El 15 de septiembre, el Gobierno presentó el proyecto de Ley de Presupuesto 2023. El déficit primario se estima en $ 2,9 billones, lo que equivale a 2% del PBI. Estos números muestran que habría una reducción del déficit de 0,8 puntos respecto del año en curso.
Sin embargo, hay que tener presente que la proyección de inflación que se utilizó para estimar los gastos e ingresos del próximo año es muy inferior a la proyectada para 2022, lo cual hace que el presupuesto pierda credibilidad.
Un factor que contribuye a aumentar el déficit fiscal es el fuerte solapamiento de roles y funciones que hay entre los distintos niveles de gobierno.
Si bien la Constitución adopta un régimen federal de gobierno y establece un claro reparto de las funciones públicas, la realidad es que el Estado nacional ejecuta de manera directa funciones que le corresponden estrictamente a las provincias o a municipios.
Esta intromisión se observa en múltiples áreas como educación, salud, asistencia social, obras públicas y ambiente. Y genera excesos de burocracia y gastos administrativos. El esquema queda desvirtuado, ya que todos los niveles de gobierno participan solapadamente en el gasto pero se diluyen las responsabilidades al indagar sobre los resultados.
Lejos de desestimarse ante los problemas fiscales crónicos que atraviesa nuestro país, esta práctica desordenada de ejecución del gasto público tiende a replicarse en el nuevo presupuesto. Algunos ejemplos.
Educación
El Ministerio de Educación de la Nación ejerce una multiplicidad de funciones que le corresponden a las provincias, que son las responsables de la provisión de la educación primaria y secundaria en sus respectivos territorios.
El abanico de opciones del gasto nacional es variado y alcanza desde contribuciones para la formación y pago de una parte de los salarios de docentes –que son empleados públicos provinciales– hasta la realización de obras de infraestructura y compra de material educativo. Entre los principales programas presupuestarios se observan:
● Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas: el gasto pasó de $ 12.904 millones en el presupuesto de 2022 a $ 48.355 millones en 2023 (+275%).
● Acciones de Formación Docente: de $ 2.972 millones a $ 9.039 millones (+204%).
● Fondo Nacional de Incentivo Docente y Compensaciones Salariales: de $ 68.635 millones a $ 125.372 millones (+83%).
● Infraestructura y Equipamiento: de $ 25.675 millones a $ 34.334 millones (+34%).
● Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles: de $ 34.910 millones presupuestado en 2022 a $ 37.483 millones en 2023 (+7%).
Salud
En las cartas magnas de todas las provincias se hace expresa mención a que la salud pública es una función provincial, mientras que en ninguna parte de la Constitución Nacional se hace referencia a la salud pública.
Sin embargo, el Ministerio de Salud Nacional está compuesto por una enorme estructura burocrática que se entromete en este tipo de tareas. En este sentido, en el presupuesto 2023 se visualizan las siguientes partidas de gastos:
● Desarrollo de Seguros Públicos de Salud: de $ 17.506 millones en 2022 a $ 29.623 millones (+69%).
● Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica: de $ 18.010 millones a $ 26.061 millones (+45%).
● Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles: de $ 169.389 millones a $ 117.545 millones (-31%).
● Prevención y Control de Enfermedades Crónicas no Transmisibles: de $ 13.123 millones a $ 7.099 millones (-46%).
● Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud: de $ 9.809 millones a $ 2.395 millones (-76%).
Desarrollo Social
Las acciones de este ministerio son particularmente relevantes desde el ámbito central en busca de obtener réditos políticos territoriales. Un claro ejemplo son las compras de alimentos para comedores populares y los planes que implican una asistencia monetaria.
La paradoja es que el desvío de recursos en gastos administrativos, empleados públicos o comisiones bancarias, atenta contra la posibilidad de ampliar el monto de los beneficios vigentes o absorben recursos que podrían haber sido utilizados para aumentar la cantidad de beneficiarios en áreas particularmente sensibles. Algunas partidas en el presupuesto nacional en este sentido son:
● Abordaje Territorial: de $ 12.538 millones a $ 51.922 millones (+314%).
● Acciones del Programa Nacional Potenciar Trabajo: de $ 243.126 millones a $ 590.981 millones (+143%).
● Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia: de $ 1.781 millones en 2022 a $ 3.279 millones para el año 2023 (+84%).
● Políticas Alimentarias: de $ 295.820 millones a $ 442.755 millones (+50%).
● Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia: de $ 4.866 millones a $ 4.640 millones (-5%).
Un breve repaso por estos tres ministerios evidencia que hay incrementos sustanciales en el presupuesto 2023 que superan ampliamente las proyecciones de inflación. Esta situación es un claro reflejo de que la profundización del desorden y del mal funcionamiento del Estado continuará ejecutándose como hasta ahora, dejando poco margen para vislumbrar mejoras consistentes en la ejecución del gasto público.
La situación es similar si se extiende el análisis al Ministerio del Interior, Obras Públicas, Transporte y otras dependencias con funciones claramente de las provincias, como es el caso de los Ministerios de Desarrollo Territorial y Hábitat, y de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
En suma, la mala gestión pública termina generando desvíos y gastos improductivos en lugar de mejoras en los resultados de las políticas en las que se inmiscuye. Incluso en algunos casos la magnitud de los aportes nacionales es tan baja –en términos de lo que gastan los propios gobiernos locales en estas funciones– que difícilmente puedan tener una incidencia significativa.
Por esta razón es necesario que Nación deje de entrometerse en funciones provinciales y municipales, y se ocupe únicamente de coordinar, controlar y evaluar el desempeño de los gobiernos locales en esas áreas.
El presupuesto nacional es el principal instrumento de planificación gubernamental y es clave que contenga rigurosas proyecciones de precios, crecimiento, gastos e ingresos. Si, como ha ocurrido años anteriores, el presupuesto no es acorde a la realidad y continúa previendo gastos mal organizados, queda poco margen para vislumbrar mejoras reales en los números fiscales a futuro.
* Economista de Idesa
