MIAMI (AP) — El listado de departamentos de policía local y agencias estatales que se han unido a la campaña del presidente Donald Trump para llevar a cabo deportaciones masivas ha aumentado a más de 500, y casi la mitad están en Florida.
Esa cooperación se pondrá de manifiesto el jueves, cuando el gobernador del estado, Ron DeSantis, se una a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para promocionar una operación que, según las autoridades, resultó en alrededor de 800 arrestos de migrantes en menos de una semana.
La policía local puede arrestar a migrates y detenerlos por incumplimiento de las leyes migratorias en virtud de acuerdos específicos. En diciembre, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tenía 135 acuerdos en 21 estados. Ahora se han incrementado a 506 en 38 estados, con otras 74 agencias pendientes de aprobación.
A medida que el gobierno de Trump intensifica la cooperación con agencias estatales y locales, da pasos para tomar represalias contra aquellas que limitan su ayuda a las autoridades migratorias. El presidente firmó el lunes una orden ejecutiva para publicar una lista de jurisdicciones "santuario" y reiteró sus amenazas de presentar cargos penales contra funcionarios estatales o locales que obstaculicen a la política federal.
Quienes se oponen a que los funcionarios locales se involucren en la aplicación de las normas migratorias sostienen que la práctica viola una cláusula de la Constitución que atribuye la responsabilidad de hacerlo a las autoridades federales, no a las estatales.
“Se están encontrando métodos para aterrorizar a las comunidades”, dijo Katie Blankenship, abogada de inmigración y cofundadora de Sanctuary of the South, que agregó que los agentes locales no están capacitados para manejar asuntos migratorios “de manera justa”.
ICE, que cuenta con alrededor de 6.000 agentes de deportación, necesita ayuda para lograr el objetivo de Trump de expulsar del país a muchos de los aproximadamente 11 millones de personas que no tienen la documentación en regla, de acuerdo con estimaciones conservadoras.
Texas, cuyo gobernador republicano, Greg Abbott, es un estrecho aliado de Trump en materia de migración, tiene registrados 76 acuerdos que lo convierten en el segundo estado con más pactos. Incluyen uno firmado el 10 de abril con la Guardia Nacional estatal. Además, ha alcanzado otro con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para que sus efectivos de la Guardia Nacional practiquen detenciones en la frontera.
Georgia y Carolina del Norte también se han unido a la causa de Trump, pero ningún estado se acerca al nivel de cooperación de Florida, donde se han adherido agencias de los 67 condados. Algunas de las instituciones participantes parecen tener, en el mejor de los casos, poco que ver con la aplicación de la ley de inmigración, como el Departamento de Lotería y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre.
Durante el gobierno del expresidente Joe Biden no se firmó ningún acuerdo de este tipo. Muchos de los nuevos pactos se ajustan a un “modelo de fuerza operativa” por el cual la policía arresta a migrantes en calles y en comunidades, en lugar de al “modelo de aplicación de la ley en cárceles” por el cual ICE solo aprehende a personas que ingresan en cárceles o prisiones estatales y locales.
Según las autoridades en Florida, muchas agencias locales todavía están esperando capacitación federal. Sin embargo, las últimas detenciones de ICE, dentro de lo que la agencia ha bautizado como “Operación ola gigante”, muestran cómo pueden aumentar los roles estatales y locales.
Unos 80 oficiales de la Patrulla de Carreteras de Florida participaron en un operativo contra gente en Jacksonville, Orlando y Tallahassee, así como en los condados de Broward y Miami-Dade, explicó Bill Smith, presidente de la sección de la FHP de la Asociación Benéfica de la Policía de Florida. Un portavoz de la Patrulla de Carreteras no respondió a preguntas.
Las autoridades se centraron en personas con órdenes definitivas de deportación y detuvieron a otras con órdenes de arresto pendientes por delitos anteriores, como conducir bajo los efectos del alcohol o sin licencia, agregó Smith.
”¡Florida lidera el país en cooperación activa con el gobierno de Trump para la aplicación de la ley de inmigración y operaciones de deportación!”, manifestó DeSantis después de que ICE anunciara los arrestos el sábado.
Algunos defensores de los inmigrantes señalaron que la mayoría de las detenciones fueron realizadas por policías locales y patrulleros estatales, no por ICE. Los afectados fueron arrestados durante controles de tráfico o a la salida del trabajo. Algunos no tenían antecedentes penales y habían solicitado asilo, o tenían permiso de trabajo, según los activistas.
Jessica Ramírez, coordinadora general de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, apuntó que la mayoría de los arrestados eran hombres. En algunos casos, aunque no muchos, los funcionarios de ICE llamaron a sus casas, añadió.
“La gente tiene muchísimo miedo de salir y manejar, miedo a la policía”, dijo Ramírez. “La recomendación es que manejen con precaución, siguiendo las reglas, y no den motivos para que la policía los pare”.
Chica, una mujer guatemalteca de 25 años que pidió ser identificada únicamente por su primer nombre por temor a ser detenida, contó que Fernando, su pareja y padre de su bebé de tres meses, fue detenido el viernes por la mañana mientras iba en un auto con otros tres inmigrantes hacia su trabajo en la construcción. No ha sabido de él desde entonces.
“Amor, la policía nos agarró”, le escribió Fernando, un guatemalteco de 20 años, el viernes a las 7:47 de la mañana
Chica apuntó que tenía una solicitud de asilo pendiente y permiso de trabajo. La policía le pidió al conductor del vehículo que mostrara su licencia, pero no tenía. Los agentes detuvieron entonces a los cuatro ocupantes, incluyendo Fernando, que llegó a Estados Unidos solo en 2020.
"Me preocupa mucho. No puedo creer que lo hayan agarrado”, contó China, que ahora está considerando regresar a Guatemala. “Me da miedo que lo deporten y yo me quede aquí sin la ayuda de nadie”
Grady Judd, jefe de la policía del condado de Polk, en el centro de Florida, calificó el operativo como una “gota en el océano” y expresó su frustración con lo que calificó como la incapacidad del gobierno federal para llevar a cabo arrestos y deportaciones a mayor escala.
“La razón por la que creo que se estaban enfocando en aquellos listos para ser deportados es que no hay lugar para poner a tanta gente", afirmó Judd. “Estamos ansiosos por cooperar con ellos. Pero es un sistema y proceso del gobierno federal. Y no está cambiando muy rápido".
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Payne informó desde Tallahassee, Florida.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
