, Anaya dijo que la falta de independencia judicial en El Salvador hacía poco probable el éxito. El partido de Bukele removió a los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema en 2021 y los reemplazó con jueces vistos como más favorables a la administración.
“¿Quién va a definir la libertad de estas personas, los jueces estadounidenses, los jueces salvadoreños?”, preguntó Anaya. Las peticiones de hábeas corpus podrían al menos “demostrar la ilegitimidad de este vacío".
El Salvador ha vivido bajo un estado de emergencia desde marzo de 2022, cuando el Congreso otorgó a Bukele poderes extraordinarios para combatir a las poderosas pandillas callejeras del país.
Desde entonces, unas 84.000 personas han sido arrestadas, acusadas de vínculos con pandillas. El estado de emergencia ha permitido a las autoridades actuar sin protecciones básicas como el acceso a un abogado o informar a los detenidos por qué están siendo arrestados. Pueden ser retenidos durante 15 días sin ver a un juez.
Los homicidios han disminuido drásticamente en El Salvador y la mejora en la seguridad ha impulsado la popularidad de Bukele.
Pero mientras Bukele ha dicho que unos 8.000 de los arrestados han sido liberados por falta de pruebas, muchos más no han encontrado una salida.
El año pasado, la Fundación para el Debido Proceso publicó un informe que mostraba que la Sala Constitucional de la Corte Suprema había rechazado "sistemáticamente" más de 6.000 peticiones de hábeas corpus presentadas por familias de personas arrestadas bajo el estado de emergencia.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
