Concluido el primer año de mandato de Milei, cabe preguntarse cómo les fue a los jubilados. Los datos disponibles evidencian diferencias importantes entre quienes perciben la jubilación mínima y aquellos que reciben ingresos medios.
En promedio, durante 2023, el haber mínimo con bono del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) equivalía a $ 281 mil (valores ajustados a noviembre de 2024). En noviembre de este año, la mínima fue de $ 252.800, pero alcanzó $ 322.800 gracias al bono de $ 70 mil otorgado por el Gobierno, lo que representa un aumento del 14% en términos reales. En contraste, el haber medio cayó de $ 455 mil en 2023 a $ 450 mil, y refleja una baja del 1%.
Este bono extraordinario, que se ha venido otorgando a lo largo del año, alivió momentáneamente la situación de los jubilados que perciben el ingreso mínimo, pero generó un achatamiento en la pirámide previsional, afectando especialmente a quienes están en el rango medio.
El deterioro acumulado: ¿cómo llegamos aquí?
Tomando como referencia los últimos cinco años, desde 2021, el poder adquisitivo de las jubilaciones ha caído significativamente. Este deterioro se aceleró en 2024, cuando la inflación alcanzó tasas mensuales de dos dígitos, lo que llevó los ingresos reales de los jubilados a mínimos históricos.
En febrero de 2024, la jubilación mínima, sin considerar bonos, era un 54% inferior al haber de enero de 2021, ajustado a precios actuales. La jubilación media, por su parte, sufrió una caída del 51% en el mismo período.
Para mitigar este escenario, el Gobierno decretó una nueva fórmula de movilidad mensual basada en un ajuste por inflación de dos meses anteriores. Adicionalmente, otorgó un aumento del 12,5% como compensación por la inflación de enero, que se perdía por la nueva fórmula, aunque este fue insuficiente frente a una inflación mensual del 20,6%.
Estas medidas plantean dos problemas principales. Primero, el empalme incorrecto genera una debilidad jurídica en la fórmula de movilidad, fomentando la litigiosidad. Para resolverlo, sería necesario un aumento adicional del 7,2% que cubriera la inflación de enero. Segundo, basar los ajustes únicamente en la inflación perpetúa las pérdidas acumuladas, al no incluir incrementos por encima de esta, que permitan recuperar el poder adquisitivo. En otras palabras, estas medidas estabilizan el poder adquisitivo, pero no revierten su deterioro.
Problemas estructurales: más allá de la movilidad
El deterioro del valor real de las jubilaciones no se explica únicamente por la fórmula de movilidad. Los problemas del sistema previsional son mucho más profundos y complejos y, por lo tanto, demandan un ordenamiento integral del sistema.
El primero de estos desafíos es la existencia de múltiples regímenes especiales que generan inequidades al otorgar beneficios desproporcionados a ciertos grupos. Además, las moratorias previsionales, diseñadas como una solución a la informalidad laboral, han incrementado el déficit estructural. Con el esquema actual, muy pocas personas se jubilan con el régimen general y con 30 años de aportes.
En este sentido, resulta fundamental eliminar los regímenes especiales, diseñar un esquema proporcional a los años de aportes en lugar del requisito fijo de 30 años, y mejorar la Puam y las reglas para convivientes.
Mientras tanto, es urgente que la movilidad mensual basada en la inflación esté determinada por ley, y que se establezca una compensación para quienes no accedieron a moratorias. Asimismo, se debe instruir a la Anses para cumplir con los juicios previsionales y saldar deudas con las provincias. Solo así se podrá avanzar hacia un sistema previsional justo y sostenible en el tiempo.
