Pasaron las elecciones y el debate por las reformas estructurales arrancó con el empleo, aunque el dinamismo del mercado de trabajo no sólo tiene que ver con las regulaciones.
Inciden muchos otros aspectos, como la educación, la demografía, el tipo de bienes y de servicios que apalancan el núcleo duro de la matriz productiva, las nuevas tecnologías y, por supuesto, las condiciones macroeconómicas en las que todo eso ocurre.
Es importante entender esto para ecualizar las expectativas de los impactos que puede tener una reforma laboral, sobre todo en el corto plazo. Una arquitectura normativa, por brillante y adecuada que sea, no genera empleo por sí sola.
Si eso fuera posible, hubiéramos eliminado la inflación por ley y hace rato seríamos felices. Ergo, sin una economía saneada y en crecimiento, es imposible esperar que despeguen el empleo y los salarios.
Pero hay que frenar la longeva procrastinación que envuelve a una legislación laboral con medio siglo de vida y recrear los incentivos que puedan dar respuesta a las demandas concurrentes de empresas y de trabajadores y los mecanismos necesarios para contener los cambios en el futuro.
Informalidad
Sin ánimo de simplificar el debate, es innegable que uno de los nervios más sensibles es el de la informalidad, un universo ampliado en el que, además, convergen otras dos reformas de fondo: la impositiva y la previsional.
La composición de la torta laboral es un claro reflejo del punto al que se ha llegado en el deterioro. Más de la mitad de las personas trabajan al margen de la formalidad, con figuras precarias o como monotributistas.
El corte temporal en lo que va de la actual gestión nacional es sintomático. En 22 meses, la actividad económica trazó un movimiento de raíz cuadrada: cayó de manera abrupta, se recuperó y ahora está estancada.
En ese lapso, se perdieron casi 114 mil puestos registrados en el sector privado y 66 mil en la esfera pública. A la vez, aumentó en 116.500 el número de monotributistas. Una tasa de reemplazo de casi 1 a 1.
Pero el fenómeno viene de más lejos. Las raíces están hundidas en un modelo productivo que se inclinó por la sustitución de importaciones y no logró pasar a una nueva fase. El agotamiento se fue disimulando, pero ya lleva más de 10 años.
En ese lapso, retrocedió el producto interno bruto (PIB) per capita, lo que explica la caída de los ingresos y las dificultades estructurales para mejorar los salarios, más aun cuando el descenso de la inflación expone las ineficiencias de propios y extraños.
Transición
¿Puede la reforma laboral favorecer el paso de la informalidad a la formalidad? De nuevo, la respuesta no está en la forma, sino en el fondo, es decir, en el crecimiento de la economía.
Sin embargo, una adecuación normativa podría impactar en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, que integran la plataforma sobre la que se asienta el empleo privado.
Claro que eso depende de la calidad de los cambios. Por ejemplo, sobran los antecedentes de moratorias, que no han hecho más que retroalimentar un loop poco virtuoso.
Lo más reciente fue lo ocurrido el año pasado con el Régimen de Promoción del Empleo Registrado que implementó Arca. Las 1.950 empresas que adhirieron al esquema regularizaron 16.700 puestos: una gota en el mar de la informalidad.
Si bien hubo perdón por los incumplimientos del pasado, aparecen los costos que habían sido evadidos. El abogado laboralista Julián de Diego lo explica con un ejemplo práctico: una persona que en la informalidad gana un millón de pesos, a su empleador le cuesta exactamente eso.
Si esa persona es formalizada, pasaría a cobrar $ 830 mil netos o su salario bruto tendría que elevarse a $ 1,2 millones para conservar el mismo nivel de ingresos.
Ese nuevo estatus implica contribuciones patronales que elevan el costo laboral total a algo más de $ 1,6 millones.
Para De Diego, la registración debería ser gratuita y generar luego un esquema de transición que permita absorber a trabajadores informales de manera sustentable. ¿Cómo se estructuraría ese pasaje por etapas y cómo se financiaría?
Por ahora, nada se ha escuchado sobre este punto. Hay discusiones sobre la indemnización, las vacaciones, la jornada laboral y pagos que hoy son no remunerativos.
Pero todavía falta densidad deliberativa para definir los mecanismos de esa transición que deberá diferenciarse de las herramientas ya probadas en el pasado, además de dar la contención definitiva para torcer la sufrida dinámica laboral.
