Recientemente, el presidente Javier Milei invitó a las provincias a firmar el “pacto de mayo”, un ambicioso acuerdo de 10 puntos orientado a ser la base para la reconstrucción Argentina. El pacto incluye como principales lineamientos: respeto de la propiedad privada, equilibrio fiscal, reducción del gasto público, rediscusión de la coparticipación de impuestos, explotación de los recursos naturales del país, apertura al comercio internacional y una serie de reformas, tanto tributaria, laboral, previsional así como política estructural, todas ellas indispensables.
La reforma laboral propuesta como aquella que “promueva el trabajo formal” fue sin dudas uno de los puntos de este decálogo que generó más resistencias, al afectar directamente los intereses de los dirigentes sindicales y no presentar las condiciones necesarias para su implementación.
Análisis del mercado laboral argentino
Para entender por qué es altamente necesaria la reforma de las instituciones laborales, basta con conocer cómo es la estructura del mercado de trabajo.
Por medio de una radiografía a ese mercado se puede ver que sólo un 31% de los trabajadores eran empleados en el sector privado en el cuarto trimestre 2023, de acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo y del Indec. El resto son empleados públicos (17%) y más de la mitad (52%) son monotributistas y trabajadores informales. Es decir, que menos de un tercio de los ocupados están amparados por la legislación laboral del sector privado y poseen derechos como trabajadores.
Esto no es un fenómeno coyuntural, al contrario, Argentina tiene una debilidad estructural en la generación de empleos de calidad. En los últimos 10 años sólo ha crecido la cantidad de trabajadores registrados como monotributistas y los empleados informales, mientras que la cantidad de trabajadores contratados por empresas privadas está estancada.
Si bien esto habla de la urgencia de llevar a cabo una reforma de las leyes e instituciones laborales, se presentan grandes resistencias al no estar dadas las condiciones para abordar una discusión seria y desinteresada hacia la modernización de las instituciones laborales.
Un ejemplo de esto es lo que sucedió con el capítulo laboral del Decreto de Necesidad de Urgencia que dispuso el Gobierno nacional apenas asumió. Los principales cambios iban desde las formas de registración del trabajador, cambios en los salarios de convenio y los aportes sindicales, hasta aspectos vinculados al final de las relaciones laborales, como la eliminación de las múltiples multas por fallas en la registración laboral. Al ser todas ellas medidas que afectan fuertemente los intereses de los sindicatos, se presentaron ante la Justicia diversos amparos o pedidos de inconstitucionalidad para detener su aplicación, fallando la justicia laboral a favor del pedido de suspensión, y siendo uno de los primeros puntos que cayeron del DNU.
Los pilares básicos en la necesaria modernización laboral
Para mejorar la estructura del mercado laboral y, con ello, el desarrollo social de la población, se debería apuntar a la generación de empleos de calidad. Para esto es necesario una reforma que trabaje sobre las tres instituciones laborales que llevaron a su estancamiento y que son las más significativas a la hora de decidir contratar un trabajador en blanco: los convenios colectivos, las cargas sociales y la indemnización por despido.
En primer lugar, se debería reducir las cargas sociales, estableciendo un mínimo no imponible sobre la masa salarial de cada empresa. De manera de que al aplicarse a partir de un determinado monto, los salarios bajos o medios estarían alcanzados por menos carga y tendrían más posibilidades de ser mejorados.
En segundo lugar, se debería brindar la posibilidad de que los empleados y empleadores negocien por fuera del convenio colectivo sectorial, dado que hoy en día se mantiene el modelo creado hace más de medio siglo por medio del cual se fijan para todos los trabajadores y empresas de una misma actividad los salarios y las condiciones laborales. Al no considerar esto la heterogeneidad entre las empresas más chicas y las más grandes, o entre las distintas provincias, a algunas empresas les es imposible cumplir con estas exigencias, explicando gran parte de la contratación informal vigente.
Finalmente, para disminuir la incertidumbre que implica la finalización de una relación laboral, se deberían eliminar los recargos y multas cobradas por el Estado, que terminan generando un pasivo contingente de difícil cuantificación para las empresas, y volver hacia un esquema con una indemnización por despido tarifada.
Está claro que para el nuevo gobierno estos cambios en materia laboral son de crucial importancia para el desarrollo social y productivo argentino, visto que se han propuesto reformas laborales con políticas que atacan las injusticias e irregularidades presentes por medio de diversas leyes y decretos, tales como el DNU 70/2023, el proyecto de “ley bases” y el “pacto de mayo”. Sin embargo, todas ellas están condenadas a fracasar y ninguno de estos cambios disruptivos serán posibles de aplicar si no se cuenta con idoneidad técnica y política para llevarlos a cabo. Esto último requiere especial énfasis para no perder, nuevamente, una oportunidad histórica.
(*) Equipo Idesa
