“El concepto de ‘casta’ pegó tanto porque es bien claro y real: la idea de que hay gente que reacciona al margen del mundo y que no tiene que soportar la intemperie a la que están sometidos los demás”, analiza el sociólogo Pablo Semán al explicar la razón del éxito de la principal consigna mileísta.
Para una sociedad castigada con problemas económicos diversos, percibir que existe un grupo homogéneo que, por razones arbitrarias, “se salva” de esas dificultades es especialmente irritante. Máxime cuando esa situación de privilegio es posible, justamente, gracias al esfuerzo del excluido, que mira con la ñata contra el vidrio.
Desde hace varias semanas resuena en Córdoba una polémica que ejemplifica a la perfección este fenómeno. La sobrepoblación de empleados que tiene la Legislatura, la Unicameral, órgano que reconoce pagar 1.839 haberes mensuales, aunque sin precisar, en la mayoría de los casos, a cambio de qué.
Para ponerle más pimienta a la cosa, la nómina abunda en parentescos y amiguismos, y está cargada de refugiados que, se creía, habían cesado en un cargo público para regresar “al llano”. Situaciones parecidas se plantean en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba y en el Tribunal de Cuentas, el órgano que debería funcionar como implacable control del gasto público.
Desde la intemperie, como dice Semán, miles de cordobeses mastican bronca al imaginar a un nutrido grupo de personas que, sin necesidad de ir a diario a trabajar o cumplir responsabilidades, ingresan cada mes a su caja de ahorro y encuentran allí salarios. Se trata de haberes que, por ejemplo, en el caso de los más de mil contratados de la Unicameral, están entre $ 600 mil y $ 800 mil, y entre los 164 del Concejo promedian los $ 646 mil, según informó el organismo. La nómina completa de sueldos básicos publicada a marzo por la Legislatura va de $ 3.735.000 a $ 562 mil, con la gran mayoría de las categorías por arriba de $ 800 mil.
Perdidos en ese mapa que cobra “no se sabe bien por qué”, quedan, claro está, las personas que trabajan con función justificada y, de seguro, en muchos casos con compromiso y vocación.
Lo injusto es que son los propios organismos empleadores los que generan la opacidad que impide identificarlos.
Afuera llueve fuerte
Para entender la magnitud del contraste entre intemperie y abrigo, hay que decir que el cordobés de a pie que observa el show lo hace desde un terreno especialmente inhóspito: un mercado laboral deshilachado, en el que sólo tres de cada 10 trabajadores tienen empleo formal en relación de dependencia en el sector privado. El resto está “en negro” (32%), con todo lo que eso supone, o hace malabares como cuentapropista (20%).
Esos datos provienen de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un registro oficial que cifra en 11% la cuota de trabajadores en actividad que trabaja para el sector público (todos los niveles de administración) en Córdoba.
Este último número suele granjear elogios a la provincia: cuando se la compara con el resto de los distritos, Córdoba aparece con la menor cantidad de empleo público por habitante. Algo así como el reverso de Formosa o de La Rioja, las dos jurisdicciones donde el Estado es, abrumadoramente, el principal empleador.
Sin embargo, Córdoba muestra un resultado en la misma línea que Formosa cuando se analiza otro aspecto: los salarios. Un ranking elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), a pedido de La Voz y con datos tomados de la EPH, revela que es una de las muy pocas jurisdicciones donde el salario medio formal entre los empleados públicos es mayor que entre los privados.
Atípico, ya que en la gran mayoría de las provincias sucede al revés: los trabajadores privados registrados, el grupo que accede a empleo de mayor calidad en el mercado laboral, es el mejor remunerado. El ingreso promedio que detecta entre ellos la EPH es superior al de sus pares en el Estado (empleados públicos de todas las jurisdicciones).
“En la mayoría de las provincias, el salario privado supera al público. La relación entre uno y otro depende de cuán productivo es el sector privado y cuán ordenado es el sector público”, destaca Milos Maggi, economista de Idesa.
Mejores salarios se pagan donde existe mayor generación de riqueza y productividad, y en Argentina en general es en el sector privado donde eso sucede. Esta lógica económica se confirma en 20 provincias, pero resulta desmentida por la realidad en La Pampa, Río Negro, Formosa y Córdoba, según reflejan los datos oficiales.
En Córdoba, el salario medio entre los empleados estatales (todas las reparticiones) está en $ 999.024, mientras que el de los empleados privados se ubica en $ 850.036.
Más números que ilustran dos universos paralelos y totalmente a contramano.
