En 2022, Ingresos Brutos representó el 79% de los ingresos propios de las provincias. Aunque existe un consenso entre los economistas de que se trata de uno de los impuestos más nocivos, en la práctica las provincias son reticentes a modificarlo por su amplia capacidad recaudatoria.
La crítica habitual
El cuestionamiento más difundido pasa por su acumulación en las sucesivas etapas de producción y comercialización. Un mismo producto, a medida que se le agrega valor en etapas intermedias, va pagando Ingresos Brutos por el total de cada operación. Así, la alícuota final que se termina cobrando es mucho mayor que la existente para una etapa específica. A esto se lo conoce como “efecto cascada”.
El laberinto irresoluble
Pero el mayor problema de Ingresos Brutos es que se trata de un impuesto extremadamente complejo. En realidad, no existe 1 sino 24 impuestos sobre los ingresos brutos distintos en el país, dado que cada provincia tiene la potestad para definir las actividades gravadas o eximidas, las alícuotas a aplicar, los rangos de facturación para acceder a reducciones o aumentos de alícuota y los sistemas de presentación de declaraciones juradas y pagos a utilizar.
En idéntico sentido, cada provincia administra un conjunto de Regímenes de Pagos Anticipados (RPA). Los RPA son pagos a cuenta, del impuesto mensual, que los contribuyentes van haciendo a lo largo de las distintas operaciones de las empresas. Estos Regímenes actúan añadiendo un monto en una operación de compra (regímenes de percepción), detrayendo un monto en una operación de venta (regímenes de retenciones) o detrayendo una parte de las acreditaciones bancarias del contribuyente (regímenes de recaudación). Al igual que con el impuesto, las provincias tienen la autonomía jurídica para regular los RPA en todas sus instancias: determinación de alícuotas, actividades alcanzadas, agentes que van a actuar, plazos, vencimientos y formas de declaración y pago. No obstante algunos de los RPA han tenido avances en términos de armonización entre provincias, se estima que en la actualidad existen más de 75 RPA que operan simultáneamente.
Ante tal laberinto de normas y regulaciones, una empresa con presencia en varias provincias está obligada a tener un área especializada en la liquidación de impuestos que se encargue de identificar todos los requerimientos particulares de cada provincia en relación con el impuesto –leyes impositivas anuales y demás normas que regulan el funcionamiento del impuesto y las retenciones, percepciones y recaudaciones definidas para los RPA–.
Perjuicios financieros
La instrumentación de RPA hace que el Estado disponga de fondos de manera previa a la determinación del impuesto mensual por parte de los contribuyentes. Lo razonable del mecanismo sería que la suma de los anticipos sea menor o a lo sumo de hasta un mes de impuesto. Pero como cada provincia puede actuar de manera independiente, lo que termina ocurriendo es que se generan recurrentes saldos a favor, que incluso pueden ser muy complejos de recuperar ante un pedido de devolución.
Con base en un estudio de la UIA, se estima que sólo un 19% de los trámites de devolución de saldos a favor se recupera en un mes, un 46% demora hasta un año, y un 35% demora más de un año. Tampoco se permite a los contribuyentes compensar saldos a favor entre provincias. Es decir, una empresa puede tener saldos a favor en una provincia y a pagar en otras, pero no puede compensar su situación impositiva.
Para peor, la generación de saldos a favor es una mala práctica sostenida por la mayoría de las provincias. Solo en 10 provincias los pagos anticipados equivalen a menos de un mes del impuesto mensual a ingresar. En 6 provincias, equivalen a entre 1 y 2 meses. Y en 8 provincias, equivalen a más de 2 meses. Los casos más extremos son los de Catamarca, que recauda anticipadamente el equivalente a 6 meses de impuesto y Misiones con un año del impuesto pagado por adelantado.
¿Qué se puede hacer para ordenar esto?
La desarticulación de todo este laberinto depende exclusivamente de las provincias, ya que se trata de una potestad tributaria no delegada, según la Constitución. Lo cual hace extremadamente difícil avanzar en pos de la simplificación y armonización del impuesto.
Ante tal nivel de descalabro la mejor alternativa es eliminar Ingresos Brutos y que este sea absorbido por el IVA. Las ganancias en términos de simplificación y reducción de las cargas financieras serían grandes y favorables para el desarrollo productivo.
Otra opción más gradual, pero menos ordenadora, sería reducir al mínimo la aplicación de RPA del impuesto. Los pagos a cuenta asociados a los regímenes de recaudación, y con intervención de bancos, deberían desaparecer. Las retenciones y percepciones deberían ser mínimas, armonizadas, y nunca a favor de una provincia que no participa en la transacción. En suma, nunca los pagos adelantados por los RPA deberían superar el impuesto por pagar en el mes.
