Javier Milei asumió el gobierno con la promesa de enfrentar los problemas de Argentina. Concentró esfuerzos en resolver uno de ellos: la alta inflación. Hasta ahora, viene cumpliendo con holgura: la inflación pasó del 25,5% en diciembre al 4,2% en mayo. Pocos apostaban a que esto se podría lograr en un semestre. El éxito del plan de estabilización en lograr bajar la inflación tan rápido, algo que hace unos meses sería impensado, no debería subestimarse.
Junto con la baja de la inflación, se genera la sensación de que lo peor ya pasó. Es indudable que el menor ritmo en el crecimiento de los precios genera alivios. Lentamente se recuperan los ingresos (salarios y jubilaciones), reaparece el crédito después de muchos años, aumenta el consumo, empieza a haber más sectores productivos que muestran tendencias positivas.
Pero subsiste la incertidumbre
Simplificando los planteos, estamos frente a un trilema. Tres objetivos deseables, pero mutuamente excluyentes: reducir la inflación, acumular reservas y eliminar el cepo cambiario. El Gobierno ha puesto todas las fichas en bajar la inflación. La evidencia más contundente es que ha comenzado a utilizar reservas para intervenir en el mercado cambiario. La idea subyacente es que baje la brecha cambiaria, es decir que las cotizaciones de los dólares converjan. Cuando se llegue a ese punto, será factible eliminar el cepo.
Se trata de una estrategia arriesgada. La evidencia más objetiva sobre las dudas respecto al éxito del planteo oficial es que el riesgo país no baja. Como el superávit fiscal no alcanza para pagar todos los vencimientos de la deuda, es imprescindible renovar al menos parte de ellos. Pero con un riesgo país tan alto, habría que pagar tasas de interés exageradamente altas. Esta es la lectura que la consultora internacional Moodys, en su último informe, advierte sobre la posibilidad de que la Argentina no cumpla con sus pagos de deuda, lo que podría llevar a una reestructuración. Este pesimismo se fundamenta en que tampoco parece probable que el nuevo financiamiento lo aporte el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyos funcionarios vienen manifestando su creciente desacuerdo en la estrategia cambiaria que sigue el Gobierno.
El desafío de conseguir financiamiento para cubrir partes de los vencimientos de la deuda desplaza, en términos de urgencias, el desmantelamiento del cepo. Pero mantener el cepo tiene asociado dos efectos muy distorsivos. Por un lado, actúa como un impuesto sobre las exportaciones, lo que desalienta la producción en los sectores exportadores; y, consecuentemente, reduce la oferta de divisas. Por otro lado, funciona como un subsidio para las importaciones, estimulando su demanda y aumentando la necesidad de dólares por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Además, esto desalienta la producción en los sectores que compiten con las importaciones.
A partir de este lunes 2 de septiembre, los problemas se intensifican. Tal como se había anticipado, el Ministerio de Economía decidió disminuir en 10 puntos el impuesto Pais, bajándolo del 17,5% al 7,5%. El Gobierno espera que esta baja sea funcional a su principal y único objetivo de bajar la inflación. El lado B es que esta medida implica un aumento en el subsidio a las importaciones, lo que, al reducir su costo, las incentiva aún más. Esto va a complicar aún más a los productores internos que compiten con los importados. Es decir, para los que usan insumos importados es una buena noticia. Pero para los que compiten con importaciones se profundiza el atraso cambiario.
Había otras alternativas. Por ejemplo, bajar el impuesto Pais, devaluar en la misma proporción el tipo de cambio y eliminar el blend para las exportaciones. Es decir, aplicar una devaluación compensada. Esto tendría un impacto neutro para los precios internos, pero generaría menos presión para la producción local que compiten con importaciones. En cambio, la opción del Gobierno es poner todas las fichas en bajar la inflación, aunque esto implique aumentar la presión que genera la apreciación del tipo de cambio.
El planteo oficial es que la competitividad no se gana con devaluación, sino con aumentos en la productividad. Esto no solo demanda redoblar esfuerzo en el sector privado. Es crucial que el Estado ofrezca estabilidad macroeconómica y un entorno más favorable a la producción, la inversión y la creación de empleo. Esto implica avanzar con los 10 puntos del “Pacto de Mayo”. Entre los puntos clave, eliminar los malos impuestos.
Los riesgos de apostar todo a bajar la inflación
Estamos frente a una muy compleja paradoja. El plan de estabilización está diseñado para eliminar rápidamente la inflación. Pero, hasta ahora, esto no es percibido como posible. Un nivel de riesgo país que hace inviable renovar vencimientos de la deuda es la evidencia más clara de que el plan no luce consistente o, al menos, es percibido como muy arriesgado.
La manera de aumentar la credibilidad es aumentar el ritmo en el proceso de reformas. Pero esto demanda un nivel de pericia política y capacidad operativa que hasta ahora el Gobierno no ha demostrado tener. El problema no es la orientación de los cambios, sino las enormes dificultades que se enfrentan en la instancia de llevarlos a la práctica.
El plan de estabilización demanda un ritmo de reformas mucho más rápido del que se viene mostrando. Mientras estos ritmos no converjan, la presión va en aumento. Es de decisiva importancia resolver la divergencia de ritmos. O se le encuentra la vuelta para acelerar el ritmo de las reformas, o bien se flexibiliza el plan de estabilización aceptando que no es posible reducir tan rápido la inflación. Seguir con ritmos tan diferentes llevará a seguir acumulando tensiones que, en algún momento, se hacen insostenibles.
