SAN SALVADOR (AP) — Nayib Bukele, que busca la reelección como presidente de El Salvador a pesar de una prohibición constitucional, será el anfitrión de un foro virtual el miércoles donde promete aclarar conceptos y derribar dogmas impuestos a América Latina, así como responder preguntas de toda la región.
A pesar de que la Constitución prohíbe la reelección presidencial, una resolución de 2021 de la Corte Suprema habilitó a Bukele para volver a presentarse en los comicios del 4 de febrero, lo que fue refrendado por el Tribunal Supremo Electoral. Según aquel fallo Bukele debía pedir una licencia de seis meses antes de finalizar su periodo para poder participar en la contienda.
El mandatario goza de un permiso del Congreso para dejar temporalmente el cargo. En los últimos días ha tenido escasa presencia en público, pero se mantiene muy activo en las redes sociales donde se dedica a promocionar su imagen resultando en una de las figuras políticas más controversiales de la región.
El promocionando “éxito” de sus políticas de seguridad has trascendido y provocado que en varios países de la región surjan candidatos que intentan copiar su discurso y algunos hasta han dicho que “quieren un Bukele” en sus países.
“Hablemos de lo que no hablan los medios… Los espero, en un Space para aclarar conceptos y botar algunos de los dogmas impuestos a Latinoamérica. Abriremos el micrófono a preguntas de todo el continente”, anunció Bukele en la red social X.
Sus políticas de mano duran contra las pandillas a las que en marzo de 2002 les declaró “guerra”, son consideradas por su gobierno como efectivas al bajar los índices de criminalidad en el país centroamericano, pero también le han generado críticas internacionales sobre las violaciones de derechos humanos.
Bukele siempre ha rechazado las críticas y recomendaciones de organismos internacionales y hasta los ha acusado de defender a los “terroristas” de las pandillas que por décadas han aterrorizado al país imponiendo su ley de “ver, oír y callar” en barrios y comunidades populosos.
Y hoy asegura que “El Salvador es oficialmente el país más seguro de toda Latinoamérica”.
En su último discurso ante en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pregonó su fórmula de represión contra las pandillas y dijo que si El Salvador hubiera escuchado a las críticas externas, volvería a ser la capital del asesinato.
“Hoy vengo a decirles que el debate terminó”, dijo Bukele en la ONU. "Las decisiones que tomamos fueron correctas. Ya no somos la capital mundial de la muerte y lo logramos en un tiempo récord. Hoy somos un modelo de seguridad y nadie lo puede dudar. Ahí están los resultados. Son irrefutables”.
El 27 de marzo de 2022, cuando se registraron 62 homicidios en un día, el Congreso aprobó un estado de excepción que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y de la razón de su arresto, así como de recibir asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes considere sospechosos.
El Parlamento también reformó el Código Penal para que los integrantes de las pandillas, o cualquier otra organización delictiva, puedan ser condenados a penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas de esos grupos podrían enfrentar sentencias de 45 a 60 años de cárcel.
El gobierno asegura que las medidas extraordinarias han sido exitosas y que se ha capturado a 74.000 personas de las cuales los jueces han liberado a más de 7.000 debido a la falta de pruebas para establecer sus vínculos con las pandillas.
En 2015, El Salvador era considerado uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2023, la Policía Nacional Civil contabilizó 214 muertes violentas, que incluyen las de 37 presuntos pandilleros que fallecieron en supuestos enfrentamientos con la policía y fuerza armada.
Pero, según un informe de Amnistía Internacional, desde la vigencia del estado de excepción y hasta octubre se han registrado 327 desapariciones forzadas y la ONG Socorro Jurídico Humanitario aseguró que 218 salvadoreños “han muerto por tortura o falta de tratamiento médico en las cárceles que son centros de tortura y muerte”.
Las llamadas maras o pandillas están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, pero además extorsionan a comerciantes y empresas del transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar.
En 2012 el gobierno estadounidense incluyó a la Mara Salvatrucha (MS-13), en una lista de organizaciones criminales. Tres años después, la Corte Suprema salvadoreña la declaró terrorista, así como a la pandilla Barrio 18.
