Los fiscales generales de 19 estados y Washington, D.C., impugnaron los recortes al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS), afirmando que la masiva reestructuración de la administración Trump ha destruido programas que salvan vidas y ha dejado a los estados con la carga de afrontar crecientes crisis de salud.
La demanda fue presentada en un tribunal federal en Rhode Island, manifestó la fiscal general estatal de Nueva York, Letitia James. Los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Michigan, Maryland, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia se unieron a la queja.
El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., reestructuró la agencia en marzo, eliminando más de 10.000 empleos y reduciendo 28 agencias bajo el extenso paraguas del HHS a 15, dijeron los fiscales generales. Según la demanda, otros 10.000 empleados ya habían sido despedidos por la administración del presidente Donald Trump, y en conjunto, los recortes despojaron al 25% de la fuerza laboral del HHS.
“En sus primeros tres meses, el secretario Kennedy y esta administración privaron a HHS de los recursos necesarios para hacer su trabajo”, escribieron los fiscales generales.
Kennedy ha dicho que busca simplificar las agencias de salud pública del país y reducir redundancias entre ellas con los despidos. Los recortes se realizaron como parte de una directiva que la administración ha denominado “Hacer a Estados Unidos Saludable de Nuevo”.
El HHS es una de las agencias federales más costosas del gobierno, con un presupuesto anual de aproximadamente 1,7 billones de dólares que se gastan principalmente en cobertura de salud para millones de personas inscritas en Medicare y Medicaid.
James, quien lidera la demanda, calificó la reestructuración como un “ataque amplio e ilegal” que pondría en peligro vidas.
“Esto no es reforma gubernamental. Esto no es eficiencia”, expresó James durante una conferencia de prensa el lunes.
Los recortes han dejado a los laboratorios con pruebas limitadas para algunas enfermedades infecciosas; no se está dando seguimiento a estudios de cáncer; los programas de aprendizaje infantil no tienen certeza sobre fondos futuros y han cerrado programas de salud materna, dicen los fiscales generales. Los recortes en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) también han obstaculizado la capacidad de los estados para responder a uno de los mayores brotes de sarampión en años recientes, dice la demanda.
“Este caos y abandono de las funciones centrales del departamento no fue un efecto secundario no intencionado, sino más bien el resultado intencionado”, de la “Directiva MAHA”, dijeron en referencia a las siglas en inglés del lema “Hacer a Estados Unidos Saludable de Nuevo”. Ellos quieren que un juez anule la directiva porque dicen que la administración no puede eliminar unilateralmente programas y fondos que han sido creados por el Congreso.
La reestructuración eliminó a todo el equipo de personas que mantienen las pautas federales de pobreza utilizadas por los estados para determinar si los residentes son elegibles para Medicaid, asistencia nutricional y otros programas. Una agencia de prevención del tabaco fue desmantelada. La pérdida de personal también fue significativa en la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias.
La administración Trump ya enfrenta otros desafíos legales por los recortes aplicados a agencias de salud pública y organizaciones de investigación. Una coalición de 23 estados presentó una demanda federal en Rhode Island el mes pasado por la decisión de la administración de recortar 11.000 millones de dólares en fondos federales para iniciativas de COVID-19 y varios proyectos de salud pública en todo el país. ___
Boone informó desde Boise, Idaho, y Seitz desde Washington, D.C.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
