El tema planes sociales da pie a acalorados debates: si eliminarlos o no, qué nivel de gobierno debe gestionarlos y cómo articularlos con el empleo. Ahora se sumó al debate el diputado de Avanza Libertad José Luis Espert, quien cuestiona si se necesita un límite de asignaciones por familia y si con estos “se subsidia el aumento de la pobreza”.
¿Qué debería hacerse con ellos?
Cuántos planes hay y cómo impactan en la pobreza
Actualmente, en Argentina se otorgan 12 millones de beneficios no contributivos. Estos incluyen la Asignación Universal por Hijo (AUH), con aproximadamente 4,5 millones de personas beneficiarias; las moratorias previsionales, con 3,5 millones de jubilaciones sin aportes; un millón de Pensiones No Contributivas (PNC) para personas en edad de trabajar y a las que se declaró con invalidez laboral total, y 600 mil Progresar para jóvenes de entre 19 y 24 años.
Lo que sí permite este gobierno es “acumular planes”. Por ejemplo, el plan Potenciar Trabajo, que está en el orden de los 1,5 millones de beneficios, se otorga superpuesto con las AUH y las tarjetas alimentarias.
En Argentina, a pesar de estos 12 millones de beneficios, tenemos actualmente una tasa de pobreza de 36,33 por ciento, es decir que hay aproximadamente 17 millones de pobres. No es que estos beneficios no estén yendo a los pobres o que se esté subsidiando la pobreza. El problema es que crecen los planes asistenciales, pero la pobreza crece más y no alcanzan para tanta gente pobre.
El verdadero problema: el mercado laboral
Si bien hay muchas cuestiones para corregir en cuanto a su diseño y su implementación, el tema de fondo es asumir que los planes sociales son un paliativo.
La atención debería estar más centrada en cómo se generan las condiciones para que existan más empleos de calidad. El empleo es la única salida genuina de la pobreza.
Crear empleos de calidad requiere de un contexto propicio para la inversión que tenga estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica, un ordenamiento tributario y mejor infraestructura.
Pero lo clave es tener instituciones laborales que no desalienten las contrataciones. La legislación laboral es tan arcaica y su aplicación tan distorsionada que se ha convertido en el principal obstáculo al emplear en relación de dependencia. En particular, hay tres instituciones laborales que desalientan la contratación.
Las tres instituciones que desalientan la contratación
En primer lugar, los convenios colectivos. Los convenios fijan condiciones laborales y, en particular, niveles salariales que son irreales para los empleadores y los trabajadores de menor productividad.
Por ejemplo, el convenio de comercio fija un salario mínimo para todo el país y todas las empresas del sector, que luego puede ser imposible de cumplir en el interior o para una pyme.
En segundo lugar, las cargas sociales. Un empleado en relación de dependencia tiene que pagar 18 por ciento de su salario y el empleador otro 27 por ciento a la seguridad social. Es decir, alcanzan al 45 por ciento del sueldo.
Finalmente, las indemnizaciones por despido. La ley estipula que cuando hay despido sin causa, hay que pagar un salario a título de preaviso y un salario por cada año de antigüedad, más los proporcionales de vacaciones y de aguinaldo.
Esto significa que, por ejemplo, un empleador con un trabajador de cuatro meses de antigüedad ya devengó un pasivo contingente de 4,5 salarios.
Para poder convertir los planes asistenciales en empleos de calidad, tiene que haber un cambio radical en la legislación laboral. En resumidas cuentas, deberían darse opciones a los pequeños empleadores para que puedan salirse de convenios colectivos; bajar las cargas sociales a las pymes introduciendo un mínimo no imponible a la masa salarial, y respecto a las indemnizaciones, eliminar las duplicaciones y compensar contra el Fondo Nacional de Empleo en aquellas superiores a los cinco años de antigüedad.
*Economista en la consultora Idesa.
