La inflación, que en abril acumuló en Córdoba un incremento anual de casi 102% con proyección de aceleración, explica buena parte de la corrosión de ingresos. Pero no toda: las remuneraciones acusan además el impacto de los profundos cambios que se vienen acelerando en el mercado de trabajo, marcado por el avance de la informalidad y el cuentapropismo.
Un proceso muy gráfico en ese sentido es el avance de la llamada “economía popular” en Córdoba, puesto en números por una reciente investigación interdisciplinaria de Conicet, las universidades nacionales de Córdoba y de Río Cuarto y otras instituciones; difundida por Unciencia. “Estudio interdisciplinario de la economía popular en la Provincia de Córdoba: generación de conocimiento y herramientas de intervención orientadas al ámbito público”, se titula.
El trabajo revela que una de cada cuatro personas económicamente activas en Córdoba es trabajadora de la economía popular, es decir, se gana la vida fuera del mercado laboral formal apelando a changas, pequeños emprendimientos, trabajo en cooperativas o como cuentapropista no registrado. Entre ellos, el ingreso promedio está 50% por debajo del de quienes trabajan en el sector formal pero un 23% arriba de otra franja de mayor precariedad aún: los “empleados” informales.
Parte de este colectivo que se defiende con autoempleo son los casi 5.500 feriantes que llenan los 63 “Paseos de la Economía Popular” formalizados por la municipalidad de Córdoba, o nutren las 10 cuadras de la feria informal de calle Bulnes, por citar sólo un ejemplo.
La investigación interdisciplinaria precisa que el 30% de quienes trabajan en la economía popular en Córdoba se dedican al comercio por mayor y menor; 14% a la construcción; 10% a los servicios personales (limpieza de prendas y calzado, estética y peluquería, entre otros), 8% al sector industrial y ramas asociadas y 38% a una variedad de actividades englobadas en “otras” (como agropecuaria, recolección de residuos, transporte, logística, enseñanza, entre otras).
Por el nivel de ingresos que logran reunir, el 46% se encuentra bajo la línea de pobreza.
Y dos datos que contradicen nociones instaladas: el estigma de “planeros” con que se castiga al sector y su perfil altamente feminizado.
El estudio revela que sólo 30% de los trabajadores de la economía popular recibe algún tipo de ayuda social, es decir, la enorme mayoría se sustenta completamente por ingresos generados en el mercado. Y del total, 57% son varones, con gran cuota de sujetos mayores a 46 años; un grupo que transitó el deterioro del mercado laboral desde los años ‘90.
