El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump sufrió una serie de derrotas judiciales el miércoles y el jueves en demandas sobre sus políticas de inmigración, elecciones y represión de los programas de diversidad, equidad e inclusión en las escuelas.
Sin embargo, las disputas jurídicas que se libran en todo el país están lejos de terminar, y los abogados del gobierno contraatacaron, solicitando a tribunales federales de apelaciones y a la Corte Suprema federal que revoquen algunas de las decisiones desfavorables.
A continuación presentamos un vistazo a los sucesos más recientes en algunas de las más de 170 demandas presentadas contra las órdenes ejecutivas de Trump.
Jueces le impidieron al gobierno el jueves implementar su represión a los programas que favorecen la diversidad, equidad e inclusión en la educación en al menos dos demandas. Las decisiones se emitieron antes de que el viernes venza un plazo que el Departamento de Educación estableció para que los estados firmen un formulario en el que certifiquen que no usarían "prácticas ilegales DEI", refiriéndose a las siglas en inglés de diversidad, equidad e inclusión.
Un juez federal en Nueva Hampshire bloqueó una serie de directrices del Departamento de Educación, incluido un memorando que ordenaba el fin de cualquier práctica que estableciera diferencias entre las personas según su raza, y otro que pedía garantías de que las escuelas no usaran prácticas DEI consideradas discriminatorias.
Jueces en Maryland y Washington, D.C. también detuvieron partes de los esfuerzos anti-DEI del departamento.
Un juez federal le impidió al gobierno de Trump implementar de inmediato ciertos cambios en cómo se llevan a cabo las elecciones federales, incluido el agregar un requisito de demostrar que se es ciudadano al formulario de registro de votantes federales. Sin embargo, el juez sí permitió que otras partes de la amplia orden ejecutiva de Trump sobre las elecciones en Estados Unidos —incluida una directriz para endurecer los plazos de las boletas por correo— avanzaran por ahora.
La jueza federal de distrito Colleen Kollar-Kotelly en Washington se puso del lado de los grupos que defienden el derecho al voto y de los demócratas, diciendo que la Constitución otorga el poder de regular las elecciones federales a los estados y al Congreso, no al presidente. Señaló que los legisladores federales están trabajando actualmente en su propio proyecto de ley para requerir que a la hora de votar se demuestre que se es ciudadano.
El gobierno de Trump está apelando una orden de un juez que le prohíbe deportar a personas de Colorado con base en una ley de 1798 que rara vez se usa.
Los abogados del gobierno interpusieron la apelación en la Corte Federal de Apelaciones del 10mo Circuito, argumentando que la jueza federal de distrito Charlotte N. Sweeney, que vive en Denver, carece de jurisdicción, y que es jurídicamente válido invocar la Ley de Enemigos Extranjeros contra la pandilla venezolana Tren de Aragua.
En otro caso en Maryland, se le ordenó al gobierno de Trump facilitar el regreso de un hombre que fue deportado a El Salvador el mes pasado a pesar de tener una solicitud de asilo pendiente. La jueza federal de distrito Stephanie Gallagher —que radica en Maryland— indicó que el gobierno violó un acuerdo de resolución de 2019 cuando deportó al hombre de 20 años, un venezolano identificado solamente como Cristian en los documentos judiciales. Gallagher citó la orden de otro juez federal para que el gobierno facilitara el regreso del salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien había estado viviendo en Maryland y fue deportado accidentalmente el mismo día que Cristian.
En una demanda en Texas, se desprecintó un documento judicial de un funcionario del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, revelando que los migrantes sujetos a deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros sólo están recibiendo aproximadamente 12 horas para decidir si quieren impugnar su deportación programada a una prisión en El Salvador. Hace unos días, abogados del gobierno —en una demanda diferente a la de la Ley de Enemigos Extranjeros— le dijeron a un juez en Colorado que a los migrantes se les estaban dando 24 horas para tomar la decisión.
La Unión Americana de Libertades Civiles dice que el período de tiempo viola una orden de la Corte Suprema que le permitió al gobierno de Trump continuar con las deportaciones pero requería que el gobierno diera a los detenidos un "tiempo razonable" para argumentar ante un juez que no deberían ser deportados.
Otro juez federal radicado en San Francisco le prohibió al gobierno de Trump negar fondos federales a las llamadas ciudades "santuario" que limitan la cooperación en inmigración.
El juez federal William Orrick indicó que la prohibición temporal es apropiada porque las órdenes ejecutivas son inconstitucionales, al igual que lo fueron en 2017 cuando Trump anunció una orden similar. Orrick señalo que el gobierno no puede congelar ningún fondo federal en San Francisco ni en más de una docena de otros municipios hasta que se resuelva la demanda presentada por esas ciudades.
El gobierno de Trump le pidió el jueves a la Corte Suprema que permita la aplicación de una prohibición a la presencia de personas transgénero en las fuerzas armadas, mientras los tribunales examinan las demandas sobre la prohibición. La solicitud ante el máximo tribunal se efectuó después de que un tribunal de apelaciones federal emitió una orden que mantuvo en vigor una orden judicial que bloquea la política a nivel nacional.
Trump promulgó una orden ejecutiva cuando llevaba una semana de su segundo mandato, la cual afirma que la identidad sexual de los miembros transgénero del servicio "entra en conflicto con el compromiso de un soldado a llevar un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado, incluso en su vida personal" y es perjudicial para la presteza militar. En respuesta, el secretario de Defensa Pete Hegseth emitió una política que presuntamente descalifica a las personas transgénero de intentar ingresar a la vida militar.
Pero en marzo, el juez federal de distrito Benjamin Settle en Tacoma, Washington, falló a favor de varios militares transgénero que llevan mucho tiempo en las fuerzas armadas, los cuales dicen que la prohibición es insultante y discriminatoria.
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Periodistas de The Associated Press en todo Estados Unidos contribuyeron a este despacho, incluidos Collin Binkley, Ali Swenson, Geoff Mulvihill, Nicholas Riccardi, Janie Har y Rebecca Boone.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
