Los 15 minutos de fama de Mariana Alfonzo terminaron como empezaron: de forma extravagante. La mujer, que trascendió por jactarse de cobrar planes sociales y laborales sin realizar ninguna contraprestación, perdió esos beneficios, pero aprovechó la inercia mediática y se lanzó como cantante.
Puede que su desparpajo sea un extremo y que, en el medio, haya una multiplicidad de grises, pero expuso una fractura social profunda, que se ha consolidado con los malos incentivos que operan sobre quienes se benefician a expensas de los demás. En rigor, eso es algo que ocurre a todo nivel.
El ensayista Alejandro Katz lo plantea como la naturalización de los privilegios, un fenómeno que se vuelve un búmeran con forma de estancamiento socioeconómico. El mercado laboral lo sufre.
Ahora que el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, empuja para que por lo menos 200 mil planes laborales muten a empleos privados formales, vale la pena detenerse en algunos datos duros de la denominada economía popular.
Alfonzo vive en la provincia de Buenos Aires. Allí hay casi 1,1 millones de personas anotadas en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Renatep), mientras que el sector privado formal abarca a 1,9 millones de personas.
Sin perder de vista que la comparación es sólo con los datos oficializados, significa que por cada trabajador “registrado” de la economía popular –un ámbito en el que predominan la precarización y la informalidad–, hay apenas 1,7 asalariados privados formales. Es casi el mismo nivel que el promedio nacional.
En otras provincias, la relación es prácticamente uno a uno: ocurre en Corrientes, en San Juan y en San Luis. Y directamente es negativa en nueve distritos: Formosa, Chaco, Jujuy, Salta, Misiones, Catamarca, Tucumán, La Rioja y Santiago del Estero.
Un botón de muestra: en esta última, por cada empleo privado formal hay 3,4 personas en la economía popular. En el principal aglomerado de esa provincia, que es Santiago del Estero-La Banda, la tasa de desempleo es de sólo 3,8 por ciento. No cierra por ningún lado, más allá del peso del empleo público en esas jurisdicciones.
Una década después
El fenómeno no debería sorprender. Lo ocurrido en la última década es dolorosamente representativo, aun cuando se entienda el rol de contención y de asistencia de muchas organizaciones ante la crisis y las situaciones que atraviesan los hogares más vulnerables.
A nivel nacional, el sector privado formal cuenta con 6,1 millones de personas. Está estancado y, en términos netos, tiene el mismo nivel que en 2012. Difícil que así haya más productividad y que la economía crezca en términos reales.
En el ámbito público, hay 3,3 millones de puestos. Es 27% más que hace 10 años. En promedio simple, equivale a haber sumado 70 mil nuevos empleos públicos por año, a razón de 5.800 por mes.
El universo de monotributistas, en tanto, aumentó 64%, lo que arroja un ritmo promedio de 90 mil por año (7.500 por mes). Autónomos, en cambio, se redujeron casi tres por ciento.
¿Qué pasó en el mismo lapso con los planes laborales? Hace 10 años, Argentina Trabaja llegaba a 220 mil personas. Eran los primeros años de una nueva escala de relación entre el Estado y las cooperativas de trabajo para vehiculizar el beneficio.
Ahora, el plan Potenciar Trabajo abarca a 1,2 millones de personas. Representa 445% más. En promedio simple, serían 98 mil nuevos planes por año, a razón de 8.170 mensuales.
Al cierre de 2021, apenas 15.583 beneficiarios de ese programa habían logrado insertarse en el mercado formal privado. Una gota.
Los economistas Jorge Colina y Virginia Giordano, de Idesa, creen que no están dadas las condiciones para que el puente entre un plan laboral y un empleo privado registrado pueda ser transitado por muchas personas.
Sin rodeos, opinan que detrás del concepto de economía popular hay una “trampa de la baja productividad”, que coexiste con una legislación laboral “arcaica” que requiere “un cambio radical” para promover la creación de empleo genuino.
Hay, además, otras dimensiones con forma de interrogante. Si eventualmente surgieran los incentivos adecuados, ¿cuántas personas podrían calificar para las demandas de las empresas? Del universo de inscriptos en el Renatep, más de la mitad no completó los estudios secundarios (61%).
Y, por último, ¿los dirigentes sociales y piqueteros están dispuestos a la desintermediación, o, por el contrario, resistirán un eventual desarme de los dolorosos cepos de la economía popular?
