La semana pasada trajo el peor dato económico del año. Por primera vez desde que se creó, el relevamiento de expectativas del mercados (REM), que elabora el Banco Central de la República Argentina (BCRA), proyectó para todo 2022 una inflación de tres dígitos: 100,3%. El mercado ya esperaba este nivel de suba en los precios de la economía, pero es el primer organismo oficial que lo avala.
Esto no es un problema del actual Gobierno, sino resultado de una escalera a la cual las políticas económicas de cada presidente fueron agregando un peldaño ascendente.
Según datos de Idesa elaborados para La Voz, la inflación mensual promedio de la segunda presidencia de Cristina Kirchner fue de 2,12%, aunque en enero de 2014 llegó a un pico de 4,61%.
Con Mauricio Macri, el promedio trepó a 2,85% mensual, con 7% como su punto más alto en abril de 2016.
Y finalmente, en los casi tres años de Alberto Fernández, la inflación mensual promedio se ubicó en 3,6%, con el pico más alto en julio pasado, de 7,41% mensual.
Fue cuando Martín Guzmán dejó su puesto al frente del Ministerio de Economía; su salida pareció un fenómeno puntual provocado por la incertidumbre que generó el recambio, primero por Silvina Batakis y luego por el actual titular de Hacienda, Sergio Massa.
Pero en agosto la inflación mensual también llegó a 7% y para septiembre se espera un nivel similar. La canasta del Centro de Almaceneros de Córdoba subió el mes pasado 6,8%, mientras que la consultora Focus Market advirtió subas en alimentos de 7,6%, por encima del indicador general de variación de precios, que llegó a 6,8% para el mismo mes.
“El problema es que, después de la salida de Guzmán, nos hemos acostumbrado a una inflación del 6% al 7% mensual y nada hace pensar que baje”, explica Germán Romero, gerente del Centro de Almaceneros, que hasta la semana pasada proyectaba un incremento de los precios para este año de 97%.
Fallas de Estado
Lo curioso es que tres gobiernos con perfiles políticos diferentes hayan contribuido a la misma tendencia creciente.
La inflación es el aumento del conjunto de los precios de una economía en un período sostenido de tiempo.
En general, se apunta como causa al aumento en la cantidad de dinero por encima del avance real de la economía. Así, por ejemplo, el mundo retornó a niveles de inflación que no tenía desde hacía 40 años por la emisión monetaria durante la pandemia de Covid.
En Argentina, esta causa está ligada a que el gasto público sube más que los ingresos del Estado, lo que genera un déficit fiscal que se financia con emisión de dinero o de deuda. Ambos tienen el mismo efecto.
“La madre de todas las batallas es el déficit fiscal. El gobierno anterior lo financió con emisión de deuda. El actual lo hace emitiendo moneda. Si se quiere lograr que esto no se desboque, primero hay que eficientizar el gasto público y luego ir a un ajuste a fondo”, advierte Enrique Neder, profesor de Economía Monetaria y Macroeconomía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Según Jorge Vasconcelos, economista Ieral, la denominada “base monetaria amplia” (que a la cantidad de dinero suma los pasivos remunerados del BCRA, o sea las Leliq), que en mayo se expandía al 50% interanual, ahora lo hace al 79%.
Además de elevar el gasto público, el problema es que además cada gobierno fue agregando políticas que desestabilizan la macroeconomía y elevan más aún la inflación: cepo al dólar genera mercados paralelos a una cotización mayor que el oficial; la restricción a las importaciones reduce la competencia; los controles de precios distorsionan los precios relativos, y la mayor presión impositiva eleva los costos de la producción.
La situación se complica aún más cuando, en administraciones como la actual, no hay acuerdo en torno a la inflación.
“El Gobierno tiene una visión dual frente a la evolución de los precios de los alimentos. Mientras Cristina Kirchner propone más control sobre la empresas productoras y supermercados, desde el área de Economía se intenta estabilizar la macroeconomía para generar más previsibilidad sobre intentos de desaceleración futura. La inflación en alimentos viaja al 90% interanual, con una suba promedio mensual de 6,2% (para el período enero-septiembre de este año), mientras en el promedio de América latina es de 1,3%”, señala Damián Di Pace, director de Focus Market.
La semana pasada, en el marco del Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (Coloquio UIC), la economista Diana Mondino, presidenta de Banco Roela, y su colega Ricardo Arriazu advirtieron que, con esta coyuntura, la espiral de precios, salarios y recaudación de impuestos ha comenzado a aumentar su velocidad, porque ningún sector (empresas, trabajadores y el propio Estado) quiere perder y todos quieren ganar haciendo ajustes a sus ingresos con períodos cada vez más cortos de tiempo.
El problema es que el Gobierno nacional “se quedó sin anclas para la inflación”, explica Mondino. Hasta el acuerdo con el FMI, las anclas eran el dólar oficial y los valores de los servicios públicos. Ahora, aparece una más peligrosa: el nivel de actividad económica.
Según el indicador de actividad construido por Ieral, sobre la base de la recaudación de impuestos asociados al mercado interno, el PIB habría caído 0,4% en el tercer trimestre del año respecto del segundo (en términos desestacionalizados), lo que anualizado marca una contracción de 1,6%.
Tomar medidas es cada vez más urgente. “Los datos del Indec sobre indigencia marcan un piso para los próximos meses, porque la suba de precios registrada en alimentos está muy por encima del ingreso de los trabajadores informales y no registrados. A su vez, los aumentos en servicios que se vienen en los próximos meses ponen otro piso a la baja de la pobreza que se evidenció en el primer semestre”, recalcó Di Pace.
Herramientas acotadas para frenar la inflación
Los países con economías estables, cuando tienen inflación moderada, aplican medidas recesivas para frenar la inflación, y eso funciona. Por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) elevó la tasa del bono del Tesoro a casi 4% y, en dos o tres años como mucho, los precios volverán a estabilizarse.
“Pero con una inflación del 100% para este año, para que baje a 60% como lo establece el Presupuesto 2024, ¿cuánto hay que bajar el nivel de actividad para que la economía pueda reducir 40 puntos de inflación?”, se pregunta Mondino.
En este marco, opina, el Gobierno debería bajar rápidamente el gasto público o, al menos, dar la señal de que tiene esa intención, comenzando por gastos que no corresponde que el Estado haga, por ejemplo, sostener empresas públicas deficitarias.
Esto permite frenar la expansión de la cantidad de dinero. El primer problema es que requiere de credibilidad, un capital que el actual gobierno ha perdido.
“Se necesitan seriedad política y ajuste fiscal, no hay recetas mágicas”, previene Neder.
Pero, además de bajar la emisión monetaria, hay que atacar al mismo tiempo todos los factores que inciden sobre los precios de una economía: los tipos de cambio oficial y paralelo, los precios internacionales, las tarifas, los aranceles a la importación, los salarios y los impuestos.
Por eso, cuando se habla de “medidas de shock”, Arriazu recuerda que la experiencia que dejaron el plan Austral (en el gobierno de Raúl Alfonsín) y la convertibilidad (en la administración de Carlos Menem) requiere de consenso, y para eso es esencial la credibilidad política.
Por eso, bajar el actual nivel de inflación llevará un tiempo largo. En este sentido, Arriazu reflexiona: “Si se toman las medidas que hacen falta, la probabilidad de que mejore la confianza es enorme. Pero hay que ser claros. En el mejor de los casos, con mucha suerte y haciendo bien las cosas, podemos estabilizar la inflación en el nivel actual. Si las cosas se hacen mal, vamos a seguir subiendo escalones. Pero si se hacen muy mal, ¡qué Dios nos ampare!”.
