Los precios en la economía tienen una doble función: incentivar la producción e inducir un consumo responsable. Cuando se elimina la percepción de los costos, como ocurre con la gratuidad, se corre el riesgo de generar sobreconsumo, una dinámica bien ilustrada en el caso de la electricidad. Las tarifas bajas desalentaron la inversión de las empresas eléctricas y estimularon el consumo excesivo, lo que derivó en recurrentes cortes de luz.
El caso de los medicamentos plantea una pregunta similar: ¿la gratuidad promueve el consumo excesivo? Aunque no existe información oficial concluyente, los datos de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares 2017-2018 del Indec ofrecen indicios. Las familias con cobertura de obra social o prepaga gastan un 3% de su presupuesto en medicamentos, mientras que aquellas sin cobertura destinan sólo un 1,7%. Dado que las familias con cobertura pagan aproximadamente entre el 50% y el 60% del precio, el gasto total real de estas familias sería del 6%, más del triple que las familias sin cobertura.
Si bien los datos podrían sugerir que la familias sin cobertura están subconsumiendo, que la diferencia con las familias con cobertura sea de más de 3 veces es muy sugerente de que estas últimas pueden estar sobre-consumiendo medicamentos. En otras palabras, la distribución indiscriminada de medicamentos gratuitos puede estar generando un consumo exagerado de remedios.
El riesgo del sobreconsumo: La iatrogenia
El consumo excesivo de medicamentos no es un problema menor. La iatrogenia, definida como los efectos secundarios negativos provocados por tratamientos médicos legítimos, es un riesgo inherente incluso en medicamentos bien prescritos. Cuando tanto médicos como pacientes no enfrentan restricciones de costos, el consumo puede volverse innecesario o excesivo, incrementando el riesgo de efectos secundarios adversos.
Una política sanitaria eficaz no sólo debe garantizar el acceso a medicamentos, sino también promover su uso responsable. Esto implica evitar la gratuidad total salvo en casos excepcionales, como pacientes que carecen de los recursos económicos para costear tratamientos esenciales.
La distribución gratuita de medicamentos no sólo genera riesgos para los pacientes, sino también para el sistema de salud en su conjunto. Por un lado, crea rentas desproporcionadas para las empresas farmacéuticas, que ven aumentada la demanda sin incentivos para ajustar precios. Por otro lado, lo que el sistema previsional gasta en medicamentos se traduce en menos recursos disponibles para pagar honorarios médicos o invertir en infraestructura sanitaria.
¿Qué es una buena política de medicamentos para personas mayores?
La clave para una política de medicamentos sostenible y equitativa es encontrar un balance que evite tanto el subconsumo como el sobreconsumo. Un enfoque razonable sería diferenciar la cobertura según el costo y la naturaleza del medicamento. Los medicamentos de bajo precio podrían financiarse completamente con gasto de bolsillo; los de precio medio, con un esquema compartido entre pacientes y cobertura (60% y 40%, respectivamente); y los medicamentos costosos o para enfermedades crónicas, con cobertura total. Para los jubilados de bajos ingresos, podría ampliarse el porcentaje de cobertura según necesidad, reduciendo el gasto directo.
El sistema actual del Pami, aunque busca limitar el abuso, no logra este equilibrio. Si bien mantiene la gratuidad para jubilados de bajos ingresos, también fomenta el riesgo de sobreconsumo, no sólo por parte del jubilado, sino de terceros que podrían beneficiarse de la cobertura. Al mismo tiempo, los trámites burocráticos para quienes superan el umbral de ingresos dificultan el acceso a excepciones, penalizando a quienes tienen necesidades legítimas pero no cumplen con los requisitos iniciales.
La reforma del Pami es un paso necesario, pero imperfecto. Si bien busca racionalizar el uso de medicamentos, no aborda completamente el problema del sobreconsumo ni elimina las barreras burocráticas que enfrentan los jubilados en situaciones límite. Una política de medicamentos efectiva debe priorizar el acceso justo y responsable, evitando tanto la gratuidad universal como el sobrecoste para quienes más lo necesitan.
