El nuevo presidente, Javier Milei, en varias ocasiones se manifestó un admirador del expresidente Carlos Menem, sus reformas y planes económicos implementadas en la década del noventa. Consecuente con ese pensamiento, en la campaña electoral y ahora en funciones de gobierno promete reformar el Estado, desregular, abrir la economía y finalmente dolarizar, una reforma monetaria con muchos puntos de contacto con la convertibilidad de la moneda. Más aún, la convertibilidad sería, en realidad, un muleto de la dolarización, con similares ventajas y desventajas, sistemas monetarios a los que se suele llegar después de muchos años en que los responsables de la política económica de un país se encargan de destruir la credibilidad en la propia moneda.
Pero para estabilizar la economía del país, ya sea dolarizando o conservando la moneda nacional, primero hay que resolver los grandes desequilibrios que dejó la anterior administración, en algunos casos originados en varias administraciones hacia atrás. Por eso el nuevo presidente comenzó más parecido a la etapa de Eduardo Duhalde que a Menem, es decir, tratando de resolver el problema del atraso cambiario con una fuerte devaluación del peso, que cambia precios relativos pero impulsa inicialmente la inflación, y así ayuda a licuar gasto público y resolver otro gran desequilibrio heredado, como es el déficit fiscal. En ambos casos, se trata de soluciones cortoplacistas, que luego deben ser sustituidas por reformas de mayor calidad y de largo plazo, pero que, dada la situación inicial, pueden resultar inevitables en los primeros días de un nuevo gobierno.
En 2002, Duhalde salió de la convertibilidad de la moneda y el mercado impulsó la suba del dólar primero en un 300%, aunque luego del overshooting inicial la suba resultó más cercana al 250%. Dado que veníamos de 10 años de estabilidad y alto desempleo, el pase a precios fue relativamente bajo: ese año la inflación minorista fue “sólo” del 25%, pero como los salarios públicos y privados se mantuvieron constantes, ese año, la caída del poder adquisitivo para los trabajadores fue del 20%. Unos meses antes, en un contexto sin inflación, el expresidente Fernando De la Rúa había intentado reducir en 13% algunos salarios públicos medios y altos, pero luego de unas semanas no pudo mantenerlo. Con Duhalde, cayó 20% el poder adquisitivo de todos los trabajadores, públicos o privados, pero el costo político fue menor que para De la Rúa. Por alguna extraña razón, los trabajadores y la sociedad en general suelen soportar fuertes caídas en sus ingresos reales, por aumentos en la inflación, pero no aceptan caídas en sus ingresos nominales. Y la política en Argentina ha tenido repetidamente en cuenta esa característica.
Cómo quedó el dólar
Si bien con las medidas anunciadas por el actual ministro Luis Caputo, el tipo de cambio oficial nominal subió prácticamente la mitad que lo ocurrido en 2002 (120% versus 250%), si se mide el tipo de cambio real multilateral, que muestra el poder adquisitivo de una moneda extranjera en Argentina, tras la devaluación de la última semana dicho guarismo resulta sólo un 5% menor que en el promedio del año 2002, 1% inferior que en el año 2007, 111% mayor que en noviembre de 2015 y 58% mayor que en 2022. Al menos en el shock inicial, el tipo de cambio se parece al del año 2002.
No obstante, siguen existiendo varios tipos de cambio efectivos, por modificaciones ocurridas en derechos de exportación, impuesto país, dólar blend, etcétera. Por caso, si comparamos la situación actual versus fines de noviembre, el tipo de cambio efectivo para un importador subió un 142% si antes pagaba el tipo de cambio oficial, o 12% si pagaba el dólar CCL. Para los exportadores, depende del producto: el tipo de cambio efectivo subió 42% para la soja, 31% para trigo, 27% para carne y 39% para un producto industrial o no tradicional. Para realizar turismo o compras en el exterior, el dólar tarjeta aumentó 27% con las recientes medidas anunciadas.
Pero dado que también se anunció que, tras la fuerte devaluación inicial, luego el tipo de cambio seguirá un crawling peg de 2% mensual, si la inflación resulta, por ejemplo, y con optimismo del 20% en diciembre y del 20% en enero, ya en febrero el tipo de cambio real multilateral se ubicará sólo un 42% por encima de noviembre pasado, y para algunos tipos de cambio efectivos reales, como trigo, carne, no tradicionales y dólar tarjeta, la variación tras dos meses de alta inflación podría ubicarse en valores negativos. Esto significa que si las medidas anunciadas y por develar no logran bajar rápido la inflación a partir de febrero o marzo, la pauta de suba de 2% mensual para el dólar deberá pasar al olvido. Queda la incógnita, entonces, si el nuevo modelo se tratará de uno de “tipo de cambio alto”, como en los años de Duhalde y Néstor Kirchner, aunque dadas las restricciones iniciales no quedan demasiadas alternativas al respecto.
