En las elecciones de medio término del 26 de octubre, el Gobierno nacional triunfó con números muy similares a los logrados en igual mes de 2017, durante la presidencia de Macri.
Pero la victoria del oficialismo actual está despejando de un modo mucho más nítido el horizonte político y económico. Esto porque el triunfo de 2017 cargaba en sus mochilas un todavía muy elevado gasto público, con un núcleo opositor mucho menos desgastado que en el presente.
El gasto público, medido en dólares constantes, en 2017 se había achicado un módico 9,3% respecto del pico de 2015, mientras que en 2025 el ajuste es del 47,5% respecto del último año de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
Si el resultado de octubre se ha logrado sin “plan platita” a la vista, es posible que en parte se deba al hecho de que Milei heredó una crisis expuesta, con una inflación del 211,0% a fin de 2023; mientras que Macri se había hecho cargo de una crisis “asintomática”, con una inflación que a fin de 2015 había sido del 25%. Si fuera así, entonces el adelanto de los comicios de provincia de Buenos Aires para el 7 de septiembre puede haber jugado un rol importante, al hacer sonar las alarmas y activar los recuerdos cercanos de la situación de fin de 2023.
A su vez, el oportuno apoyo financiero del Gobierno de Estados Unidos, reflejando que en el mundo de hoy la geopolítica manda, en lugar de afectar por las oxidadas consignas de “Braden o Perón”, puede haber contribuido a recuperar destellos de gobernabilidad en los últimos días de campaña electoral.
Las diferencias favorecen el escenario de 2025, pero no minimizan la responsabilidad que está asumiendo el Gobierno nacional.
La confianza se sigue construyendo día a día, y un mal paso puede restar más de lo que se supone. La reconfiguración del Gabinete y la estrategia de negociación con los gobernadores hacen recordar que “el diablo está en los detalles”.
La oportunidad está a la vista. En 2017, el triunfo del oficialismo valorizó el precio de las acciones alrededor de un 15,0 %, mientras el de octubre de este año está impactando en subas del 45,0 al 50 %, con todo lo que esto indica en el plano de las expectativas.
La baja de riesgo país está configurando un escenario de posible “círculo virtuoso”, ya que el rendimiento de los bonos soberanos ha quedado a centímetros de habilitar mecanismos de ingeniería financiera que, usando o no divisas provistas por el Tesoro estadounidense, permitirían despejar vencimientos de deuda de 2026, de cupones que suman unos 9 mil millones de dólares entre capital e interés.
Quizá para avanzar en esa línea, el Gobierno aguarde bajas adicionales de riesgo país y/o la aprobación por parte del Congreso del Presupuesto 2026. En ese caso, esta movida podría demorar un par de meses, un tiempo que no debería modificar las expectativas.
Economía sigue con las bandas
En el plano cambiario, el equipo económico declara fidelidad al esquema de bandas, aunque si pensara modificarlo no podría avisar. Mientras tanto, el techo de la banda (el piso ya perdió sentido) es un “revival” de la experiencia del crawl de 2024, cuando la paridad peso-dólar en el mercado oficial se deslizaba al 2,0 % mensual, habilitando operaciones de carry trade, que permitieron varias semanas consecutivas de saldos netos positivos en las intervenciones del Banco Central (BCRA) en el mercado de cambios.
La analogía no es completa, ya que actualmente el techo de la banda se desliza al 1% mensual.
¿Las señales de los últimos días significan persistencia del “ancla cambiaria”?. Es temprano para saberlo ya que, en realidad, ahora han aumentado las opciones para el Gobierno, incluyendo la posibilidad de avanzar hacia un régimen bimonetario como el de Uruguay y Perú.
En estos países es la política monetaria (sobre los pilares de la disciplina fiscal) la que ancla las expectativas de inflación, no el tipo de cambio.
La decisión de avanzar hacia un régimen monetario-cambiario de carácter permanente no tiene implicancias sólo sobre las variables financieras. También impacta también sobre la trayectoria de la economía real, por el lado de la evolución del crédito, de las tasas de interés y también de la inversión, ya que traería aparejado el levantamiento del cepo para personas jurídicas (la Inversión Extranjera Directa no reacciona, y esto en parte puede atribuirse a la persistencia del cepo).
Respecto al nivel del tipo de cambio, está claro que con la baja del riesgo país su valor “de equilibrio” se ha acercado a la paridad de mercado.
Sin embargo, la capacidad de compra en el mercado interno de una tonelada de soja vendida en Rosario muestra que no hay demasiado margen. En octubre de 2025, el poder adquisitivo de la soja se encuentra 10 % por debajo del promedio de las últimas dos décadas.
En el corto plazo, el carry trade y el aluvión de Obligaciones Negociables emitidas por compañías como YPF y Tecpetrol, entre otras, mostrarán una recuperación del ingreso de capitales, y esto permitir cierto equilibrio en las variables externas. Pero no sabemos por cuanto tiempo.
Por eso, de cara al mediano y largo plazo, un régimen bimonetario institucionalizado debería formar parte de las reformas estructurales pendientes. A propósito, la reciente convocatoria del ejecutivo nacional a los gobernadores confirma la intención de materializar el Pacto de Mayo, y se advierte que se piensa en leyes aprobadas por mayoría, no por unanimidad (para cuestiones tributarias y de coparticipación, con dos tercios debería alcanzar).
Dada la diferencia entre provincias en indicadores como empleo privado, esa distinción es relevante,
Es clave también que las nuevas normas en el orden laboral, tributario y previsional sean diseñadas como piezas encastradas (aunque no se aprueben al mismo tiempo). No debería haber prejuicios, ya que es cada vez más evidente que la falta de estas reformas (junto con políticas macro inconsistentes) es lo que explica el estancamiento de la Argentina frente al resto de la región.
A su vez, sería erróneo ver al Pacto de Mayo como un mero ámbito de negociación entre Nación y Provincias por recursos coparticipables. Con ese enfoque, habría otra oportunidad perdida.
Hay que partir del hecho de que el empleo privado formal está estancado en seis millones de trabajadores desde que se instauraron los cepos, allá por 2011, y asumir que existe una marcada asimetría en la participación del empleo privado en relación a la población de cada provincia.
Mientras en Formosa y Santiago del Estero hay menos de 50 empleos privados cada mil habitantes, en un segundo pelotón aparecen provincias como Tucumán y Buenos Aires, en las que ese ratio se ubica entre 90 y 110. En tanto, Córdoba, Santa Fe, Neuquén y Caba forman parte de un segmento en el que se computan más de 130 empleos privados cada 1000 habitantes.
Apuntar al empleo privado como locomotora es un objetivo al que se puede confluir desde distintas vertientes. Algunas provincias lo harán para encauzar tendencias ya perceptibles en sectores competitivos; en otras, para apoyar y apalancar la reconversión de las pymes; mientras que, aquellas con escasa presencia de empleo privado, podrían interesarse en la medida en que adviertan el agotamiento del modelo basado en la apropiación de recursos coparticipados y expansión del gasto público. Cada jurisdicción evaluará en qué cuadrante se encuentra.
Existen múltiples evidencias respecto a que, reformas en esa dirección, permiten escalar en el potencial de crecimiento al país que las adopta.
La comparación de las trayectorias del PIB entre Chile y la Argentina ilustra perfectamente ese punto. Hace 35 años que Chile logra sistemáticamente una ventaja en ritmo de crecimiento del PIB de entre 1,4 y 1,9 puntos porcentuales por año. No casualmente, la década en que esa diferencia fue mayor, la encontramos a partir de 2010, fecha en la que la Argentina ingresó a la nefasta era de los cepos.
