Recientemente el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación suspendió 155 mil planes sociales por no cumplir con el requisito de validación de identidad. La medida se dio en el marco de una auditoría iniciada sobre el Programa Potenciar Trabajo en la que se detectaron irregularidades tales como beneficiarios que habían comprado dólares o que habían presentado la declaración de Bienes Personales.
Al margen de que muchos de los casos en que no se validó la identidad se deban a la marginalidad en la que se encuentran sus beneficiarios, la existencia de planes mal asignados no sorprende, sobre todo si se tienen en cuenta los criterios de elegibilidad que rigen en el Programa y los errores de diseño y gestión que presenta.
¿De qué se trata el programa Potenciar Trabajo?
El Potenciar Trabajo surge como un plan de empleo destinado a personas en edad laboral que estén en estado de vulnerabilidad. Estas personas deben sumarse a proyectos socio-comunitarios o productivos y a la terminación de la educación básica. Se exige una jornada que equivale a 4 horas de trabajo diarias, por la cual se les otorga medio Salario Mínimo Vital y Móvil (al día de hoy se cobran $30.687). En total el programa cuenta con más de 1,5 millones de beneficiarios, principalmente mujeres con hijos, que en su mayoría no completaron el nivel secundario.
El plan es la continuación del ex Salario Social Complementario y del ex Programa Hacemos Futuro, que en los últimos años conformaron políticas sociales que fueron mantenidas, e incluso aumentadas, independientemente del gobierno nacional de turno.
Los errores del Potenciar trabajo
A pesar de las intenciones con las que fue creado, el Potenciar Trabajo adolece de errores propios de diseño del programa, pero también de errores en su gestión. Los más relevantes son:
1. Alta de los beneficiarios poco transparente
Si bien los criterios de elegibilidad se encuentran claramente consignados en términos normativos, en los hechos la forma de dar de alta a los beneficiarios no es transparente.
Generalmente el candidato se acerca a una organización piquetera, que luego lo inscribe a un listado. El contar con volumen social les permite a los piqueteros tener más poder para negociar con el Gobierno, que muchas veces cede a la presión y da de alta a los beneficiarios (lo usual es que el ingreso no sea automático tras verificación de requisitos sino discrecional y en función del poder de la organización que patrocina al solicitante).
2. Dificultad para constatar la contraprestación
El segundo problema es la dificultad para verificar si la persona realmente está trabajando. Periódicamente la organización en la que está anotada debe firmar la declaración indicando que el beneficiario está brindando una contraprestación.
La posibilidad actual de verificar este cumplimiento es muy limitada y rara vez se realizan auditorías al respecto. Al mismo tiempo, las herramientas tecnológicas con las que podría contar el Estado no se aplican.
A esto debe sumarse que tanto para acceder como para controlar la información la contraparte del Estado son organizaciones de la “economía popular”, que frecuentemente presentan un alto nivel de informalidad en su funcionamiento y sistematización de la información.
3. Espacio para la corrupción
Toda vez que se añaden intermediarios a un proceso se crean posibilidades de corrupción, las cuales a su vez son mayores si no hay una rendición de cuentas clara hacia el Estado.
El hecho de incorporar a las organizaciones sociales como intermediarias lleva a que surjan casos como los que se denunciaron hace poco tiempo de cobro de comisiones o que se tome asistencia a las marchas piqueteras para conservar los planes.
4. Empalme fallido
Por último, el ser un “plan de empleo” exige que deba ser juzgado por sus resultados al respecto. Y en concreto, además de brindar asistencia, debería servir para encauzar a sus beneficiarios hacia el empleo formal. Una tarea cuando menos desafiante en el mercado laboral argentino.
En concreto, solo una cantidad minúscula logró insertarse en la formalidad (menos del 2% de acuerdo a pedidos de información pública). En los últimos años, los programas de empalme de 2017, 2021 y 2022 condujeron todos al fracaso. Principalmente por no contemplar que muchos de los beneficiarios no califican para el mercado formal por su bajo nivel educativo y porque son expulsados por la anquilosada legislación laboral (usualmente se tienen en cuenta beneficios fiscales temporales para las empresas que tomen empleados, los cuales nunca llegan a ser suficientes para compensar el pasivo que hoy en día implica contratar a un trabajador).
El objetivo último: reducir la pobreza
Los planes sociales en Argentina han tenido un gran crecimiento en las últimas dos décadas y, en particular, los planes de empleo (como el Potenciar Trabajo) en los últimos años. El hecho de mantener durante tanto tiempo el asistencialismo implica claramente un error de diagnóstico en las causas de la pobreza, que no hizo más que crecer. De un piso de 25% en el año 2017 hasta el 36,5% de la población en la actualidad.
La idea principal debería pasar por reconocer que de la pobreza se sale mediante el empleo y no a través de planes sociales. Los planes sociales deben ser paliativos. Ahora bien, mientras mejor diseñados y gestionados están estos planes, mayor es el paliativo que aportan. Pero como se detalló, los planes de hoy en día tienen muchos defectos.
Si a eso se añade que el Potenciar Trabajo no es el único plan que existe, sino que convive en paralelo con otros planes nacionales, y a su vez con planes provinciales y municipales, se genera una maraña que da lugar a duplicaciones de beneficios, burocracia y obviamente más corrupción.
Una posible solución a estos problemas es enfocarse en un plan de ayuda económica simple y transparente, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), en lugar de tener varios planes que no funcionan bien. El Estado Nacional debería ser el encargado de determinar los criterios de elegibilidad y los gobiernos locales deberían ser los responsables de verificar los datos de los beneficiarios. Además, deberían eliminarse los intermediarios -como los piqueteros o las organizaciones sociales- para garantizar una distribución más eficiente del dinero. Este tipo de enfoque se asemeja a programas similares en Brasil y Colombia, como el Bolsa Familia y Familias en Acción.
