Mercado Libre anunció que dejará de aplicar una comisión uniforme en todo el país. A partir de ahora, el porcentaje que cobra a los vendedores variará según la carga del Impuesto a los Ingresos Brutos (II.BB.) de cada provincia. Bajo este nuevo esquema, bajan las comisiones para los usuarios con domicilio en provincias de baja presión fiscal, como Corrientes, Río Negro, Santa Cruz, Formosa y Santiago del Estero. Y suben en Córdoba, en Santa Fe y en Jujuy, donde las alícuotas superan el promedio nacional.
No se trata sólo del “efecto cascada”
Los economistas suelen criticar el Impuesto a los Ingresos Brutos por su famoso “efecto cascada”. Al aplicarse sobre el total de los ingresos en cada etapa de producción y comercialización –sin descontar lo pagado en etapas anteriores–, el impuesto se acumula. Penaliza a las cadenas más largas y empuja a las empresas a integrarse verticalmente para evitar múltiples tributos sobre el mismo valor. Pero esto es apenas el comienzo.
Ese efecto cascada también vuelve opaco al impuesto. Ni el productor, y mucho menos el consumidor, pueden saber cuánta carga impositiva hay en el precio final de un bien o servicio. Es un impuesto invisible, escondido dentro del precio, que opera en las sombras. Y cuando el sistema tributario no se entiende, pierde legitimidad.
Más grave aún es su enredo administrativo. Cada una de las 24 jurisdicciones (23 provincias más la ciudad de Buenos Aires) fija sus propias reglas: alícuotas distintas según actividad, tamaño de empresa, producto o ubicación. También varía cómo se calcula la base imponible. Y cuando una operación cruza provincias, entra en juego el Convenio Multilateral, que obliga a repartir esa base entre jurisdicciones. Esto no sólo complica la liquidación, sino que muchas veces pone al contribuyente en el medio de disputas entre provincias que se pelean por el mismo impuesto.
Pero la complejidad no termina ahí. En muchos casos, no es el Estado el que recauda, sino las propias empresas. Obligadas a actuar como agentes de retención, percepción o recaudación, asumen el rol de cobradoras del fisco. Una tercerización forzada de la función tributaria que genera más burocracia, más costo y más tensión con clientes y proveedores. Ingresos Brutos no sólo cobra, también agota.
El impacto financiero también es fuerte. Buena parte del impuesto se adelanta mediante regímenes como el Sircreb –el más temido y rechazado–, pero no es el único. Esto lleva a que miles de contribuyentes acumulen saldos a favor que no pueden recuperar. En algunas provincias, es directamente imposible. Así, el Estado se financia anticipadamente a costa del capital de las empresas.
Y su daño a la competitividad es otra carga que hoy pesa más que nunca. Como el impuesto no es identificable dentro del precio, no se puede devolver al exportar. Afecta a quienes venden al exterior y a quienes compiten en el mercado interno con productos importados: el que produce localmente paga el impuesto en cada etapa; el importador entra limpio.
Además, al gravar la facturación y no la ganancia, castiga con más dureza a las actividades de bajo margen. En muchos casos, su peso se vuelve confiscatorio.
Y todavía hay más. Un efecto silencioso, pero injusto: los subsidios cruzados entre provincias. Cuando una empresa aplica un precio único a nivel nacional –algo frecuente por razones logísticas o comerciales–, los consumidores de las provincias con menor carga tributaria terminan financiando a los de aquellas con alícuotas más altas. Es una distorsión perversa: los ciudadanos de provincias con baja presión impositiva terminan pagando, sin saberlo, parte de los impuestos de otras jurisdicciones.
Eso es lo que intenta corregir Mercado Libre al dejar de cobrar una comisión única en todo el país. La medida generó polémica, pero apunta a que los usuarios de provincias con menor carga fiscal no subsidien a quienes viven en distritos con mayor presión tributaria.
El “super-IVA”
La decisión de Mercado Libre busca romper con los subsidios cruzados entre provincias con distinta presión fiscal. El mecanismo es claro: subir la comisión a los vendedores de las provincias con mayor carga impositiva y reducirla en aquellas donde la presión es más baja. No es perfecto, pero apunta en la dirección correcta: que cada jurisdicción se haga cargo de sus propias decisiones tributarias, sin trasladar el costo a otras.
Y no es un caso aislado. Hace unos meses, el Banco Nación advirtió a La Pampa que retiraría sus sucursales si no eliminaba un aumento en la alícuota de Ingresos Brutos. De forma menos visible, muchas empresas directamente dejaron de vender a clientes de Misiones, hartas de su voracidad fiscal.
Lo mismo ocurre con las tasas municipales, que funcionan como una versión local de II.BB. Banco Galicia, por ejemplo, ofrece costos más bajos a sus clientes con domicilio fiscal en el municipio de Tres de Febrero, como reconocimiento a su menor presión tributaria. El Banco Nación también viene presionando con presentaciones judiciales y cierres de sucursales para frenar abusos municipales.
Estas reacciones empresariales no resuelven el problema, pero lo ponen sobre la mesa. Explican con hechos una distorsión que, si no, seguiría oculta. Son defensas legítimas ante un sistema agotado. Pero sólo tendrán sentido si empujan cambios de fondo.
Ese cambio pasa por dejar atrás los parches. Hay que asumirlo sin eufemismos: Ingresos Brutos y las tasas municipales que gravan las ventas no tienen solución. Son impuestos ineficientes, opacos y dañinos. La única salida real es eliminarlos y reemplazarlos por un tributo más simple, transparente y neutral: el IVA.
Ese es el camino, un “super-IVA” que consolide la recaudación sin cargar distorsiones ni castigar a quienes producen. Un impuesto que funcione como debe hacerlo cualquier sistema fiscal moderno: sin trampas, sin laberintos, sin castigar al que invierte.
(*) Economista, coordinadora de Idesa.
