La reforma previsional se encuentra entre las prioridades establecidas en la agenda del “pacto de mayo” impulsada por el Presidente. Este enfoque resulta completamente justificado, dado que el sistema previsional atraviesa una crisis significativa –resultado de una serie de errores que lo han convertido en el principal factor desestabilizador de las finanzas públicas– tanto a nivel nacional como provincial. La situación se torna más relevante porque el sistema previsional es la institución que mayores compromisos genera para la sociedad, por estar sustentado en derechos intergeneracionales. A esto se agregan los retos que plantea el envejecimiento de la población.
El problema con la movilidad
El debate sobre el sistema previsional se ha centrado exclusivamente en la necesidad de reformar la fórmula de movilidad. Las motivaciones detrás de esto son de gran importancia, debido a que ha ocurrido una continua y notable disminución en la capacidad económica de las jubilaciones. En febrero, las cantidades recibidas por los jubilados cayeron a los niveles más bajos registrados en el siglo, incluso más bajos que los vistos durante la crisis de 2002.
En este marco es que el Ejecutivo propuso inicialmente en la ley ómnibus la suspensión de la fórmula actual de movilidad, optando por ajustes discrecionales. Sin embargo, la oposición se opuso a esta transferencia de poder sin precedentes al Poder Ejecutivo y propuso cambiar la fórmula existente, basada en un 50% en salarios y un 50% en ingresos tributarios de la Anses, por una nueva que ajuste los haberes mensualmente según la inflación.
Aún no hay acuerdo, pero para compensar la pérdida de poder de compra el Gobierno aplicó un bono de $ 70 mil en el mes de marzo, que alcanza únicamente a los titulares que perciban un haber mínimo. El resultado es que los beneficiarios de haberes más bajos, principalmente quienes se jubilaron mediante moratorias, ven mitigada esta caída gracias al bono. No obstante, para quienes no accedieron a las moratorias y aportaron anualmente una parte de sus ingresos, la pérdida es grande: ¡asciende a casi un tercio de su haber!
La fórmula de movilidad: la punta del iceberg
El deterioro en las jubilaciones va más allá de cuestiones ligadas a la movilidad. Nos enfrentamos a un sistema intrínsecamente deficitario y repleto de desigualdades. Sólo la mitad de los gastos se cubren con aportes y contribuciones; los regímenes especiales, que benefician al 3% de los jubilados, representan el 10% del gasto total; más de la mitad de las prestaciones provienen de alguna de las tantas moratorias implementadas a lo largo del tiempo; y la cantidad de beneficiarios con doble jubilación asciende a 1,2 millones. Además, la evolución demográfica sugiere que los desafíos financieros del sistema se intensificarán en las próximas décadas.
En este estado de situación y contexto futuro, urge abordar un ordenamiento integral del sistema previsional, en el que el cambio en la movilidad es apenas uno de los ítems. Entre los temas más importantes por considerar, se encuentra eliminar los regímenes especiales, esto, tender a que todas las personas sean iguales para la previsión social; sustituir el rígido requisito de un mínimo de 30 años de aportes para acceder a la jubilación por un esquema que sea proporcional a los aportes; perfeccionar la pensión universal (Puam); revisar la pensión para los convivientes, considerando que todas las personas tienen derecho a su propia jubilación, y establecer la regla de que la edad jubilatoria se ajuste un mes aporte adicional por año, de forma tal de acompañar el envejecimiento poblacional.
(*) Equipo Idesa
