¿Ve Ecuador su salvación en El Salvador?
Tras una semana sacudida por la violencia, algo ha cambiado en el país y no es que hayan parado las muertes. Es el tono de la respuesta oficial que ahora resuena con la misma épica que utilizó el gobierno de Nayib Bukele.
Nunca se había visto un asalto armado en directo en un canal de televisión como el del martes, pero tampoco la reacción institucional que sobrevino: un fuerte despliegue de uniformados con armas largas y tanquetas patrullando en zonas residenciales y reteniendo a cualquiera que considerasen sospechosos.
Uno de los nuevos criterios para que un civil termine con los brazos en alto y sometido a la criba de la fuerza pública es llevar tatuajes, un indicio de pertenencia a banda criminal que se normalizó en los controles policiales del país centroamericano.
AP explica cómo Ecuador ha comenzado a replicar prácticas de política de mano dura e intolerancia a la violencia:
Sin disimulo y con ironía, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dejó claro esta semana cuál es el modelo que va a seguir para combatir la violencia: cárceles de alta seguridad, máxima y super máxima.
“Para todos los Bukele ‘lovers’ es una cárcel igualita, igualita... Si quieren ir, pasear, conocerla, quedarse una noche, pueden ir: cometan un crimen”, describió en una entrevista una semana antes de la nueva secuencia de ataques en el país.
Noboa presentó el jueves los bocetos de dos nuevas prisiones que, aseguró, estarán listas en 10 u 11 meses y que la compañía que las construirá es la misma y "bajo el mismo diseño que hizo las cárceles en México y que las hizo en El Salvador”.
Tendrán guardias anónimos con el rostro cubierto, construcción blindada, triple perímetro de seguridad, autosuficiencia eléctrica y de tratamiento de aguas y con celdas para cuatro, dos y un solo reo, en función de su nivel de peligrosidad.
La camiseta levantada, las piernas del pantalón remangadas y contra la pared. Tener un tatuaje ahora en Ecuador puede ser problemático si se corresponden con los símbolos que acostumbran a tener los miembros de grupos criminales como Los Choneros, Los Lobos o Los Tiguerones.
Los militares, que han asumido ahora las tareas de seguridad interna, registran a cualquiera que les parece sospechoso en sus patrullajes por las calles y zonas residenciales en busca de estas marcas que se han convertido en un indicio delictivo.
Casi 900 personas han sido detenidas en cuestión de días y cerca de un centenar señalados de “terroristas”, según el último reporte del Ejército.
La demostración de la fuerza pública ha sido aplaudida por buena parte de la sociedad ecuatoriana, harta de tener que ceder a su cotidianidad por los recurrentes ataques en los últimos tres años que han dejado tres récords consecutivos anuales de homicidios. El año 2023 cerró con más de 7.600 crímenes, según cifras oficiales, y una tasa de más de 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de la región.
Los ecuatorianos venían reclamando contundencia y mano dura desde los dos gobiernos anteriores a los que reprobaron su política ineficiente de combate a la delincuencia y votaron por el joven empresario Noboa que prometió desplegar un plan de seguridad —el plan Fénix, lo llamó— del que no se han dado a conocer detalles.
En la última semana, al menos cinco delincuentes fueron abatidos, según informaron las Fuerzas Armadas, sin dar explicaciones sobre las circunstancias.
Hoy, las tres principales preocupaciones de los ciudadanos son la inseguridad, el desempleo y la violencia, según encuestas nacionales. Hace seis años, al final del gobierno de Rafael Correa, eran la corrupción, la economía y la inseguridad.
A Bukele, esa fórmula de intolerancia a la violencia le ha granjeado niveles de popularidad entre los salvadoreños de más del 70%, pese a que el estado de excepción vigente desde hace más de un año y medio suspende derechos fundamentales como el de asociación o el de ser informado del motivo de detención.
Noboa, que lleva poco más de mes y medio en el poder, decretó el martes que Ecuador está en “conflicto armado interno”, una decisión de la que no se ha explicado el alcance, pero con la que se catalogó como organizaciones terroristas a las bandas delictivas que operan en el territorio con vínculos con el narcotráfico. Y ha repetido que el país está en “guerra” contra el crimen organizado.
Ahora son un “objetivo militar”, proclamó el comandante de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela.
Un día antes, el presidente había emitido un decreto para declarar el estado de excepción durante 60 días y poder movilizar a los militares a funciones de seguridad. También impuso toque de queda nocturno y suspendió derechos como el de inviolabilidad del domicilio —que permite a la fuerza pública intervenir en casas sin orden judicial— o el de la no intercepción de correspondencia.
Su gobierno, además, ha difundido imágenes de intervenciones en las cárceles, que según las autoridades están en control de los grupos criminales, en las que muestran a los internos en ropa interior, tumbados boca abajo y aglomerados en filas como ha hecho El Salvador cuando presenta el interior de sus prisiones.
En la misma semana, la organización Human Rights Watch se pronunció sobre la declaratoria de “conflicto armado interno” y advirtió que puede poner en riesgo los derechos de los ciudadanos si no se aplica con criterios técnicos.
“¿Tú crees que le tengo miedo a la muerte? Yo me muero aquí parado de pie y con mi pistola en la mano”, iniciaba uno de los vídeos que se publicó en redes sociales desde la cuenta de la policía de Ecuador esta semana, acompañado de imágenes de uniformados fuertemente armados en una muestra de autoridad.
Pese a los cuestionamientos por corrupción y contaminación de agentes que arrastra el cuerpo policial desde hace años, el gobierno pidió respaldo ciudadano a los cuerpos de seguridad. Y en una muestra de apoyo a los controles callejeros, algunos ecuatorianos entregaron agua y comida a quienes patrullaban las calles.
Varios detenidos fueron presentados junto con el arsenal de armas y municiones incautado ante los medios en una rueda de prensa de los mandos militares.
Noboa también ensalzó el rol de la fuerza pública y, negando cualquier tipo de negociación o diálogo con los cabecillas de los grupos criminales, les retó a enfrentar al Ejército.
“Yo les doy el indulto a esos líderes, salgan a la calle, enfrenten a los militares y no quieren salir ahora”, contó en un entrevista radial. “Eso no había pasado nunca”, aseguró. "Estaban acostumbrados a que ellos atemorizaran al gobierno, atemorizar a la ciudadanía. Ahora ese miedo tiene que estar en ellos".
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Sara España es editora del servicio en español de The Associated Press en Ciudad de México.
