La desaceleración en la inflación es sin dudas una buena señal económica. Se observa una disminución considerable en comparación con aquel fatídico 25% observado en diciembre del año pasado. Según los últimos datos publicados por el Indec, la variación mensual del índice general es del 11% en marzo de 2024.
Gran parte del éxito del plan del Gobierno se explica por el frente fiscal. Considerando la ejecución presupuestaria de la administración pública nacional, publicada por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), al finalizar el primer trimestre de 2024 se observa que el superávit primario asciende a $ 3,4 billones, mientras que el déficit financiero es de $ 0,7 billones al considerar los intereses de la deuda.
Más allá de cuán positivos parecen los números fiscales, saltan alarmas con respecto a la sostenibilidad del ajuste, tanto del lado de los ingresos como por el lado de los gastos.
Alarmas del lado de los ingresos y de los gastos
Del lado de los ingresos, se observa que la recaudación cayó, pero se sostuvo gracias a dos impuestos que deberían ser temporales, ya que son distorsivos. Hubo un incremento interanual real (i.a. real) del 433% en la recaudación del impuesto Pais y del 67% en los derechos de exportación. Estos aumentos compensan las reducciones interanuales reales de 40%, 3% y 6% en impuestos de ganancias, IVA e impuesto al cheque, respectivamente.
La mayor recaudación de los derechos de exportación se asocia a eventos circunstanciales, como el aumento del saldo exportable, debido a la suba del tipo de cambio oficial. Por otro lado, en cuanto al impuesto Pais, se observa un incremento de la base imponible al incorporar nuevas importaciones, así como todas las operaciones de bonos y de títulos que suscriban los importadores con el Bopreal. Con estas medidas, se gravan importaciones productivas que son esenciales para que la industria pueda aumentar su competitividad y su productividad.
Adicionalmente, producto de la recesión económica, la recaudación impositiva disminuyó un 11% en términos reales respecto a igual mes del año pasado. Esta caída pasa desapercibida por el postergamiento de compromisos que tiene el Estado nacional, como las deudas previsionales con las provincias o la deuda que tiene Cammesa con las generadoras y distribuidoras, que en algún momento deberán ser pagadas.
Del lado de los gastos, se observa que los principales recortes se dan sobre los subsidios económicos, especialmente en el sector energético (74% i.a. real), las transferencias a las provincias (94% i.a. real) y universidades (40% i.a. real), la reducción de los gastos en capital (84% i.a. real) y un fuerte ajuste sobre jubilaciones y pensiones (30% i.a. real).
La disminución en los gastos de capital, junto con las reducciones en las transferencias destinadas a las universidades, evidencian la caída en la inversión pública, lo que implica un ajuste a expensas de la capacidad productiva del país.
Otro problema que se observa es que algunos de los recortes implementados generarán repercusiones en el futuro, que se manifestarán en forma de juicios previsionales o laborales a raíz de la licuación de haberes y del salario real.
¿Qué alternativa existe?
Han sido muchos los intentos, y los gobiernos, que buscaron implementar un ajuste tradicional bajo diversas modalidades. Posponer pagos, mantenimientos de rutas o manipular la movilidad previsional siempre traen consigo un gasto en el futuro mayor al ahorro que se logra inicialmente.
Ya sea bajo la forma de juicios previsionales (con intereses, retroactivos y honorarios) o de una mayor necesidad de inversiones en infraestructura a posteriori.
El ajuste fiscal tradicional no resuelve los problemas de fondo de un Estado irracional, plagado de solapamientos y malas prácticas, que lo vuelven estructural y crónicamente deficitario.
Perder el tiempo ajustando, en lugar de resolver los problemas de organización del Estado, llevará inevitablemente al fracaso.
Para alcanzar y sostener el equilibrio fiscal, hay que abordar un ordenamiento integral que incluya, entre otros temas, la simplificación y unificación tributaria, la eliminación de la coparticipación, que cada provincia y municipio recauden bajo el principio de la correspondencia fiscal y un ordenamiento funcional eliminando la superposición de funciones entre los tres niveles de gobierno.
Si no se encaran este tipo de reformas con capacidad de gestión pública, se estará desaprovechando –una vez más– la oportunidad de tener un Estado eficiente y que promueva la producción y el bienestar de los ciudadanos.
