El Congreso ingresará al período de sesiones extraordinarias sin el proyecto de ley de Presupuesto 2025 en la grilla temática.

Más allá de haber normalizado que las pautas oficiales queden siempre desteñidas con el devenir de los meses, esta vez la simbología se supera.

Lo que podía ser digerible en el primer año de gestión de Javier Milei, que reorientó el Presupuesto 2023 (diseñado en la segunda parte de 2022) bajo la lógica de la motosierra y de la licuadora, ahora supone replicar el manual de la discrecionalidad libertaria.

Es cierto que la orientación oficial implica seguir estirando la manta de una conducta fiscal totalmente esencial pero que, sin números validados por el Poder Legislativo, queda a merced del prisma de interpretación mileísta.

Lo explicitó el propio ministro de Economía, Luis Caputo, cuando argumentó la decisión oficial de excluir el proyecto del temario de sesiones extraordinarias.

“Preferiría que pasara (por el Congreso), porque es una buena señal institucional, pero si para que pase eso hay que arriesgar el ancla fiscal, que es lo más importante en nuestro modelo, no vale la pena”, dijo.

Hablar de las profundas rayas a la institucionalidad suena barroco y hasta inocuo. En todo caso, los gobernadores deberán redoblar la gimnasia negociadora en un mapa de fragmentación recargada que el propio Gobierno alimenta sin tapujos.

Por eso Córdoba estaría apurando ahora su ingreso al régimen de compensación de deudas y acreencias con la Nación, un espacio en el que la Casa Rosada pretende incluir también las negociaciones por Fadea, algo que no convence al gobernador Martín Llaryora.

En el núcleo, están los fondos para la Caja de Jubilaciones de la Provincia, que acumulan alrededor de $ 760 mil millones comprometidos, pero nunca girados.

El cálculo de la Provincia para 2025 indica que el organismo previsional tendrá un déficit operativo de $ 36 mil millones mensuales.

La magnitud quizá quede más clara si se deduce que eso equivale a un “rojo” bruto promedio de un millón de dólares por día, si se toma la cotización actual de la divisa.

Ese es el tamaño del agujero que la Provincia cubrirá (como ya lo viene haciendo) con fuentes complementarias y recursos propios.

Es difícil establecer cuánta plata debería enviar la Nación en 2025 a partir del compromiso asumido años atrás.

Un cálculo que toma los parámetros de 2023 (se habían prorrogado hasta marzo pasado), ajustado por inflación, arroja una cuota mensual de alrededor de $ 23 mil millones, lo que aplacaría el 64% del déficit operativo de la Caja. Pero resulta que esas pautas ya no rigen.

No es menor que esto sea una parte esencial del contexto fiscal, en una puja que irá creciendo a medida que el calendario se acerque a las elecciones legislativas.

Impuestos

Mientras se desvanecían las chances de tratar el Presupuesto 2025 en el Congreso, el Gobierno nacional volvía a agitar la zanahoria de una reforma impositiva que arrancaría con la eliminación de tributos con baja participación en la recaudación.

Pero se sabe que el desarme crucial será cuando se avance sobre gravámenes distorsivos que sí tienen impacto en los ingresos corrientes, como las retenciones o el impuesto al cheque. Y más allá, Ingresos Brutos en las provincias.

Por lo pronto, el oficialismo está abriendo las ventanas para la autocelebración de un año de mandato que expone una sustancial mejora en casi todos los indicadores macroeconómicos.

En las últimas horas, la novedad ha sido la cuasi desaparición de la brecha cambiaria, con los dólares paralelos prácticamente adosados a una cotización oficial adormecida.

En ese marco, el Banco Central volvió a desgrasar la tasa de interés. Es una saga que, además de traccionar la sincronía con el proceso de desinflación, apunta a arbitrar el carry trade y reforzar los incentivos para que el crédito fluya hacia el consumo.