El gobierno de Javier Milei se prepara para dar de baja a los más de ocho mil empleados públicos que cobran el plan Potenciar Trabajo. No es la primera vez que existen controversias en torno a este plan social. Durante 2023 se dieron de baja beneficiarios por no cumplir con los requisitos de validación de identidad, por compra de dólares y por viajes al exterior.
Las múltiples controversias llevan a pensar sobre los errores de diseño del plan y qué debería hacerse con los planes sociales para que verdaderamente cumplan el objetivo de brindar contención a familias en situación de vulnerabilidad.
¿Qué es el plan Potenciar Trabajo y cómo se administra?
El plan Potenciar Trabajo es una iniciativa de empleo dirigida a individuos en edad laboral que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Apunta a aquellos que participan en proyectos sociocomunitarios o productivos, así como a quienes buscan completar su educación básica.
La participación implica una jornada laboral de cuatro horas diarias, que se compensan con la mitad del salario mínimo, vital y móvil. Este programa, gestionado por el anterior Ministerio de Desarrollo Social, actualmente abarca a 1,5 millones de personas, y es el principal plan social de la Argentina.
Pero la administración del plan no está en manos del Estado, sino privatizada. El acceso a sus beneficios no es directo, ya que aquellos interesados no pueden acudir individualmente al Ministerio de Desarrollo Social. La adhesión al plan Potenciar Trabajo requiere que la persona esté vinculada a una unidad ejecutora, es decir, a grupos piqueteros y a organizaciones sociales.
Aunque el ministerio efectúa directamente el pago al beneficiario, la inscripción y certificación de las cuatro horas diarias de trabajo exigidas por el programa son responsabilidad de las unidades ejecutoras, quienes deben avalar el cumplimiento.
Aquí es donde comienzan los problemas desde su diseño. Recibir este beneficio o no está condicionado por la lealtad y vinculación de la persona con un grupo piquetero y no por real necesidad, ya que si bien los criterios de elegibilidad se encuentran claramente consignados en términos normativos, en los hechos la forma de dar de alta a los beneficiarios no es transparente.
Como la gestión está en manos de estas organizaciones, hay muchísimas dificultades para constatar si estas personas realmente tienen la necesidad de un plan o si efectivamente están trabajando. El hecho de incorporar a las organizaciones sociales como intermediarias lleva a que surjan casos de corrupción.
¿Qué hacer con los planes sociales?
Los planes sociales suelen tener el objetivo de brindar asistencia, y de encauzar a sus beneficiarios hacia el empleo formal. Una tarea cuanto menos desafiante en el mercado laboral argentino. La realidad es que, además de los hechos de corrupción, los planes sociales no han servido para bajar la pobreza ni para lograr insertar a las personas vulnerables en el empleo formal.
Se debe reconocer que para salir de la pobreza es necesario un empleo y no se logra a través de planes sociales. Los planes sociales deben ser paliativos para situaciones de emergencia. Ahora bien, mientras mejor diseñados y gestionados están estos planes, mayor es el paliativo que aportan.
Si a eso se añade que el Potenciar Trabajo no es el único plan que existe, sino que convive en paralelo con otros planes nacionales y, a su vez, con planes provinciales y municipales, se genera una maraña que da lugar a duplicaciones de beneficios, de burocracia y obviamente a más corrupción.
La solución pasa por enfocarse en un plan de ayuda económica simple y transparente, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), en lugar de tener varios planes que no funcionan bien. El Estado nacional debería ser el encargado de determinar los criterios de elegibilidad y los gobiernos locales deberían ser los responsables de verificar los datos de los beneficiarios. Además, deberían eliminarse los intermediarios –como los piqueteros o las organizaciones sociales– para garantizar una distribución más eficiente del dinero.
Los anuncios recientes en esta materia tienen esta orientación: se duplicó la Asignación Universal por Hijo y 50% la tarjeta Alimentar en el momento actual de emergencia y sinceramiento de inflación reprimida.
La idea es automatizar el acceso a la ayuda social por parte de los pobres, ya que la AUH y la tarjeta Alimentar son de acceso directo y sin organizaciones intermediarias. No debe perderse de vista que estos paliativos deben ir disminuyendo a medida que la situación de emergencia se aminore, de manera de no perpetuar –como clientes– a los beneficiarios.
* Economista de Idesa
