“¿Córdoba se suma o no a la transparencia fiscal?” cuestionó a través de un comunicado la ONG Lógica, impulsora del proyecto de ley que terminó convirtiéndose en el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor. Aprobado en el Congreso en 2024 en el marco de la ley bases, establece que las facturas y tickets que reciben los consumidores discriminen, en el precio de bienes y servicios, el componente impositivo.
Desde enero comenzó a regir sobre tributos nacionales (IVA y otros) en grandes empresas como cadenas de supermercados. Y en abril la obligación se hizo extensiva a comercios de otra escala; siempre en relación a mostrar tributos nacionales.
Lógica viene desde entonces trabajando para que los gobiernos provinciales adhieran al sistema y discriminen también sus impuestos; y lo propio hagan los municipios.
Ahora, sugiere que la gestión provincial cordobesa se resiste a aplicar el sistema.
“Córdoba estaba en proceso de sumarse porque la Secretaría de Ingresos Públicos había dictado en abril la Resolución 16/2025 que es preparatoria de la aplicación del Régimen, sujeto a la condición que ciertas entidades empresarias otorguen su conformidad expresa para su implementación”, puntualizó Matías Olivero Vila, presidente de Lógica.
Sin embargo, el dirigente aclaró: “La resolución condicionaba la aplicación del Régimen a la ‘conformidad expresa’ del Observatorio de Comercio y Desarrollo Productivo y especialmente de las dos cámaras que lo integran, la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) y la Fedecom. Esa conformidad de los empresarios, luego de idas y vueltas, se terminó dando. Pero transcurrido más de un mes desde entonces, Córdoba debería estar finalmente acogida al sistema”. Lógica destacó que eso aún no sucede: “Eso es lo que decía la resolución y lo que los funcionarios prometieron en la reunión”, insistió Olivero Vila.
Según precisó, la CCC y la Fedecom, junto al resto del G7, enviaron el 13 de agosto una carta al ministro de Economía, Guillermo Acosta, manifestando el apoyo expreso a la pronta implementación del Régimen. Allí pidieron que se excluya a los pequeños comerciantes de su cumplimiento y que se otorgue un plazo razonable para adecuar los sistemas.
“Primero, se mostró voluntad por adherir, frente a 17 gobernadores que guardan hasta ahora un inaceptable silencio. Segundo, según se nos informó, el gobierno provincial implementaría este régimen por resolución. Es aceptable porque no se modifican tributos, es sólo información para crear conciencia fiscal en consumidores. Este precedente inspirará a que otras provincias tengan la opción de adherirse sea por complejos procesos legislativos o también rápidamente por decreto o resolución”, insisitieron desde la ONG.
Según una encuesta de Poliarquía referida por la entidad el 94% de los consumidores quieren ver con claridad los impuestos de sus compras en los tickets.
Sólo Mendoza y Chubut
La ley sancionada por el Congreso prevé la adhesión de las provincias para visibilizar también ingresos brutos y tasas municipales. A más de un año de su sanción, la foto relevada por Lógica es la siguiente: Chubut y Mendoza se han adherido; Córdoba, Entre Ríos y CABA tomaron distintas acciones tendientes a sumarse; Catamarca y Misiones declararon su voluntad de adherir pero no accionaron aún; y el resto de los gobernadores guarda silencio.
Desde el ámbito del G6 transcendió la misma versión de los hechos brindada por Lógica. Las entidades empresariales aseguran que de su parte ya se manifestó a la Provincia el interés en avanzar en la implimentación de la transparencia haciendo, sí, los citados pedidos: exclusión de la obligación a pequeños comercios y otorgamiento de un plazo razonable al resto de las empresas para que adaptan sus distemas para discriminar tributos en tickets.
“Es perfectamente posible avanzar en ese sentido; y es lo que queremos”, señalaron a La Voz desde una de las entidades.
En ese marco, Lógica instó públicamente al Gobierno provincial a impulsar la aplicación del sistema e instar a los comercios a dircriminar en los comprobantes el componente de Ingresos Brutos y otros tributos provinciales, del mimo modo en que hoy se muestra el peso del IVA y los nacionales.
Tiempo atrás, desde el Gobierno provincial, aclararon: “Que se transparenten impuestos nos parece un concepto muy positivo. Permitiría visibilizar, por ejemplo, que la carga de IIBB es muy inferior a la del IVA. Pero la discriminación de un tributo como ese es infinitamente más compleja que la del IVA y requiere gran esfuerzo de parte de los comercios; por eso no es algo que vayamos a imponer. Vamos a escuchar al sector privado en esto y a trabajar junto a él”.
De allí que la resolución Secretaría de Ingresos Públicos supeditó la implementación al acuerdo de los privados que deben asumir la labor y el costo de adaptar sistemas. Ahora, según Lógica y el G6, esa voluntad está y fue manifestada a las autoridades por escrito.
