El Gobierno celebró que en enero 2024 se logró el objetivo de reducir el déficit fiscal. De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la Administración Pública Nacional logró en enero un superávit financiero equivalente a 0,2% del PIB. Es decir que los ingresos superaron a los gastos, incluyendo dentro de ellos los intereses de la deuda pública. Este resultado, consistente con el planteo oficial, se logró gracias a una fuerte y generalizada reducción real del gasto público, salvo el gasto en intereses de deuda. Dentro de las reducciones del gasto, lo que más se redujo fueron las jubilaciones y pensiones (-32,5%), los programas sociales (-59,5%) y los gastos en personal (-18%).
Las jubilaciones, lo que más se redujo
La reducción en las jubilaciones y pensiones se explica por la diferencia entre la aplicación de la fórmula de movilidad y la inflación. Hasta que no se apruebe una nueva fórmula de movilidad, las jubilaciones se ajustarán por la movilidad actual, que está vigente desde el 2021. Los incrementos son trimestrales y se basan en la evolución de los salarios y la recaudación tributaria de la Anses. Como el valor de la fórmula está por debajo de la inflación real, lo que termina sucediendo es una licuación del poder de compra de las jubilaciones.
Si se analiza la tendencia de jubilación mínima, se observa que en el año 2002 la jubilación mínima se estableció en $ 83.078, ajustada a los valores de diciembre de 2023. Para el año 2023, este monto ascendió a $ 127.858, también a valores de diciembre de 2023. Sin embargo, en diciembre de 2023, el monto de la jubilación mínima experimentó una disminución a $ 105.713.
Estas cifras indican una continua y marcada reducción en el poder adquisitivo de las jubilaciones. El valor registrado en diciembre de 2023 no solo es inferior al promedio anual de ese año, sino que también se aproxima al nivel más bajo registrado en el siglo, observado en 2002. Con los ajustes de las jubilaciones programados para marzo de 2024 y anticipando una inflación del 20% en enero, el poder adquisitivo real para enero de 2024 se proyecta en $ 88.094 (también a precios de diciembre de 2023). Por lo tanto, se espera que para febrero el valor real descienda por debajo de lo registrado en 2002.
Una estrategia no sostenible
Si bien el superávit de enero es un dato positivo, resulta extremadamente frágil y no sostenible. La táctica de ajustar las finanzas públicas mediante la reducción real de las jubilaciones presenta serias debilidades. Por un lado, impacta negativamente en la distribución de ingresos y provoca conflictos políticos. Además, conlleva un incremento en las acciones legales contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), dado que la evidencia indica que la justicia previsional no admite la disminución del valor real de las pensiones. Aunque no es la primera vez que se recurre a este método para el ajuste fiscal, la intensidad actual no tiene precedentes.
Para erradicar la inflación y fomentar un entorno propicio para la inversión y la creación de empleo de calidad, es crucial equilibrar las finanzas públicas. Por ello, es adecuado enfocarse en alcanzar un déficit cero. No obstante, es vital demostrar que es posible mantener un equilibrio fiscal a largo plazo. Las experiencias previas indican que ajustar las cuentas a través de la reducción de las jubilaciones termina por ser contraproducente y genera un gran desgaste tanto a la sociedad como en el gobierno.
Licuar jubilaciones no es lo mismo que bajar el gasto público mediante un ordenamiento del Estado. Esto implicaría meterse en temas más complejos que dejar que la movilidad haga el ajuste. Por el lado de los ingresos, implicaría avanzar en la unificación y la simplificación de impuestos, y tender a que cada nivel de gobierno sea responsable de generar ingresos suficientes para cubrir sus gastos. Por el lado de los gastos, eliminar superposiciones entre niveles de gobierno, ordenar la sustentabilidad del sistema previsional y mejorar la calidad de la gestión pública.
(*) Equipo Idesa
