BOGOTÁ (AP) — El Senado colombiano comenzará el martes a discutir el contenido de una consulta popular, una iniciativa del presidente Gustavo Petro que busca llevar a las urnas a los ciudadanos para que decidan sobre cambios en el sistema laboral alegando mayores garantías para los trabajadores.
El futuro de la consulta se decide en un Congreso dividido, bajo la lupa del primer gobierno de izquierda y de la ciudadanía, a la que Petro ha apelado en busca de respaldo popular. El mandatario advirtió a los legisladores que "si dicen no a la consulta, el pueblo se levanta y los revoca", en referencia a un castigo político en las urnas.
En entrevista con The Associated Press, el presidente del Senado, Efraín Cepeda —sobre quien recae la facultad de dirigir la discusión de la consulta popular— aseguró que se trata de un intento de intimidación por parte de Petro.
El mandatario “dijo frases muy amenazantes, por ejemplo, que si no votamos la consulta había que sacar al Congreso”, aseguró Cepeda, un experimentado político del partido Conservador. “Ya pasó de no creer en la división de los poderes públicos, sino sentirse todavía más un cuasi dictador dándole orden a los poderes públicos”, advirtió.
Para Cepeda, quien ha sido congresista durante más de tres décadas, se trata de un escenario inédito en el país que tiene como telón de fondo el ambiente preelectoral por las próximas votaciones para el Congreso y la presidencia en 2026.
“Si lo aprueba el Senado de la República, ellos (el gobierno) tendrán tres meses para organizar las elecciones. Son tres meses en que anticipan su campaña a la presidencia de la república y sus campañas al Congreso. A eso es lo que está jugando, porque ellos saben perfectamente que no llegarán al umbral” necesario para realizar la consulta, afirmó Cepeda.
Tanto el gobierno como los partidos opositores buscan reunir los votos necesarios para definir en los próximos días el futuro de la consulta. En caso de que el Congreso la avale, Petro podrá convocar a los colombianos a las urnas en los siguientes tres meses. Para ser válida, la consulta debe superar los 13 millones de votos, más de los que obtuvo Petro para ser elegido mandatario.
Las 12 preguntas que contiene la consulta popular proponen que el día de trabajo dure un máximo de ocho horas y que se reduzca la jornada laboral diurna para que termine a las 6 de la tarde —lo que implicaría el pago de horas extras—; contempla un recargo del 100% si se trabaja en días de descanso o feriados, privilegia la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido y busca que los trabajadores en plataformas de reparto acuerden un contrato y obtengan pago de seguridad social.
La reforma laboral se hundió en el Congreso dos veces, lo que ha sido considerado por Petro como una "traición al pueblo" por parte de la élite del país. El último fracaso fue en marzo, cuando un grupo de congresistas opositores conformaron una mayoría para archivarla argumentando que generaría pérdida de empleos y no combatiría la informalidad, uno de los principales problemas del país.
