RÍO DE JANEIRO. Un panel del Congreso de Brasil acusó el miércoles al expresidente Jair Bolsonaro de instigar los disturbios del 8 de enero y recomendó que se le formulen cargos por intentar un golpe de Estado.
Una comisión investigadora integrada por senadores y diputados, la mayoría de ellos aliados del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva — quien derrotó por un margen mínimo a Bolsonaro en los comicios del año pasado — aprobaron por votación de 20-11 adoptar el reporte de la senadora Eliziane Gama.
Recomendación, por ahora
La medida fue mayormente simbólica porque representa apenas una recomendación para que la policía y la fiscalía lleven a cabo una pesquisa, mientras que funcionarios policiales ya han iniciado una investigación por separado en torno a la posible participación de Bolsonaro en el levantamiento del 8 de enero.
Bolsonaro ha negado cualquier participación en los disturbios, los cuales ocurrieron más de una semana después de que el ahora exmandatario salió discretamente del país rumbo a Florida mientras se negaba a asistir a la investidura de Lula.
“Es completamente tendenciosa”, dijo Bolsonaro el miércoles sobre la investigación. “Es un disparate”.
Una semana después de que Lula asumió la presidencia, miles de simpatizantes de Bolsonaro irrumpieron en el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el palacio presidencial, rehusándose a aceptar su derrota electoral. Superaron barricadas de seguridad, subieron a techos, rompieron ventanas e invadieron edificios públicos.
En ese momento, muchos analistas especularon que la revuelta fue un esfuerzo coordinado para derrocar a Lula, y que no pudo suceder sin complicidad de algunos miembros de la policía y las fuerzas armadas. El reporte de Gama encaja con dichas declaraciones, y fue más allá al asegurar que fue Bolsonaro el que orquestó todo.
El reporte recomienda que Bolsonaro sea acusado de cuatro cargos en total, entre ellos intentar derrocar a un gobierno constituido legítimamente e intentar derrocar un régimen democrático. También incluye una serie de cargos en contra de decenas de aliados de Bolsonaro, entre ellos exministros, mandos militares y agentes de policía.
La lista incluye al general Braga Netto, que sirvió como ministro de Defensa de Bolsonaro y después como su compañero de fórmula; Anderson Torres, exministro de Justicia y secretario de seguridad pública en Brasilia; el general y exministro de Seguridad Institucional Augusto Heleno; el exjefe de gabinete y general Luiz Eduardo Ramos y el responsable de la armada y las fuerzas armadas y de defensa de Brasil.
Se culpa a la policía y al ejército de no desalojar los campamentos ilegales en varias ciudades brasileñas, donde los manifestantes pasaron varias semanas reclamando una intervención militar, y por su permisividad con los manifestantes el 8 de enero.
“En la historia de Brasil no recuerdo una (pesquisa en el Congreso) que incluyera a tantos oficiales de alto rango”, dijo Eduardo Heleno, profesor de relaciones militares-civiles en la Universidad Federal Fluminense. Los esfuerzos del reporte por recalcar el supuesto papel del ejército en los disturbios, aunque fuera de forma pasiva, es un gran contraste con la Ley de Amnistía de 1979, que dio la espalda a las violaciones de derechos humanos durante la dictadura, explicó.
“Sin miedo. Así es como terminamos esta (investigación), porque el valor es la materia prima de la civilización. Sin amnistía, para que nunca vuelva a ocurrir y para que nunca olvidemos lo que ocurrió”, afirmó el miércoles el senador Randolfe Rodrigues antes de votar a favor del reporte.
Nara Pavão, profesora de ciencias políticas en la Universidad Federal de Pernambuco, dijo que la votación del miércoles fue un paso importante hacia la rendición de cuentas “a pesar de ser simbólica”.
“Es muy importante haber sido capaces de tomar acciones contra lo sucedido”, subrayó.
Informe ante el Congreso
El reporte de 1.300 páginas es fruto de meses de investigación de parte de una comisión que interrogó a cerca de una veintena de personas y recolectó cientos de documentos, incluidos estados de cuenta bancarios, registros telefónicos y mensajes de texto.
Incluye un recuento detallado al minuto sobre la tarde en la que miles de partidarios de Bolsonaro irrumpieron en los principales edificios de gobierno de la capital luego de una marcha que comenzó alrededor de la 1 de la tarde.
Pero el panel también se sumergió en los meses y años previos a los eventos, y abordó la creciente división y los intentos reiterados de Bolsonaro de poner en tela de juicio la fiabilidad del sistema de votación electrónica del país, el cual aseguró que era propenso al fraude, aunque nunca presentó evidencia alguna.
Bolsonaro “no sólo instrumentalizó a los organismos, instituciones y agentes públicos, sino que también sacó provecho de la vulnerabilidad y esperanza de miles de personas”, indica el reporte.
