DAKAR, Senegal (AP) — Al menos 100 civiles fueron asesinados en marzo por fuerzas del gobierno de Burkina Faso cerca de la ciudad occidental de Solenzo, informó Human Rights Watch el lunes.
Según testimonios de las víctimas y videos compartidos en redes sociales recopilados por el grupo de derechos, los atacantes eran fuerzas especiales de Burkina Faso y miembros de una milicia progubernamental, los Voluntarios para la Defensa de la Patria. Todas las víctimas eran de etnia fulani, una comunidad de pastores extendida por la región, a la que el gobierno ha acusado durante mucho tiempo de apoyar a milicianos musulmanes.
Un informe anterior de Human Rights Watch indicó que la participación del gobierno era probable debido a la evidencia en video en redes sociales, aunque los hallazgos no eran definitivos. El gobierno rechazó de plano las acusaciones cuando surgieron los primeros reportes, diciendo en un comunicado que "condenaba la propagación, en redes sociales, de imágenes que inducen al odio y la violencia comunitaria, y la información falsa destinada a socavar la cohesión social" en el país.
Ilaria Allegrozzi, investigadora principal del Sahel en Human Rights Watch, afirmó que “los videos virales de las atrocidades cometidas por milicias progubernamentales cerca de Solenzo enviaron ondas de choque a través de la región del Sahel en África, pero solo contaban parte de la historia. Investigaciones adicionales revelaron que el Ejército de Burkina Faso fue responsable de estas matanzas masivas de civiles fulani, que se vieron seguidas por represalias mortales de un grupo armado islamista. El gobierno debe investigar imparcialmente estas muertes y procesar a todos los responsables”.
Las autoridades de Burkina Faso no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el nuevo reporte del grupo.
La nación sin salida al mar de 23 millones de habitantes ha simbolizado la crisis de seguridad en la árida región del Sahel al sur del Sahara en los últimos años. Se ha visto golpeada por la violencia de grupos extremistas vinculados a Al-Qaeda y al grupo Estado Islámico, y los gobiernos que los combaten.
La junta militar, que tomó el poder en 2022, no logró proporcionar la estabilidad que prometió. Según estimaciones conservadoras, más del 60% del país está ahora fuera del control del gobierno, más de 2,1 millones de personas han perdido sus hogares y casi 6,5 millones necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir.
El ataque en la región occidental de Boucle du Mouhoun, incluyendo Solenzo y otras ciudades, comenzó el 27 de febrero y duró hasta el 2 de abril, involucrando a cientos de tropas gubernamentales y drones, según testigos citados en el informe.
“Los VDP nos dispararon como a animales, mientras los drones volaban sobre nuestras cabezas. Muchas mujeres y niños murieron porque no podían correr”, dijo un pastor fulani, de 44 años, de Solenzo, refiriéndose a las milicias progubernamentales.
Después del ataque, cientos de residentes fulani huyeron a través de la frontera hacia la vecina Mali, según el informe.
“Hoy, en toda la provincia, ya no hay fulani: todos huyeron o fueron asesinados o tomados como rehenes”, dijo un hombre de 53 años de Solenzo. “Pero las otras comunidades (étnicas) permanecen”.
Después de que las fuerzas gubernamentales se retiraron, el informe indicó que combatientes yihadistas de un grupo conocido como JNIM volvieron a entrar en las ciudades y llevaron a cabo asesinatos de represalia contra los residentes, apuntando a los hombres que consideraban colaboradores militares.
“Todos los hombres habían sido ejecutados frente al centro de salud”, dijo una mujer de 60 años que presenció los abusos de JNIM en el pueblo de Tiao, una ciudad al noreste de Solenzo el cinco de abril. “Conté hasta 70 cuerpos”.
Según analistas, la estrategia de la junta de escalada militar, incluyendo el reclutamiento masivo de civiles para unidades de milicia mal entrenadas, ha exacerbado las tensiones entre grupos étnicos.
Es imposible obtener una imagen precisa de la situación en el país ya que los gobernantes militares han instalado un sistema de censura de facto, dijeron grupos de derechos, y aquellos que se atreven a hablar pueden ser abiertamente secuestrados, encarcelados o reclutados a la fuerza en el Ejército.
