En los últimos días, Mercado Libre tomó dos decisiones que enviaron señales contundentes sobre el sistema tributario argentino. Primero, anunció que ajustará sus comisiones de venta según la carga del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) en cada provincia. Segundo, comunicó el cierre de sus oficinas en Córdoba capital, en respuesta a las altas tasas municipales.
Detrás de estas medidas hay dos mensajes claros. Por un lado, la empresa busca transparentar los costos impositivos entre jurisdicciones, trasladando al usuario el impacto real de las distintas cargas provinciales. Por otro, plantea –de forma implícita, pero potente– una crítica estructural al sistema fiscal argentino, cada vez más inviable.
Lo de Mercado Libre no es un hecho aislado. Hace unos meses, el Banco Nación amenazó con cerrar sucursales en La Pampa si no se revertía un aumento en la alícuota de IIBB. Muchas empresas ya dejaron de vender en Misiones, agotadas por la presión fiscal. En sentido inverso, Banco Galicia premia a los clientes con domicilio fiscal en municipios como Tres de Febrero, donde la carga impositiva es baja. Incluso el Banco Nación ha iniciado acciones judiciales y cerrado oficinas para frenar abusos municipales.
Estas respuestas empresariales no solucionan el problema, pero lo visibilizan. Expresan con hechos lo que muchos estudios técnicos vienen señalando hace años: el sistema tributario subnacional superponiendose con el nacional está agotado. Y estas reacciones son, en muchos casos, formas legítimas de defensa.
Por qué Ingresos Brutos y las tasas municipales son tan nocivos
Aunque cada uno opera en una jurisdicción distinta —IIBB es un impuesto provincial y la TCI es una tasa municipal— comparten un mismo problema: son un obstáculo directo a la producción de bienes y servicios y al desarrollo económico.
Se suele señalar el efecto “cascada” como el gran problema: al aplicarse sobre el total facturado en cada etapa productiva —sin descontar lo ya pagado en etapas anteriores— el impuesto se acumula. Esto penaliza a las cadenas productivas más largas y empuja a muchas empresas a integrarse verticalmente para evitar múltiples imposiciones sobre el mismo valor. Las que mas pierden en este proceso son las pymes.
Pero lo más grave no es eso. Lo más destructivo es la complejidad extrema del sistema, que fragmenta la economía en cientos de sectores con reglas distintas, criterios cambiantes y estructuras impositivas imposibles de coordinar. Cada provincia y cada municipio define su propia normativa: alícuotas, mínimos, exenciones, bases imponibles, regímenes especiales.
Para una empresa que opera en distintas regiones, esto significa enfrentar un sistema caótico, con miles de liquidaciones, padrones cruzados, dobles imposiciones y conflictos permanentes. A esto se suma en el caso de Ingresos Brutos la obligación de actuar como agente de retención, percepción y recaudación, lo que implica asumir tareas que deberían ser del Estado: recaudar, registrar, anticipar pagos, y cargar con el riesgo legal ante cualquier error formal.
El costo no es solo económico: es de tiempo, de estructura y de previsibilidad. Es un modelo que desalienta la inversión, castiga la formalidad y termina trasladando sus ineficiencias al consumidor.
La solución es un super IVA
Los intentos previos de mejora —Pacto Fiscal, reducciones graduales de alícuotas, esfuerzos de armonización— fracasaron. La competencia entre jurisdicciones ayuda, pero no resuelve el problema de fondo. No basta con recortar estos impuestos: hay que reemplazarlos.
La salida real es unificar y sustituir IIBB y sus variantes municipales por un impuesto más racional y transparente: el IVA. Así lo hacen los países con sistemas tributarios modernos. El IVA grava el valor agregado, evita el efecto cascada, es más simple de administrar, tiene menor evasión y permite una coordinación federal más efectiva.
En vez de seguir parchando un sistema disfuncional, hay que animarse a rediseñarlo.
*Economista de Idesa.