Vicentin presentó ante el juzgado civil y comercial de Reconquista, Santa Fe, una propuesta de quita del 75 por ciento del capital para el pago de la deuda de 1.400 millones de dólares que tiene con 1.727 acreedores, con un plazo de repago de 20 años.
Se trata de una formalidad administrativa que el apoderado de la empresa, Guido Ferullo, presentó ante el juzgado que conduce Fabián Lorenzini, ante la inminencia que impone la ley de 20 días hábiles previos al 3 de septiembre, fecha en la que vence el plazo para entregar la propuesta.
El planteo admite que la misma se lleva a cabo “al solo efecto de cumplir con este acto procesal perentorio”, para evitar así un posible salvataje.
De hecho, la presentación se hizo porque el juez Lorenzini todavía no se expidió sobre el pedido de prórroga que solicitó la empresa hasta el 31 de marzo de 2022 para presentar un plan de pagos.
El documento está publicado en el expediente de la causa y lleva la firma de Omar Scarel, presidente del directorio de Vicentin.
Fuentes ligadas a la causa dijeron a Télam que “el contenido de la propuesta es inaceptable” por los principales acreedores, el Banco Nación y entidades financieras internacionales, como así también para la mayoría de los acreedores granarios.
Esto es así porque la empresa pagaría el 25 por ciento de la deuda bruta –sin intereses compensatorios ni punitorios– con obligaciones negociables (ON) en dólares y pesos y a 20 años, una emisión que la Comisión Nacional de Valores (CNV) debería aprobar y que no tiene otro papel similar de una empresa en el mercado de capitales local, lo cual haría difícil encontrar compradores.
Las ON devengarían intereses calculados sobre saldos del 0,5 por ciento anual en el caso de los tramos dolarizados y tasa Badlar para los pesificados, lejos de los retornos que pagan otras empresas argentinas en dólares (de entre 7 y 11 por ciento anual) y por debajo de la inflación, superior al 50 por ciento interanual según las últimas cifras del Indec.
Vicentin entró en default en diciembre de 2019, lo que derivó en el concurso preventivo.
En abril último, el Banco Central (BCRA) suspendió a la empresa para la operación en el mercado de cambios y la realización de pagos al exterior, luego de que se confirmara que mantiene una deuda de 140 millones de dólares por exportaciones realizadas en 2019 que nunca fueron liquidadas.