Qué incluye el ajuste
Para estabilizar la economía con un tipo de cambio competitivo, resulta clave eliminar el déficit fiscal. Durante la campaña política, los otros dos principales candidatos hablaban de reducir a cero el déficit primario, lo que implicaba un ajuste fiscal de 3% del PIB, pero Milei sorprendió con el objetivo de reducir a cero el déficit financiero (después de pagar intereses), lo cual supone un ajuste de poco más de 5% del PIB.
Claro que para ajustar fiscalmente 5,6 puntos del PIB en un año, no alcanza con la promesa que al ajuste lo pague sólo la política. El paquete anunciado implica que el ajuste fiscal se logra casi en partes iguales por reducción del gasto y aumento de impuestos, si en este último grupo se incluyen la reversión de las reformas sobre Ganancias e IVA aprobadas en los últimos meses de 2023, al calor de las medidas electoralistas.
Las subas de derechos de exportación e impuesto país, al tratarse de tributos muy distorsivos, deberían considerarse sólo parches de corto plazo, para ganar tiempo e implementar una verdadera reforma del Estado a largo plazo. No es lo que ha ocurrido en el pasado con los impuestos “transitorios”.
La reducción de 0,4% del PIB del gasto en jubilaciones aún no fue explicado en su implementación. Puede tratarse de un nuevo año de caída en los haberes reales de los jubilados (ya casi perdieron 50% en una década) o el no pago de bonos adicionales a los jubilados de la mínima en 2024 (durante 2023 el gasto en bonos fue equivalente a 0,5% del PIB). Aun si se anunciaran medidas estructurales para bajar el déficit previsional, estas suelen tener efecto lentamente en el tiempo.
El ahorro fiscal de 0,7% del PIB en subsidios económicos en 2024 probablemente suponga que se eliminen subsidios en las tarifas de energía y transporte para la clase media y lo que queda de subsidio en la de altos ingresos.
La reducción equivalente a 0,7% del PIB en la inversión pública implicaría recortar alrededor de un 50% de la inversión pública nacional y de las transferencias con ese destino que se hacen a provincias.
El ahorro fiscal de 0,4% del PIB en programas sociales con intermediarios, supone congelar los pagos en 2024 al nivel que terminan en 2023. Apunta principalmente al programa Potenciar Trabajo, que cuenta con 1.250.000 beneficiarios, cuando eran alrededor de 200 mil en 2015, último año de la presidencia de Cristina Fernández. Si el año que viene la inflación fuera, por ejemplo y con optimismo, del 200%, el poder adquisitivo de los beneficios de ese programa habrá caído 67%.
La disminución de 0,5 puntos del PIB que se supone para las Transferencias Corrientes a provincias el año que viene implica podar en un 78% las observadas en 2023. Dado que Buenos Aires participa con poco más de 40% de dichas transferencias discrecionales, supondrá un fuerte impacto especialmente para esa provincia. En el caso de Córdoba, lo más importante es lo que ocurra con las transferencias de Anses para las Cajas de Jubilaciones.
Finalmente, se planea un recorte de 0,5% del PIB en gasto en funcionamiento del Estado, donde se supone se incluye la poda del gasto político. Se requiere explicitar en mayor medida cuál será el ahorro en este tipo de erogaciones, si se pretende que la población acepte un ajuste fiscal de la magnitud comentada.
Si bien era previsible que no todo el ajuste iba a recaer sobre los gastos de la política, el ahorro en ese rubro todavía aparece como insuficiente y poco claro, tanto el que recae sobre funcionarios y legisladores, como sobre la estructura estatal. Reducir la cantidad de ministerios no significa, necesariamente, que baje el gasto público.
Van pocos días de la nueva administración y seguramente falta conocer buena parte del plan económico: desregulaciones, privatizaciones, reforma laboral, acuerdos comerciales, reformas procompetitividad y exportaciones, marco para energía y minería, entre otros. Por ahora, prevalece la licuadora de Duhalde, mientras se espera que se implementen las buenas políticas del período de Menem, pero también que se eviten sus grandes errores.
(*) Vicepresidente del Ieral y docente de la UNC.
