El reciente DNU establece cambios en el sistema de salud privado, liberando precios y dando la posibilidad a las prepagas de competir con las obras sociales. Sin embargo, para garantizar una verdadera libertad de elección y asegurar el acceso a los hogares de bajos ingresos es necesario ordenar el sistema de salud.
Tras los anuncios del mega-DNU presentado por el Presidente, uno de los principales temas que suscitan debate es el de las modificaciones al sistema de salud privado y sindical. Esto, debido tanto a los intereses corporativos afectados como a sus implicancias en el acceso a la salud.
Lo que está claro es que el sistema de salud –como un todo– no está funcionando correctamente. Ni los hospitales públicos ni la medicina privada estaban cubriendo las necesidades de la población en materia sanitaria. La magra evolución que ha tenido la economía en los últimos años, junto con salarios sumamente deprimidos y un fuerte atraso en los aranceles de la medicina privada, llevaron a una crisis en el sistema privado, en la que no están conformes ni asociados, ni prepagas, ni prestadores.
La respuesta del gobierno ante un sistema en crisis
El DNU enfatiza dos puntos en relación con el sistema de salud: 1) la liberalización de precios; y 2) una mayor libertad de elección de los trabajadores entre prepagas y obras sociales.
No es nada nuevo que los precios de las prepagas se encontraban desactualizados: hoy se encuentran cerca de un 30% por debajo de lo que costaban en 2019. Los copagos que últimamente cobran los médicos son una medida de “emergencia” para compensar lo poco que reciben de las prepagas.
Aunque no estaba claro el momento en que iban a ocurrir los aumentos, en este contexto era probable que se diera algún sinceramiento o, de mínima, un ajuste en línea con la inflación. Finalmente, y desde enero próximo, las prepagas resolvieron ajustar un 40% sus precios para compensar el atraso.
El segundo punto tiene que ver con la liberalización de las restricciones que actualmente tiene un trabajador para pasarse de la obra social que le corresponde por actividad hacia una prepaga. El mecanismo previsto desde la década de los ‘90 para estos casos es el de la derivación de aportes. El trabajador puede tomar los aportes obligatorios que mes a mes hace al sindicato en concepto de obra social, y utilizarlos para financiar la cuota de una prepaga o una parte de ella (en cuyo caso el aporte debe ser completado con dinero de su bolsillo).
Sin embargo, la derivación no es tan directa ni transparente. Por el contrario, como no se permite que las prepagas compitan como agentes de seguro de salud a la par de las obras sociales, lo que ocurre en los hechos es que una obra social (en la mayoría de los casos de menor porte) debe oficiar de intermediario entre el trabajador y la prepaga y, a su vez, se queda todos los meses con un porcentaje de la transacción, encareciendo burocráticamente el costo de la salud privada.
Esto es lo que viene a corregir el DNU, permitiendo que las prepagas compitan con las obras sociales, pudiendo negociar directamente con los trabajadores.
Los complementos que faltan al DNU
Sin embargo, para que esta propuesta de libre elección funcione correctamente, también hay que asegurar la consistencia financiera del sistema privado. Concretamente, hay que resolver el problema de los hogares que, por sus bajos salarios, tienen un aporte insuficiente para financiar el Programa Médico Obligatorio (PMO).
En la práctica, esta situación termina dejando a muchas familias desfinanciadas y con la única alternativa de atenderse en hospitales públicos. Esto genera una enorme ineficiencia en el uso de recursos, ya que se trata de asociados que realizan aportes a obras sociales y, como tales, no deberían presionar al pilar público del sistema de salud.
El problema se podría resolver simplemente ordenando lo que ya existe. Actualmente, el 15% de los aportes a la salud de los trabajadores se destina al Fondo Solidario de Redistribución (FSR). Entre sus principales destinos, de enero a septiembre de 2023, este fondo se dirigió:
● A obras sociales por discapacidad (185 mil millones de pesos)
● A obras sociales por alto costo (23 mil millones de pesos)
● A familias de bajos ingresos (4 mil millones de pesos)
Es decir, sólo una pequeña porción se destina a hogares de bajos recursos. La gran mayoría termina en las obras sociales.
En su lugar, el FSR debería utilizarse enteramente para elevar los aportes de estas familias de bajos ingresos. Las erogaciones para asistir a personas con discapacidad deberían quedar a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que es el ente que otorga el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Y en línea con lo anterior, la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Excelencia Clínica (Conetec), que determina cuándo corresponde ejecutar tratamientos de alto costo, debería también suministrar el financiamiento de estos.
Para poder cubrir estos nuevos requerimientos sin aumentar el gasto público, el Estado nacional podría desactivar programas nacionales que el Ministerio de Salud nacional ejecuta en funciones que no le corresponden, por ser responsabilidad de las provincias.
De esta manera, se puede elevar el aporte de las familias de bajos ingresos y a la par bajar el costo del PMO, dado que se quitan prestaciones que no son médicas (servicios sociales de discapacidad) y prestaciones que deberían ser financiadas colectivamente (tratamientos de alto costo). De esta forma, y garantizando la libertad de opción entre obras sociales y prepagas, se puede efectivamente avanzar para lograr mayor consistencia financiera del servicio de la salud.
* Economista de Idesa
