BUENOS AIRES (AP) — Un fiscal argentino pidió a un juez el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en una causa relacionada con el lavado de dinero de la corrupción.
El fiscal Guillermo Marijuan solicitó al juez federal Sebastián Casanello sobreseer a Fernández tras considerar que no hay pruebas que demuestran la expresidenta (2007-2015) estuvo involucrada en el lavado de dinero de la corrupción por el que fue condenado el empresario Lázaro Báez a 10 años de prisión.
Báez era el propietario de la empresa Austral Construcciones, una de las grandes firmas favorecidas con contratos durante la gestión de su esposo y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007) y de la actual vicepresidenta.
“En este caso… lo que yo sostengo es que Lázaro y otras personas han lavado pero no encuentro elementos de prueba para vincular en este caso a Cristina Fernández", dijo Marijuan en una entrevista radial el jueves al referirse a la causa conocida popularmente como “Ruta del dinero K”, que data de 2013.
En su escrito al juez, Marijuan dijo que mientras está claro que hubo una “estrecha y directa relación personal” entre Báez y la vicepresidenta, eso no quiere decir que ella estuvo involucrada en las operaciones de lavado por 65 millones de dólares.
“Habiendo transcurrido más de diez años desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha”, escribió Marijuan.
En la entrevista el fiscal explicó que su equipo hizo “un esfuerzo para tratar de reconstruir esto después de varios años y no hemos podido y es lo que corresponde resolver de la manera que estoy haciendo”.
El fiscal insistió que “no puedo tener eternamente causas abiertas o tener la expectativa de que una prueba mágica me va a revertir una situación”.
En diciembre del año pasado otro tribunal condenó a Fernández a seis años de prisión en otra causa por administración fraudulenta que incluyó una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Esa condena todavía puede ser apelada y revisada por tribunales superiores.
