Un tema que contribuye a las permanentes tensiones y polémicas es el federalismo fiscal. Es decir, cuáles son las consecuencias de las intervenciones nacionales a la hora de recaudar y de gastar recursos fiscales para luego repartirlos entre los diferentes niveles de gobierno de un país.
El tema volvió a la agenda política luego de que el nuevo gobernador electo de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, durante los festejos por el triunfo del peronismo cordobés en la capital cordobesa, se refirió a la ciudad de Buenos Aires como un lugar que “no produce nada” y que vive subsidiada por las provincias.
¿Cuáles son las provincias privilegiadas o discriminadas?
Puede existir confusión y ambigüedad al intentar identificar quiénes se benefician y quiénes se perjudican por las intervenciones a nivel nacional. Los ganadores y los perdedores pueden variar según el indicador que se tome en consideración, recursos coparticipables o las transferencias discrecionales, por ejemplo. Con esta información, se puede esbozar un ranking de los distritos considerados “privilegiados” o “discriminados” en términos de ingresos y de gastos fiscales.
En esta línea, un reciente informe de Idesa intenta sintetizar en un solo indicador cuánto contribuye cada jurisdicción al financiamiento nacional y cuánto recibe del gobierno nacional, usando la metodología de Residuo Fiscal Neto y Saldos Fiscales Provinciales, que permite un dimensionamiento aproximado –en un solo indicador– de cuánto contribuye cada jurisdicción al financiamiento nacional y cuánto recibe del gobierno nacional.
Analizando el balance entre impuestos aportados y recursos recibidos, se observa lo siguiente:
● Hay cinco provincias que pueden ser consideradas discriminadas, ya que aportan más impuestos que lo que reciben del Estado nacional (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Neuquén y Chubut).
● Hay cuatro provincias que aportan impuestos en similar monto a lo que reciben del Estado nacional (Santa Cruz, La Pampa, Mendoza y Entre Ríos).
● Las restantes 14 provincias son beneficiadas, ya que reciben más recursos del Estado nacional que los impuestos que aportan (la mayor es Caba, a la cual se suman las provincias del norte).
En consecuencia, el Estado nacional no desempeña un papel neutral en la distribución de recursos. En la región pampeana, que incluye a la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y parte de la Patagonia, se registra un saldo positivo.
En cambio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y en las provincias del norte, el Estado nacional recauda sólo una fracción de lo que gasta directamente en estos territorios o envía a través de la coparticipación o de transferencias discrecionales.
Aquí se pueden encontrar dos paradojas. Una es que el distrito más beneficiado por el Estado nacional es a su vez el más rico del país: Caba. Esto sucede no porque reciba más impuestos de la coparticipación, sino porque la Nación financia funciones que en el resto del país asumen los gobiernos provinciales y municipales.
La segunda es que la Nación redistribuye ingresos hacia las zonas más pobres y, en lugar de contribuir hacia su desarrollo, profundiza su atraso. La coparticipación no dinamiza el desarrollo genuino, sino que incentiva el uso de recursos para engordar el empleo público espurio y ejecutar acciones clientelares.
¿Cómo salir de este esquema?
Para romper con este sistema injusto, es crucial ordenar tanto los ingresos como los egresos del Estado. En cuanto a los ingresos, se requiere un acuerdo para distribuir las potestades tributarias de manera equitativa, asegurando que cada jurisdicción se financie principalmente con los impuestos recaudados en su territorio.
Esto implica derogar la ley de coparticipación actual y adoptar el principio de correspondencia fiscal, donde cada entidad que administra un gasto también se responsabiliza de los impuestos necesarios para financiarlo.
La solidaridad hacia las provincias más pobres podría canalizarse a través de un Fondo de Convergencia, que establezca un compromiso para utilizar los recursos solidarios en un plan de desarrollo específico, en lugar de la coparticipación, que transfiere recursos sin destino específico.
Por otro lado, en cuanto a los egresos, se debe acordar que el papel de la Nación se limite a ejecutar funciones interprovinciales y no a inmiscuirse en responsabilidades que corresponden a las provincias. De esta manera, se evita el desequilibrio y la interferencia innecesaria en la autonomía de cada región.
El principal desafío para el próximo gobierno no radica en resolver debates mediatizados, como el establecimiento de un nuevo régimen monetario o el otorgamiento de mayor independencia del Banco Central. Estas políticas son importantes, pero complementarias a una cuestión más compleja y fundamental: eliminar los crónicos déficits financieros y de gestión del Estado argentino.
Para lograrlo, resulta imprescindible dotar de racionalidad a la organización del sector público, basándose en una distribución coherente de potestades tributarias y responsabilidades. Al hacerlo, se sentarán las bases para una gestión más eficiente y justa de los recursos públicos, en beneficio de toda la sociedad.
* Economista de Idesa
