Se estima que en Argentina ya son más de 100 mil las personas que trabajan en el sistema que proponen plataformas digitales de conexión entre usuarios como Uber o las apps de delivery Rappi, Glovo, PedidosYa y Rapiboy, por citar las más destacadas. En Córdoba, superan largamente los dos mil los repartidores registrados.
Esos números crecen de manera exponencial, poniendo en el centro de la escena un debate que se replica en el mundo: ¿hay relación de dependencia entre conductores o repartidores y las apps para las que realizan tareas? ¿Se trata de un nuevo tipo de empleo por regular? ¿Qué pasa con los derechos laborales?
El tema integró la agenda del G-20, mereció un pronunciamiento consensuado de los ministros de Trabajo de los países miembro en su reunión del 7 de septiembre y terminó plasmado en el documento final que consensuaron los jefes de Estado el fin de semana.
Allí, dentro de las consideraciones con relación al futuro del trabajo, el G-20 se comprometió a promover la “formalización” y a fortalecer los “sistemas de protección social” sobre los trabajadores. Estos últimos deben ser “portables y sujetos a legislaciones nacionales y circunstancias”.
El párrafo textual señala:
“Seguimos comprometidos con la construcción de un futuro del trabajo inclusivo, justo y sostenible mediante la promoción del trabajo decente, la formación profesional y el desarrollo de habilidades, lo que incluye volver a capacitar a los trabajadores y mejorar las condiciones laborales en todas las formas de empleo (...)", dice.
Y continúa: "... reconociendo la importancia del diálogo social en esta área, incluyendo el trabajo entregado a través de plataformas digitales, con un enfoque en promover la formalización laboral y hacer que los sistemas de protección social sean sólidos y portátiles, sujeto a las leyes y circunstancias nacionales".
Críticas a la idea de regular
La “cobertura social” en la economía de plataformas es una preocupación compartida y expresada por los integrantes del G-20 y en especial por sus ministros de Empleo.
Y si bien tanto la declaración final de la cumbre como la suscripta por los ministros tienen una redacción genérica, tienden a sugerir que los proveedores de las plataformas asuman la responsabilidad de contribuir a la protección social.
Esta idea es cuestionada desde algunos sectores. Por caso, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa). En un informe, la entidad insistió en que en Argentina ya se contemplan mecanismos de cobertura que dan respuesta a las preocupaciones declaradas por el G-20.
Idesa remarca que, según la normativa vigente, un trabajador de plataforma digital tiene “como mínimo los siguientes derechos”:
- Si tiene hijos, accede a la Asignación Universal por Hijo (1.684 pesos mensuales por cada hijo) en iguales condiciones que un asalariado registrado de bajos ingresos.
- Si se enferma, accede gratuitamente a los hospitales públicos que es donde generalmente también se atienden los asalariados registrados de bajos ingresos.
- Si llega a los 65 años, accede a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (6.909 pesos mensuales) que es equivalente al 80 por ciento de la jubilación mínima contributiva.
A la vez, el think tank toma postura sobre el debate laboral, y asegura que "no hay relación laboral asalariada" en las plataformas.
“Es una visión forzada ya que el trabajador de plataforma entra y sale de la oferta laboral cuando lo desea, sin exigencias de horarios, jornadas ni metas de producción y acepta o deniega la tarea en función de su conveniencia. Estos rasgos lo asocian más a un trabajador independiente, es decir, al 25 por ciento del total de ocupados que trabajan como cuentapropistas en Argentina”, señala en su informe.
E insta a "perfeccionar el sistema de protección social universal y establecer regulaciones amigables tanto para el trabajo asalariado como independiente".
